El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) desde 2005 más de 5.000 operaciones en las que detectó indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades, según informaron ayer los notarios.

El Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy “punta de lanza” del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales.

El Consejo General del Notariado explicó, en un comunicado, que el OCP es la “principal estructura” de los notarios españoles para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica y la financiación del terrorismo.

Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que investigan “minuciosamente”.

El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria. El OCP comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Sepblac, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro, dependiente del Ministerio de Economía.

También responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales, que persiguen estos delitos.

El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, destacó que “el sistema diseñado por el notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla”.

ALD/ElPais