Desde hace años, España viene denunciando que Gibraltar se ha convertido en un refugio de piratas financieros, contrabandistas y delincuentes económicos, algo que rechaza sin paliativos el Gobierno británico.

En los últimos días, las autoridades gibraltareñas han criticado los “ataques sin fundamento” que llegan desde Madrid y ha sido el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien ha pedido al responsable de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, que, “en lugar de criticar el régimen fiscal del Peñón”, responda al ofrecimiento que le hizo el año pasado para colaborar en la identificación “de los posibles evasores de impuestos”.

Cristóbal Montoro asegura que España está sufriendo unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros anuales como consecuencia del régimen fiscal de Gibraltar, cuya opacidad atrae a empresas de “dudosa” actividad.
 
“En vez de lanzar ataques sin fundamento contra Gibraltar, el señor Montoro debería responder a mi carta del año pasado, en la que le invitaba a buscar esa información, puesto que podría necesitarla para perseguir a esos supuestos evasores de impuestos”, contestó Picardo, que además calificó de “bravucona” la actitud mostrada por el ministro español. “Muchas sombras y pocas luces. Una vez más, el PP recurre a la táctica de usar Gibraltar como una cortina de humo ante los graves problemas que afectan a España”, lamentó Picardo.
 
Resulta evidente que la guerra del honor, de los territorios, las patrias, las banderas y los himnos parecen haber quedado en un segundo plano mientras la batalla se centra ahora en el control tributario de las inmensas fortunas que se mueven por el Peñón. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero se refugia en la Roca, lo que sí se intuye es que no debe ser poco. Gibraltar no solo se ha convertido en el principal centro mundial de las apuestas online a gran escala, dejando un rastro de actividades sospechosas, sino que sigue siendo de facto un paraíso fiscal. Supongamos que alguien tiene una suma importante de dinero negro procedente de un pelotazo urbanístico perpetrado en España o del contrabando de
 drogas en cualquier parte del mundo que desea blanquear. ¿Cómo podríamos lavarlo en Gibraltar?
 
Es muy sencillo, basta con ponerse en contacto con uno de los muchos abogados que se dedican a este negocio en el Peñón. Al poco tiempo, un profesional conocido en el mundillo financiero como “corresponsal bancario” –la mayoría de los bancos lo tienen– se pondrá en contacto con el interesado, acudirá a su casa o a su empresa, se hará cargo del dinero y librará un recibo a su nombre, no a nombre del propietario del dinero, que permanece oculto sin que participe para nada en la operación, sino a cargo de ese corresponsal bancario que finalmente ingresará la suma en el banco de turno en Gibraltar. Todo queda en casa, todo se resume en una operación interna entre entidades financieras sin ningún riesgo para el defraudador.
 
Así de rápido y así de limpio.
Blanquear capitales en Gibraltar es una maniobra fácil de realizar que forma parte de las transacciones comerciales diarias entre la Roca y el resto del mundo. En junio del año 2000, y a la vista de la escasa transparencia del régimen fiscal gibraltareño, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir al Peñón en la lista oficial de paraísos fiscales.
 
Sin embargo, partir de 2009 la Roca fue borrada de ese bochornoso ranking después de que el G-20 permitiera que algunos países, territorios y principados quedaran libres a cambio de que firmaran convenios de colaboración bancaria e intercambio de información contable con al menos 12 Estados occidentales. Gibraltar suscribió una veintena de acuerdos para limpiar su imagen (en su mayoría con otros paraísos fiscales), pero entre ellos no había ningún convenio con España. De esta manera, un juez, inspector de Hacienda o policía español que pretenda investigar un rastro fraudulento de evasión de capitales se encontrará con un sinfín de obstáculos burocráticos y con la excusa del secreto bancario, de modo que rara vez llegará a saber cuál es el destino final del dinero.
 
“Ahora mismo no existe ningún tipo de colaboración entre España y Gibraltar en la lucha contra el fraude fiscal. Las autoridades gibraltareñas ponen todo tipo de trabas a los inspectores de Hacienda. Hay una posibilidad muy remota de que las comisiones rogatorias y peticiones de información que se envían al Peñón para saber quién está detrás de una sociedad offshore sirvan para algo”, asegura a Diario16 José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La mayoría de las veces son los propios despachos de abogados gibraltareños los que figuran como accionistas de estas sociedades opacas, a modo de testaferros, de modo que los auténticos titulares siempre quedan en la sombra.
 
El caso paradigmático de esta lucha infructuosa contra el dinero negro en el Peñón está en la urbanización Sotogrande, un complejo de villas de lujo situado entre Algeciras y San Roque donde reside gente de muy alto poder adquisitivo, incluso famosos interesados en hacer negocios en el anonimato.
 
Sotogrande, calco de las lujosas urbanizaciones al estilo americano como Palm Beach, es célebre por el torneo de polo en el que participan Luis Alfonso de Borbón o Alejandro Agag y porque allí veranean empresarios, actores y grandes de España como Jaime de Marichalar. Una mansión en esa zona exclusiva puede costar la friolera de entre uno y quince millones de euros. Muchos de los respetables inquilinos de este oasis de paz y tranquilidad pasan allí la mayor parte del año, pero no pagan impuestos en España, ya que figuran empadronados en otro domicilio en Gibraltar. Van y vienen cada día, pero a efectos fiscales son ciudadanos del Peñón.
 
En Sotogrande se venden casas de superlujo, se alquilan, se transmiten por herencia y se donan, pero pocos son los que tributan en nuestro país, ya que el sistema impositivo de la Roca es mucho más ventajoso para ellos.
 
Los inspectores de Hacienda se encuentran con auténticos problemas para seguir el rastro de ese dinero. Cuando llegan a Sotogrande para preguntar por el accionista de alguna empresa sospechosa de evadir impuestos o por el titular de una suntuosa villa se dan cuenta de que aquello es como un búnker más blindado que la Moncloa. Pocas veces consiguen traspasar el muro y cuando lo hacen, los señores nunca están en casa porque supuestamente residen en Gibraltar.
 
No obstante, paradójicamente, no toda la culpa de esta historia la tienen los gibraltareños, como propone cierto sector victimista de la derecha patria. España también contribuye de alguna manera al sostenimiento de la economía y del apacible paraíso fiscal de los llanitos. Se sabe que el contrabando de tabaco en el Peñón mueve cientos de millones de euros cada año, pero ese tabaco sale de las compañías tabaqueras radicadas en Sevilla y Málaga que lo exportan y luego se comercializa clandestinamente.
 
También es conocido que el queroseno y demás combustible empleado por los barcos pesqueros gibraltareños se produce en la refinería española de Repsol del Campo de Gibraltar y que la grava utilizada para ampliar y rellenar los terrenos de las urbanizaciones que se construyen en el Peñón se elabora también en las fábricas de Málaga. “Hay mucha hipocresía en el conflicto de Gibraltar. Empresas españolas están vendiendo al Peñón todos estos productos, como el tabaco y el alcohol, con los que luego se trafica clandestinamente a través de la aduana”, explica Mollinedo.
En los últimos tiempos, el «efecto llamada» que genera el Peñón de Gibraltar ha llegado también a oídos de los grandes cárteles de la droga, siempre obsesionados con poner su dinero a buen recaudo. Se sospecha que en los bancos gibraltareños pueden esconderse auténticas fortunas de los principales capos del narcotráfico a escala mundial. Sin embargo, la nula colaboración entre Scotland Yard y la Guardia Civil está provocando que todo ese tesoro de la mafia quede a buen recaudo en los sótanos de las entidades bancarias gibraltareñas.
El nivel de desconfianza entre ambos países ha llegado a tal punto que los bobbies británicos, e incluso los servicios de inteligencia del Foreign Office, tienen órdenes de investigar las actividades de los agentes españoles destinados en el Peñón, como si fueran auténticos delincuentes.
 
Graban sus conversaciones, filman sus movimientos con videocámaras, investigan sus nombres y biografías. En Gibraltar son los perros los que se vigilan entre ellos mientras los lobos campan a sus anchas.
 
 
ALD/Diario16
 
13/04/2018