El ex president de la Generalitat catalana Carles Puigdemont podría ser investigado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona por irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de aguas de Girona, Agissa, entre 1998 y 2013, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas.

La Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo de entradas y registros en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado, en busca de documentación del organismo público durante el mandato municipal de Puigdemont.

El operativo, ejecutado por la Comandancia de la Guardia Civil de Girona, con la participación de miembros de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado adscrita a Anticorrupción, persigue determinar el origen del dinero con el que se adquirió el Fondo Santos Torroella, según precisó el Ministerio Fiscal en un comunicado.

Es más, también se investiga el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados con el canon acordado en la prórroga del contrato de 2013 de la concesión de Agissa -relativa al circuito del agua-, o con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, al menos, el Ayuntamiento de Girona.

El procedimiento investiga delitos presuntamente cometidos cuando el ex presidente catalán fue alcalde de Girona, entre los años 2011 y 2016, coincidiendo con su última etapa sobre la gestión de Agissa y antes de que fuera nombrado presidente de la Generalitat.

La investigación se centra en la renovación del contrato de suministro de agua a Agissa en 2013, cuando el ex presidente catalán era alcalde y pese a las irregularidades que se habían detectado con anterioridad. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señalaron, no obstante, que, hasta el momento, en la causa no hay nuevos investigados. El caso en cuestión deriva de una denuncia presentada por la CUP, en 2015, contra directivos de Agissa.

Entre ellos, quien fuera consejero delegado de la empresa, Narcís Piferrer. El 19 de septiembre de 2017 la Guardia Civil, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez, llevó a cabo otra operación bautizada con el nombre de Aquarium durante la que se llevaron a cabo otros 15 registros.

Los agentes entraron entonces en las oficinas de tres empresas vinculadas al Ayuntamiento de Girona. Además de Agissa, la Guardia Civil accedió a las sedes de Girona SA y Prodaisa SA, empresas privadas relacionadas con Agissa.

Girona SA es la propietaria del 80% y Prodaisa es filial de la primera.En aquella ocasión se intervino documentación "de la que se infiere la posible comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de quienes fueran responsables públicos de los Ayuntamientos mencionados", según advierte la propia Fiscalía Anticorrupción en el citado comunicado.

Aunque las primeras diligencias de investigación las abrió la Fiscalía Provincial de Girona, Anticorrupción la asumió después de que la Agencia Tributaria realizara un informe por orden del juez de El Vendrell, Josep Bosch, que instruía la financiación ilegal de CDC -el llamado caso 3%-, revelando irregularidades en la gestión de Agissa. La instrucción del caso 3% está ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. 

ALD/EM

13/06/2018