l juez federal Sebastián Casanello procesó ayer al extitular de la Afip durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray y al exresponsable de la DGI Angel Toninelli por "encubrimiento agravado" de la evasión impositiva que cometió el titular de la empresa "Austral Construcciones", el detenido Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado resolvió procesar al exfuncionario kirchnerista luego de indagarlo en la causa por la "ruta del dinero K", sumado a que le impuso un embargo de 70.412.000 de pesos en su contra.

 

Frenaron una investigación

 

En su fallo, el juez Casanello procesó a Echegaray y Toninelli por supuesto "encubrimiento agravado" e "incumplimiento de deberes de funcionario público" al considerar que frenaron investigaciones sobre las llamadas "usinas de facturas truchas", la herramienta que le permitió cometer maniobras evasivas millonarias a "Austral Construcciones", del grupo Báez.

"La obligación de velar por los intereses fiscales del Estado y de controlar derivan del Decreto 618/97, cuyo artículo 4 establece que corresponde a la Afip “la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas...”, por lo que no quedan dudas de que Echegaray y Toninelli también incumplieron deliberadamente con un acto de su oficio al que estaban legalmente obligados", advirtió el magistrado.

 

Perjuicio por $70 millones

 

En función de ello, dijo el juez que "la consecuencia directa de los hechos por los cuales Echegaray y Toninelli son procesados aquí se observan de manera palmaria, y el perjuicio ocasionado asciende, como hipótesis de mínima, a 70.400.000 pesos, conforme al análisis efectuado".

Particularmente se aludió a la "obstrucción" de fiscalizaciones que intentaron realizarse entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca sobre empresas proveedoras del grupo Báez y cuya filial luego directamente fue cerrada.

Según sostuvo Casanello, esas empresas que debían ser controladas son las que eran utilizadas como usinas de facturas apócrifas de la empresa de Báez.

El juez marcó que "las distintas pruebas valoradas en su conjunto permiten inferir que ese motivo fue utilizado como pantalla para disolver la regional y tomar un control efectivo de las fiscalizaciones".

ALD/LaNacion

 

14/06/2018