Congresistas estadounidenses han demandado que se implementen sanciones contra implicados en actos de corrupción en Guatemala, donde sigue librándose una prolongada disputa por las iniciativas anticorrupción en el país.

El 16, los congresistas Edward Royce y Eliot Engel, representantes máximos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, redactaron una carta abierta dirigida al secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson pidiéndole que sancionara a "las personas que están cometiendo o facilitando actos de corrupción en Guatemala".

Específicamente, los congresistas piden a Tillerson que niegue el ingreso de estas personas a Estados Unidos. También dicen que buscarán trabajar con el Departamento de Estado para asegurarse de que se retenga cierta financiación en ayuda estadounidense a Guatemala "hasta que se observen mejoras sustanciales" en la lucha contra la corrupción.

El representante Engel, coautor de la carta del 16 de octubre, comentó a InSight Crime que: "El Departamento de Estado debe usar su autoridad para enviar un mensaje claro a quienes cometen o facilitan actos de corrupción en Guatemala impidiéndoles el ingreso a Estados Unidos".

Añadió que "es esencial mantener la ayuda a Guatemala, y ahora más que nunca, debemos asegurarnos de que esta llegue a quienes están comprometidos con acabar con la corrupción y la impunidad".

La congresista de origen guatemalteco Norma Torres expresó su respaldo a las sanciones 

"Defender los logros obtenidos en Guatemala requerirá una variedad de opciones de política, incluido el uso de sanciones dirigidas para bloquear visas y el acceso a entidades financieras estadounidenses", escribió.

La carta del congreso declara que los congresistas están "profundamente preocupados por los eventos recientes en Guatemala, que demuestran un revés para el país en sus esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad".

El presidente Jimmy Morales, a quien se ha acusado de financiación ilícita en su campaña, generó una controversia enorme el pasado mes de agosto, cuando intentó expulsar del país a Iván Velásquez, jefe del organismo respaldado por las Naciones Unidas para combatir la corrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La maniobra falló, pero desató una crisis política que no ha dejado de ahondarse.

La carta abierta también menciona que el congreso guatemalteco votó para proteger a los funcionarios acusados de financiación ilegal electoral el 13 de septiembre, "solo dos días después de que votaran para proteger al presidente Morales al no despojarlo de su inmunidad" frente a las denuncias de corrupción. (Luego del clamor público general, el congreso de Guatemala se ha retractado de su respaldo al llamado "pacto de impunidad").

Sin embargo, el 9 de octubre, la agitación pareció entrar en una nueva fase cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala se negó en un inicio a renovar la visa de trabajo de Velásquez. Luego, el 17 de octubre, el día después de la carta abierta de los congresistas estadounidenses, se aprobó la visa de Velásquez.

"Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país… no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco", dice la carta de aprobación firmada por la viceministra de asuntos exteriores Alicia Castillo Sosa.

Solo dos días después de la negación inicial de la visa de Velázquez, la Corte Suprema rechazó la solicitud de la fiscal general Thelma Aldana para permitir que el parlamento votara por segunda vez para retirar la inmunidad de Morales. La solicitud, asociada a una indagación diferente de la investigación sobre el financiamiento electoral, fue consecuencia de revelaciones conocidas el pasado mes de que Morales recibió un bono mensual del Ministerio de defensa "que aumenta sus ganancias en más de una tercera parte, lo que lo convierte en uno de los mandatarios mejor pagados de Latinoamérica".

La corte dictaminó, sin embargo, que la decisión anterior de Morales de devolver voluntariamente el dinero ya constituía una sanción en sí, y que la persona no debía ser penalizada dos veces por el mismo delito, según declaró el portavoz de la Corte Suprema Ángel Pineda el 11 de octubre.

Recientemente el congreso estadounidense ha estado aumentando la presión sobre los funcionarios guatemaltecos en un esfuerzo por garantizar que se mantengan las iniciativas anticorrupción en el país. Con ayuda de la CICIG, el Ministerio Público ha presentado cargos contra numerosos miembros de la élite en los últimos años, lo que llevó incluso a la destitución del expresidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron acusados de liderar una maquinaria de corrupción de gran alcance.

La amenaza de sanciones es claramente un intento de intensificar la presión sobre elementos del gobierno guatemalteco que se oponen al trabajo de la CICIG y de la Fiscalía General. Pero no es claro qué efecto, si lo hay, tendrá esa amenaza. Tampoco es claro qué tan creíble sea, dado el desorden ampliamente dado a conocer que hay en el Departamento de Estado.

Christine Wade, profesora del Washington College y experta en Centroamérica, comentó a InSight Crime que si se impusieran sanciones, podrían ejercer presión en miembros de la élite guatemalteca que "tienen activos financieros en Estados Unidos o que viajen al país de manera regular por negocios o para visitar a la familia".

Además, el impacto simbólico de la sanción a funcionarios por parte de un país aliado importante" no cabe duda de que sería algo grande", añadió Wade.

Quizás gracias al fuerte respaldo nacional e internacional, la CICIG y el Ministerio Público no muestran intenciones de reducir sus iniciativas contra la corrupción. El 6 de octubre, anunciaron nuevas denuncias por corrupción contra un tercer mandatario en ejercicio o retirado, Álvaro Arzú, alcalde de Ciudad de Guatemala por largo tiempo.

Pero la negación de la visa de trabajo a Velázquez por parte del gobierno se dio pocos días después de la medida contra Arzú, lo que levanta sospechas de que la decisión pueda haber sido una retaliación por el anuncio de la investigación. (Velásquez ya ha sido blanco de difamaciones, aun antes de su designación temporal como persona non grata).
"Velázquez está desbaratando el tinglado, y los poderes establecidos están buscando cualquier oportunidad para retirarlo, por mínima que sea", sentenció Wade.

ALD/insightcrime

 

21/10/2017