El testimonio del empresario Federico Gaviria y varias reuniones de empresarios de la multinacional Odebrecht, fueron las razones por las cuales la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria contra el actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.

Los hechos por los que hoy está bajo la lupa del Ministerio Público ocurrieron en 2012, poco antes de que Granados fuese elegido como gobernador del departamento de Boyacá. Así lo describe el documento mediante el cual el Ministerio Público le abrió una investigación y al que tuvo acceso El Espectador.

Desde noviembre del año pasado, la Procuraduría viene indagando la presunta aprobación irregular de proyectos de infraestructura vial y la posible entrega de sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht al exgobernador. Una de las pruebas que habrían sido determinantes para iniciar la investigación formal de Granados, fue la declaración entregada por el empresario Federico Gaviria Velásquez ante la Fiscalía el 14 de noviembre de 2017.

En tal testimonio, Gaviria explica como el exsenador Plinio Olano le pidió al presidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno, un aporte “a la campaña del candidato cercano a su grupo político, el señor Juan Carlos Granados, quien era candidato a la Gobernación de Boyacá en 2011”, señala el documento.

“De esa primera reunión se estructuró una segunda a la que asistimos Luiz Bueno, Plinio Olano, Federico Gaviria y el señor Juan Carlos Granados, en ese momento lo conocí, entonces el señor Granados comenta el plan de infraestructura que tenía para el departamento donde particularmente se detuvo en exponer lo relacionado con la vía Duitama- San Gil. Decía el señor Granados que para Boyacá, esta era la vía que comunicaba al departamento con Bucaramanga y hacía Venezuela”, le aseguró Gaviria a la Fiscalía.

Tal encuentro fue tan importante para ambas partes, que se pactó el aporte de $200 millones que se entregarían al excongresista Plinio Olano, lo cual se hizo efectivo a los pocos días en su apartamento. “El señor Granados comisiona a su secretario de planeación, Bernardo Umbarila Suárez, para ser el interlocutor único con la compañía Odebrecht para estudiar la viabilidad de la vía antes mencionada, para esta función la compañía Odebrecht asignó al señor Eder Ferracuti, fue así como la compañía Odebrecht contrató unas firmas de ingeniería para hacer un recorrido detallado de la vía Duitama-San Gil”, señaló Gaviria.

Tales estudios se analizaron en tres o cuatro reuniones en la ciudad de Tunja, capital de Boyacá, a las que asistieron Ferracuti, Gaviria y Juan Carlos Granados. Luego se llevaron a cabo cuatro encuentros con el secretario de planeación, Bernardo Umbarila Suárez, dos de ellos en Tunja y dos en la oficina de Gaviria en Bogotá. Pero estos estudios no salieron como se esperaba, debido a que los estudios mostraron que el proyecto no era tan viable financieramente debido a que la vía no tenia un tráfico alto y el ingreso por peajes era muy bajo.

Sin embargo, quedaba otro proyecto en el que el exgobernador podía ser muy útil para los brasileños: la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, en Bogotá, que llevaba a cabo la Corporación Autónoma Regional (CAR), de la cual Juan Carlos Granados era presidente del consejo directivo. La idea surge por parte de Luiz Bueno, quien concreta un nuevo encuentro para fijar los parámetros de tal ayuda. Esta nueva reunión se lleva a cabo entre Luiz Bueno, Eleuberto Martorelli, Plinio Olano, Juan Carlos Granados, Alfred Ballesteros, director de la CAR, y Federico Gaviria, en la residencia del exgobernador en el norte de Bogotá.

“El motivo de la reunión fue hablar puntualmente de qué tenía que hacer Odebrecht para precalificarse en este proyecto. Inicialmente intentaron armar un consorcio con la compañía francesa llamada Degremond y posteriormente terminaron participando con una compañía cuyo nombre fue Beolia.

En esa reunión el señor Martorelli y Luiz Bueno aseguraron que si se precalificaban”. En tal encuentro, Granados se habría comprometido a precalificar a esa compañía en el proyecto mencionado. Luego de lograrlo, llegó el momento de realizar una oferta económica, por lo que se pactó que Odebrecht le pagaría a los servidores públicos un 3 % del valor de la totalidad del proyecto, entre los cuales estaba Juan Carlos Granados.

Es por ello que la Procuraduría ordenó realizar una visita especial administrativa a la Corporación Autónoma Regional (CAR) con el propósito de obtener copias de el expediente relativo a la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre y certificación de las personas que se desempeñaron como presidente del consejo directivo de la CAR para los años 2012, 2013 y 201. Además, el Ministerio Público revisara la certificación de la oficina de control interno disciplinario de la CAR para determinar si existen investigaciones relacionadas con estas denuncias.

Desde que el nombre de Granados salió mencionado dentro de este escándalo, ha dicho en varias ocaciones que es completamente inocente. “No recibí sino lo que la campaña reportó al Consejo Nacional Electoral pero esos dineros nunca fueron intermediados por nadie, de esa empresa multinacional no se recibió ningún aporte”, señaló el contralor, quien ha explicado que no conoce a ninguno de los directivos de Odebrecht.

Así las cosas, en manos de la Procuraduría está la investigación disciplinaria en su contra que tendrá o una obsolución o un fallo en el que lo inhabilite para ejercer cargos públicos, entre otras cosas.

ALD/ElEspectador

 

12/07/2018