Las primeras reacciones de la opinión pública fueron de asombro: que empresarios contratistas del Estado, imputados por pago de sobornos, puedan quedar en libertad por el simple y expeditivo trámite de afirmar que fueron víctimas de extorsión y que los pagos realizados tenían el destino de financiar campañas electorales es algo que todavía genera incredulidad en mucha gente.

De manera que las preguntas que se han repetido en las redes sociales apuntan al mismo tema: ¿deja libre de culpa el hecho de decir que uno era presionado para aportar dinero a una campaña electoral? ¿Los emprsarios quedan eximidos de probar esa situación de extorsión? Y, en definitiva, ¿es tan importante la diferencia sobre si el dinero iba a una campaña electoral o si era una coima que iba a la cuenta personal de un funcionario?

Las respuestas a esas preguntas son "no" para el primer caso, "no" para el segundo y "sí" para el tercero. La Justicia prevé penas diferentes si el pago fue parte de una extorsión o si fue una situación en la que una empresa realizó un lavado de activos.

La oportunidad y consecuencias de los “imputados colaboradores” dependerá del momento en que se presenten ante la Justicia para contar “todo lo que saben” en torno a la investigación. En cuanto a los testimonios ofrecidos, deben delatar hacia arriba. Por ejemplo, en el caso de los CEOS deben apuntar contra los dueños de las empresas y estos –para poder ver reducida su condena- tienen que acusar concretamente a nombres vinculados al poder político.

Pero, además, deben aportar datos fehacientes en el sentido de que el pago encuadra como extorsión y no como un soborno. En este caso, las dudas residen en el caso de los pagos realizado pagos de dinero en años y épocas que no eran electorales.

En caso de que se compruebe que se trató de casos de cohecho (ofrecer dinero a cambio de favores), los empresarios pueden ser condenados con los delitos de prisión de uno a seis años.

Es muy difícil que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio acepten que su causa pase a un expediente por aportes electorales ilegales pero la jugada está planteada.

También si los imputados tienen éxito con su coartada podrán acusar a Baratta de presionarlos y decir que fueron víctimas de una extorsión desde el gobierno K. Y todo sin considerar que desde 1983 a la fecha hubo un solo juicio por financiamiento ilegal de la política

El problema para los empresarios es que los encuadren dentro de la figura de asociación ilícita, ya que podrían ser reprimidos con prisión o reclusión de tres a diez años. Para los jefes u organizadores (que en este caso serían los funcionarios del Gobierno nacional) el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

De este modo, se garantizan eventuales atenuantes en el caso de una potencial condena a la cárcel por pena privativa de la libertad. Claro está que deberán demostrar que los indicios, declaraciones o pruebas que aportaron a la investigación judicial sean sólidos, rotundos, y contribuyan a imputar a autores de delitos de mayor rango que el del propio colaborador.

Ya son varios los empresarios que pidieron ser encuadrados dentro de la figura del "imputado arrepentido". En algunos casos, el juez Bonadio y el fiscal Stornelli dieron el visto bueno para sellar un acuerdo. Mientras tanto, las solicitudes siguen llegando.

De acuerdo a las fuentes judiciales, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y expropietario de la empresa constructora IECSA, dijo que brindará información real y verificable sobre la mecánica de las coimas o “aportes” por fuera del circuito legal en la que aceptaría haber participado él mismo.

A diferencia de otros empresarios involucrados en la causa, nunca estuvo detenido, ni fue llamado a declaración indagatoria por Bonadio. Habría decidido presentarse tras la detención de Javier Sánchez Caballero.

En los tribunales, Calcaterra reconoció darle la orden a su CEO para que habilite los pagos de sobornos.

De acuerdo a los testimonios de los empresarios y a las otras pruebas que se vayan recolectando, se tendrá en claro cuál será la situación procesal de diversos funcionarios, entre los que se encuentran el exministerio de Planificación, Julio De Vido, su ex mano derecha, Roberto Baratta, y la propia expresidenta de la nación Cristina Kirchner, imputada como jefa de una asociación ilícita.

El juez ya homologó los acuerdos de colaboración de Calcaterra, Sánchez Caballero, y Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de la constructora española Isolux. Estos dos últimos ya recuperaron su libertad. Luego de firmar el acuerdo, se les otorgó el beneficio de la excarcelación.

Calcaterra se hizo cargo de su responsabilidad para que Sánchez Caballero realizara los pagos en nombre de Iecsa. "Yo le daba la plata a Sánchez Caballero. Él pagaba por orden mía", dijo.

En la tarde del martes, Héctor Zabaleta, el ex ejecutivo de Techint, logró acordar con Stornelli su entrada al programa de arrepentidos.

Además, otros empresarios (como Alejandro Ivanissevich, exdueño de Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea, extitular de MSU) ratificaron ante la Justicia que pagaron sobornos a Baratta. En algo coincidieron todos los hombres de negocios mencionados en la causa y que brindaron su declaración: los pagos se destinaban a los fondos de campañas electorales.

De acuerdo a las diversas fuentes judiciales, puede tratarse de una estrategia para reconocer el ilícito, acogerse a la figura, recopilar datos dentro del plazo que le da la ley (un año desde que se consideran “arrepentidos”) y tratar de obtener la menor prueba posible.

Es que si se abre una causa paralela por aportes de campaña no declarados, la pena máxima que podrían sufrir es la de tres años, por lo que no irían directamente a la cárcel y evitarían un castigo de cumplimiento efectivo y mucho más largo en la hipótesis de que se encuadre como lavado de dinero, asociación ilícita o cohecho.

Otro que podría acogerse a la figura podría ser el exvicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Francisco Valenti, quien se encuentra detenido y busca recobrar la libertad.

Tras obtener todos los testimonios de los “arrepentidos”, Stornelli analizará los dichos y buscar inconsistencias.

Dentro de un plazo no superior a un año, el fiscal deberá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo; especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado, lapso durante el cual se suspenderán los plazos de la prescripción de la acción penal.

En caso de que se compruebe que la información no fue cierta, el empresario “mentiroso” será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años y con la pérdida del beneficio concedido.

Pero si son ciertos y ayudan a desentramar una red de corrupción que involucre a funcionarios públicos, los empresarios pueden obtener la reducción de la pena hasta la mitad del mínimo y hasta un tercio del máximo de la escala del delito imputado. No se prevé la exención de pena.

El acuerdo podrá ser considerado a los fines de la excarcelación o de la exención de prisión de acuerdo a las normas procesales comunes. En tal sentido, el juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo y la información respecto de las personas involucradas por el imputado arrepentido.

En definitiva, aunque Calcaterra, Sánchez Caballero y De Goycoechea, representados por el mismo estudio jurídico, plantearon la misma defensa, no está claro que todos correrán la misma suerte.

Es decir, no hay certeza de que quedarán liberados al señalar que fueron extorsionados para entregar dinero a cambio de obra pública ni que se liberarán tan fácilmente bajo el argumento de que se trató de dinero para la campaña electoral.

 

ALD/Iporfesional

 

09/08/2018