El Gobierno de Aragón sigue con su proceso de inspección de oficio de viviendas para descubrir prácticas irregulares, especialmente en los inmuebles de protección oficial. Tras un primer año que se cerró con casi una veintena de fraudes detectados, el segundo periodo del plan ha entrado de lleno en las malas prácticas con las fianzas en el alquiler de estos inmuebles. De hecho, en el 86% de los expedientes analizados se han encontrado indicios de prácticas contra la ley.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, reconoció que con la salvedad de las fianzas, en el resto de las líneas de actuación se han recogido datos «continuistas» en el número de sanciones. «No tenemos un objetivo recaudatorio, buscamos recuperar el fin social por el que se puso en marcha la vivienda de protección oficial», señaló.

En todo caso, las cifras de VPO supervisadas durante el 2017 se multiplicaron un 266,79% respecto a las 274 visitas previstas inicialmente. La razón de este desfase frente a la planificación tiene que ver con las denuncias que se reciben en la dirección general. En el caso de las relacionadas con el fraude en la fianzas gran parte de las mismas se han detectado de oficio por parte de la subdirección. Las irregularidades se concentran en los depósitos insuficientes o fuera de plazo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para poner remedio, desde el departamento están cambiando las condiciones a la hora de atender consultas y solicitudes. Si no se presenta un justificante en el que se demuestre que se está al corriente con las obligaciones que marca la fianza no será atendido. En la próxima ley de vivienda que se está redactando también está previsto que se incluyan apartados sobre esta materia.

Los planes de inspección que desarrolla la DGA tienen tres líneas principales, atendiendo a las principales irregularidades. Por un lado se controlan los usos en las VPO. El objetivo es garantizar que se usan como primera vivienda y también que no se realizan transferencias o compraventas no autorizadas. En esta campaña se han detectado un 22% de usos incorrectos en este sentido.

Por otro lado, se revisa que los promotores no adjudiquen sus promociones en zonas en las que existen demandantes de VPO a personas con un nivel de renta más elevado. En este caso se han encontrado un 22% de incumplimientos. Además, también se ha comprobado si las entidades bancarias cumplen con la obligación de comunicar las viviendas que se encuentran afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria. Frente a los datos negativos del pasado año, en esta ocasión todas han justificado correctamente los procesos que tienen abiertos.

En el lado negativo del plan de inspección está la falta de recursos disponibles para llevarlo a cabo. Andreu lamenta que el bajo presupuesto del departamento impide contar con un equipo mayor de inspectores para llegar a todas las necesidades.

ALD/EPDA