Perú se encuentra en una encrucijada a pocos días de celebrar los 197 años de su independencia, conmocionado e indignado al enterarse de que los jueces que debían dar ejemplo y castigar la corrupción de sus políticos son igualmente corruptos y regidos por intereses propios.

Con casi toda la primera línea de su clase política, entre ellos todos sus expresidentes vivos, implicada en casos de corrupción, la mayoría por los sobornos y pagos irregulares del caso Odebrecht, la sociedad peruana confiaba en que la Justicia hiciera su trabajo, pero el escándalo de esta semana rompió en añicos esa esperanza.

Una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas llevó de la mano a todos los peruanos hasta las turbias bambalinas de su sistema de justicia.

Allí se encontraron cara a cara con la podredumbre y falta de moral y ética de los más altos miembros de la judicatura del país, contada por ellos mismos.

Desde pedir sobornos para ascender a jueces y fiscales hasta ofrecer la absolución del violador de una menor de 11 años, cualquier cosa valía para escalar y mantenerse en esta red de poder tejida con favores, irregularidades e intereses personales, donde no solo participaban los jueces, sino también empresarios y políticos.

Hasta el momento el escándalo implica a un juez supremo, a gran parte de la Corte Superior de Justicia del Callao y a al menos tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano independiente encargado de nombrar jueces y fiscales, ascenderlos o retirarlos de sus cargos.

Las revelaciones, que amenazan con continuar con más grabaciones telefónicas, se han cobrado el cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, y la suspensión de cinco magistrados que trabajaban en el Callao.

Los diálogos revelaron que los jueces tenían línea directa con los políticos, y si no era así, los empresarios ejercían de intermediarios para evitar suspicacias.

Especialmente reveladora es una conversación entre el juez supremo César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo donde el hombre de negocios acuerda una reunión en su domicilio entre el magistrado y una "Señora K", de la "fuerza número uno", términos en clave que pueden referirse a Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, cuyo logotipo es una "K".

Aunque Fujimori se apresuró en afirmar que no existió reunión alguna, no negó que sea la "Señora K", cuya demanda para archivar una investigación por presunta financiación irregular de sus campañas electorales tiene que ser vista por la sala suprema que presidía Hinostroza hasta este jueves, cuando fue retirado de ella.

En otra conversación, es Hinostroza quien llama al ya exministro Heresi, quien también ejerce de congresista, para acordar una reunión en la que el político buscaba su consejo para un proyecto de ley que trabajaba en el Congreso y que estaba relacionado con una sentencia suya.

Entre otras polémicas sentencias que sacó la sala que presidía Hinostroza, hay una que cambió la concepción del delito de lavado de activos, por la que otra jueza archivó una investigación contra el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por supuesto blanqueo de dinero para las campañas de Fujimori.

Ante esta delicada tesitura, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien prometió que la lucha anticorrupción sería su principal preocupación cuando hace apenas cien días llegó al Palacio de Gobierno, prometió una reforma exprés del sistema de justicia, para cambiarlo de arriba a abajo.

Para ello espera que en apenas doce días una comisión de expertos le brinde un informe con las medidas a tomar, las mismas que presentará al Congreso en su discurso del 28 de julio, el día nacional aniversario de Perú.

Sin embargo, el parlamento, dominado con mayoría por el fujimorismo, no parece demasiado proclive a hacer grandes cambios, pues de momento ha obviado el pedido de Vizcarra de destituir por completo a todo el CNM.

Únicamente ha conformado una comisión para investigar a los nombres aparecidos hasta ahora en las grabaciones y cargó con dureza contra IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama, a quienes acusaron de conseguir las grabaciones ilegalmente.

No sabían aún que esas grabaciones fueron recopiladas con autorización judicial, gracias a la investigación de una fiscal que hacía un seguimiento a los contactos de una banda de narcotraficantes con un grupo de abogados que la terminaron llevando hasta las más altas instancias del Poder Judicial.

ALD/EFE 

16/07/2018