La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado hoy mantener abiertas las pesquisas -iniciadas en julio- sobre presunto fraude fiscal en 2014 y 2015 al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, aunque abre la puerta a que se tramiten separadamente para agilizar la causa principal sobre su patrimonio.

En su auto, la sección 23 de la Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por el exministro contra la decisión del juez instructor de ampliar las pesquisas, inicialmente circunscritas a 2012 y 2013, al entender que a pesar de basarse en documentos incautados "más allá de los límites del auto de entrada y registro" no supone exceso alguno por parte de los investigadores.

Según sostienen los magistrados, una querella da origen a la instrucción penal "pero no puede agotarla", por lo que defiende que se hayan extendido las actuaciones "en virtud de los datos que vayan surgiendo (...) por la sencilla razón de que resulta imposible adivinar desde un principio a donde (sic) puede conducir la noticia inicial".

De este modo, rechazan el principal argumento alegado por el exministro, que afeaba a la Fiscalía Anticorrupción por iniciar una causa prospectiva contra él, si bien deja a voluntad del juez Antonio Serrano-Arnal la apertura de una pieza separada para la investigación de estos hechos "por la deseable conclusión en un plazo razonable de la causa principal".

Precisamente este mediodía el expresidente de Caja Madrid y Bankia recogía el requerimiento para su ingreso en prisión en el plazo de diez días hábiles desde mañana por las tarjetas opacas al fisco de la entidad, por lo que ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel.

Se prevé que la nueva situación procesal de Rato, que deberá cumplir con el decreto de ejecución antes del próximo 25 de octubre en el centro penitenciario que elija, impulse el desenlace de esta investigación, iniciada hace tres años en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, como exige la ley para las causas con preso.

En su denuncia inicial, interpuesta el 16 de abril de 2015, la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, atribuía al ex director gerente del FMI un presunto fraude en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2012 y 2013.

Ello hizo considerar a la Fiscalía que "los movimientos de dinero y la facturación de servicios personales a través de sociedades pantalla, hacían presumir la comisión de delitos fiscales, insolvencia punible y blanqueo".

Al margen de los supuestos ilícitos por los que ya ha prestado declaración, el análisis de los documentos incautados llevó al juez a acordar su imputación formal el pasado 11 de julio en un auto contra el que carga la defensa de Rato por ser "nulo de pleno derecho" y referirse a archivos ajenos a la "denuncia temprana y falsa".

Ahora el tribunal descarta que se trate de una "causa general" si bien reconoce su singularidad dada "la compleja actividad (personal y societaria) del encausado, la organización de su estructura empresarial y la naturaleza de los hechos que se le atribuyen".

Una circunstancia que "hace imposible que pueda encuadrarse en los cánones de la sencillez. Pero de ahí a tildarla de indiscriminada (...) dista un tramo más que apreciable".

ALD/COPE

 

 

11/10/2018