En orden a las preocupaciones de la gente, cabe destacar la inflación, la inseguridad, el desempleo y la corrupción. Respecto de este último tema, es fundamental resaltar la interrelación entre el sector público y el sector privado, toda vez que por lo general se piensa en corrupción sólo como un accionar circunscripto a los agentes públicos.

En ese sentido, es difícil que pueda darse una corrupción del sector público sin que intervenga el sector privado.

Sin embargo, y más allá de la evidente relación entre lo público y lo privado, cuando colocamos nombres propios a los partícipes de dichos sectores (se trate de actos de corrupción, de sospechas o de simples rumores), se nos aparecen apellidos como los de Ricardo Mazzorin, María Julia Alsogaray, Mario Pontaquarto, Julio De Vido y ahora Juan José Aranguren (y la lista podría continuar).

Es decir, personas humanas y no las personas jurídicas participantes, las empresas, que lograron sustraerse a todo mecanismo de responsabilización, lo cual es llamativo pues los gobiernos (y sus funcionarios) pasan, pero muchas de las empresas que se vinculan con el Estado y conforman la “patria contratista” siguen siendo las mismas.

En el mundo, escándalos de corrupción que involucraban a empresas originaron una legislación específica y decisiones administrativas en pos de mayor transparencia. En Estados Unidos, los casos de Lockheed Martin, Enron Corporation y WorldCom; en Italia, Parmalat; en Alemania, Siemens e IBM; en Japón, Toshiba; en Corea del Sur, Daewoo Motors, son algunos ejemplos de ello. En Latinoamérica, el disparador es el “caso Odebrecht”.

Después de Odebrecht, y aun cuando lo ideal hubiera sido que Argentina tuviera un caso testigo propio, llegó la hora de tomar medidas. Así, ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas (que ya existe en materia de defensa de la competencia, en el régimen penal cambiario, en la ley de abastecimiento, en el lavado de dinero, entre otros) por los actos de corrupción en que incurran y exigirles, por otra parte, programas internos de integridad y transparencia (compliance) son de una vigorosa actualidad.

El Congreso de la Nación sancionó el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por el que las empresas podrán ser responsables de la comisión de delitos que conforman lo que conocemos como corrupción (cohecho y tráfico de influencia nacional o transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito, falsificación de balances), lo cual no invalida la persecución a las personas humanas que hayan cometido estos delitos.

La norma también establece penalidades que van desde la multa o suspensión hasta la disolución y liquidación de la empresa; la posibilidad de suscribir un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público Fiscal por el que las empresas cooperen con información útil para el esclarecimiento de los hechos, y la implementación de programas de integridad.

En definitiva, la norma permitirá conocer y castigar la otra cara –la del sector privado– de la corrupción, máxime con este Gobierno nacional, que está plagado de conflictos de interés por la biografía profesional de muchos de sus integrantes.

Condiciones

Respecto de los programas de integridad (compliance), privilegian la mejora de los sistemas organizativos y consisten en el conjunto de acciones y procedimientos internos de la empresa que promuevan la integridad y la transparencia, y están orientados a prevenir, a detectar y a corregir irregularidades y/o los actos ilícitos en que la organización pudiera incurrir.

Serán condición necesaria para poder participar en contrataciones de envergadura del Estado nacional (las legislaciones provinciales deberían adecuarse a fin de contemplar este mecanismo preventivo).

Si bien dejamos para otro momento un análisis más minucioso de la norma (sus fortalezas y debilidades), estas medidas, si de verdad tienen como norte prevenir y/o penalizar la corrupción, serán bienvenidas y de impacto positivo para toda la sociedad.

Ahora bien, si ellas son “sólo para la tribuna” y lo único que se busca es cumplir con exigencias para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), flaco favor le estaríamos haciendo a nuestra democracia, porque en definitiva el vigor de las normas radica en que se conviertan en práctica colectiva, que la sociedad las haga propias.

ALD/LaVoz

 

13/11/2017