El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y los exdirectivos de la entidad, Adolf Todó y José María Loza han declarado este martes como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. La fiscalía les acusa de presunta administración desleal supuestamente cometida al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007.

Los tres antiguos directivos de la caja han afirmado que todos los negocios bajo sospecha se aprobaron con el aval de informe jurídicos y económicos y con el visto bueno del Banco de España. “Todas las operaciones pasaron los resortes de control”, han asegurado, según fuentes jurídicas. También han culpado del 'agujero' a la Sareb por el poco valor por el que compró los activos inmobiliarios de la entidad financiera.

Los exdirectivos han admitido que algunas de las operaciones fueron fallidas, pero otras fueron "muy exitosas", cifrando su número entre “600 y 700”. Incluso, han subrayado que llegaron a reportar en su conjunto entorno a 3.000 millones de euros a CatalunyaCaixa. A la salida de la Audiencia Nacional, Serra ha manifestado: "He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo". "Esto acabará bien", ha concluido. La fiscalía, que fue quien presentó la querella, no ha pedido medidas cautelares para ninguno de los tres investigados.

Actividad intensiva
La fiscalía sostiene la caja catalana realizó entre el 2000 y el 2007 "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" a través de su filial Procam. Las operaciones no solo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.

En la mayoría de los casos el "aval y fiabilidad" que desde la entidad se dio a esos proyectos se otorgó "confiando" en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y "sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios" que, en algunos supuestos, "eran poco significativos" en relación al volumen del negocio, según la acusación pública.

Según la fiscalía, prácticamente todos los proyectos inmobiliarios tenían, en el momento de su aprobación, condicionado su desarrollo a la consecución de trámites urbanísticos "ineludibles" y de "resolución incierta".

Algunos terrenos, incluso, eran no urbanizables o estaban afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, por lo tanto, necesitaban un posterior desarrollo de los "diversos instrumentos urbanísticos para poder construir viviendas". Esto conllevaba "riesgo en la inversión". Después, entre el 2008 y el 2013, se produjo un periodo de desinversión de activos.

Tres inspecciones
Tanto Serra como Todó y Loza han asegurado este lunes que el proceso para aprobar las operaciones cumplió la normativa interna y que los socios con lo que hacían operaciones eran fiables. Han concretado que durante el periodo en que se realizaron los negocios, entre el 2000 y el 2007, hubieron tres inspecciones del Banco de España (2002, 2006 y 2010) y que no se advirtió ninguna irregularidad.

Asimismo, han detallado que el consejo de administración de CatalunyaCaixa aprobaba las operaciones con informes previos elaborados por Procam y que las sociedades mixtas creadas para algunas inversiones tenían autonomía en la toma de decisiones.

Respecto al periodo posterior de desinversión, el exdirector general de la caja Adolf Todó ha explicado que a él se le contrató para cambiar la estrategia ante "la concentración excesiva de riesgo" que CatalunyaCaixa tenía en el mundo inmobiliario. La intención era “diversificar” riesgos y de ahí las desinversiones en el sector que se realizaron. Esta nueva orientación, ha sostenido, tuvo el visto bueno del Banco de España.

ALD/ElPeriodico

 

21/02/2018