Es uno de los secretos mejor guardados de las entidades financieras catalanas: las cantidades de capitales que volaron de las cuentas en la región en los días inmediatamente posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre.

Y aún más lo es la identidad de los ahorradores que retiraron sus depósitos. Una cuestión sobre la que los partidos independentistas quieren arrojar luz con una comisión de investigación en el Congreso, en la que pretenden dirimir la responsabilidad del Gobierno en las fugas de capitales. Pero la banca está muy tranquila.

Mucho se ha especulado sobre cifras: 9.000 millones, 12.000 millones y hasta 30.000 millones, según diversas fuentes y, también, sobre supuestas presiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de la Casa Real a las empresas y bancos.

La administración central allanó el camino a las más de 3.000 empresas -según la Generalitat- que abandonaron la región entre octubre y marzo de 2018 con el decreto que facilitaba el traslado de sede social a otros puntos del Estado. Y en los despachos, los políticos invitaron a que se usara, según informaciones de varias fuentes.

Incluso el comité de empresa de Seat aseguró en su día que el fabricante de automóviles había recibido una llamada del entorno de Felipe VI para trasladar la planta de Martorell, una acusación que fuentes de la dirección de la empresa negaron a 'Bolsamanía'.

No fueron los únicos, y aunque nunca demostradas, las historias de telefonazos de Moncloa a empresarios catalanes se cuentan por decenas. Un año después, se han vuelto a colocar en el ojo del huracán tras las recientes acusaciones del president de la Generalitat, Quim Torra, de "comportamiento mafioso" en Zarzuela y Gobierno ante el proceso soberanista.

Las acciones que presuntamente llevaron a cabo desde los más altos estamentos pasaron también por una retirada masiva de fondos por parte de las empresas públicas de las cuentas que tenían en Banco Sabadell y CaixaBank. Una acción que habría precipitado la decisión del traslado de sede de ambos bancos a Alicante y Valencia para frenar la sangría. Sobre esta cuestión, el diario 'Ara' ha vuelto a abundar en un reciente artículo y ha desencadenado una iniciativa de ERC y Junts per Catalunya para impulsar la ya mencionada investigación parlamentaria en la Cámara Baja.

“Cuando hay incertidumbre, o por ley o por buena praxis los organismos gubernamentales no se pueden permitir poner en riesgo el dinero público”

“RELATO FALSO”

No obstante, esta iniciativa tiene pocos visos de salir adelante, ya que cuenta con escasas posibilidades de lograr los apoyos necesarios en el Congreso, y, además, según fuentes conocedoras de la situación, se basa en “un relato completamente falso”, aseguran a 'Bolsamanía' fuentes de primera línea.

“Las empresas se fueron porque el dinero es miedoso”, prosiguen, una premisa que siempre se repite en situaciones de máxima incertidumbre, como la que sucedió al referénudm independentista y a la posterior proclamación de la república, que fue automáticamente suspendida. Por este motivo, las mismas fuentes subrayan que a las empresas no les hacían falta presiones para adoptar las decisiones que tomaron.

Desde el Consejo General de Economistas, por su parte, califican la diáspora de empresas que se produjo en el último trimestre del año pasado como “una reacción normal” ya que estaba en juego “la salida del contexto europeo”, recuerda Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera de este organismo, una consecuencia que habría perjudicado sobremanera a las compañías que abandonaron la región.

En cuanto a las fugas de capitales, los datos oficiales reflejan que, hasta diciembre de 2017, se movieron fuera de Cataluña 30.000 millones de euros, el 17,6% del total a cierre del ejercicio. Una mordida que sólo se ha recuperado en un 5% de enero a junio de 2018.

Las retiradas se produjeron fundamentalmente por parte de particulares, entre quienes se desató un pánico absoluto por los riesgos de que se llegara a producir un corralito en el territorio, extremo que descartó el ministro de Economía en ese momento, Luis de Guindos.

Respecto a los organismos estatales, “cuando hay incertidumbre, o por ley o por buena praxis no se pueden permitir poner en riesgo el dinero público”, relatan fuentes interbancarias a 'Bolsamanía'.

De hecho, hay un precedente de actuaciones similares destinadas a proteger los intereses de los capitales del Estado. Ocurrió con Banco Popular, los principales clientes que salvaguardaron sus depósitos y los retiraron de la entidad fueron precisamente organismos públicos. 5.000 millones volaron en los tres primeros días de junio del año pasado, 18.000 millones desde enero hasta su resolución.

Por este motivo, tanto en Banco Sabadell como en CaixaBank se respira la más absoluta tranquilidad ante una hipotética indagación sobre los hechos de los primeros días de octubre del año pasado. Y se ajustan a la narrativa de que los ahorradores reaccionaron movidos por el miedo y no “por conjuras, presiones o conspiraciones”, insisten fuentes cercanas.

ALD/Bolsamania

 

11/10/2018