Compañías con fachadas en inmuebles

 A mediados del año 2000, la señora “Hermelinda Buenrostro”, demandó por la vía ejecutiva mercantil a la empresa “UNIDOS VENCEREMOS, S.A.”, en su calidad de aval del señor “Venancio Malacara” deudor principal de dos pagarés por 500,000 dólares cada uno. Así se embargaron ocho inmuebles propiedad de la empresa “Unidos Venceremos, S.A.”.
“Hermelinda Buenrostro” obtuvo un beneficio por la cantidad de $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos) del remate que se efectuó a los inmuebles embargados, dinero que fue cubierto por la empresa “Maya, S.A.” la cual se constituyó cuatro días antes de que se sometieran a remate los inmuebles y de la que la señora era accionista. Además, no acreditó la procedencia del dinero con el cual compró los inmuebles.
“Venancio Malacara” negó la existencia de la deuda y de haber firmado los títulos de crédito, formulando una denuncia penal en el fuero común, lo que dio origen a una averiguación previa en contra de “Hermelinda Buenrostro” y otros, que posteriormente se consignó por el delito de fraude.
De la intervención que se le dio a la PGR se conoció que la señora “Hermelinda
Buenrostro” reclamó de la empresa “Unidos Venceremos, S.A.” la cantidad de un millón de dólares, sin precisar el origen de la deuda. Además, sólo demandó a la persona moral y no al deudor principal.
La PGR solicitó de la Unidad de Inteligencia Financiera una investigación, misma que remitió a la Procuraduría General de la República a través de un reporte de operaciones en el que se conoció que, “Hermelinda Buenrostro” y otros, efectuaron movimientos financieros de alrededor de $30’000,000.00 (treinta millones de pesos), sin que se conociera actividad alguna que les redituara cantidades semejantes.
Razón por la cual en enero de 2005, la UIF formuló denuncia por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Indicadores:
• Apertura de cuentas bancarias con identificaciones falsas.
• Depósitos en efectivo tanto de moneda nacional como en dólares.
• Compra de dólares en cantidades millonarias.
• Apertura y uso de establecimientos financieros para el intercambio de dólares de procedencia ilícita.
• Utilización de un negocio como pantalla.