El juez Julián Ercolini llamó a indagatoria a la procuradora Alejandra Gils Carbó para el 31 de agosto, acusada de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por más de $ 43 millones.

"Existe motivo bastante para sospechar que la Sra. Alejandra Gils Carbó y el subdirector general Guillermo Alfredo Bellingi, violando los deberes a su cargo, diagramaron un complejo entramado –para lo cual contaron con la intervención de Héctor Zurita, Jorge Daniel Domanico y Osvaldo Leguizamón–, previo acuerdo con integrantes de Arfinsa Argentina Financiera S.A. –haya sido en forma directa o a través de intermediarios–, para que bajo la simulación de un acto licitatorio el Ministerio Público Fiscal le adquiriera el edificio de la calle Perón 667", resaltó el juez para llamar a indagatoria a la Procuradora General.

La maniobra se concretó por $ 43.850.000 lo que permitió, consta en la resolución, que Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. y Juan Carlos Thill, "personas interpuestas a fin de llevar a cabo la maniobra, obtuvieran un lucro indebido bajo el pretexto de supuestas comisiones, representativas de un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario".

La adquisición del edificio, planteó Ercolini, representó un perjuicio a los intereses de la Procuración General de la Nación, "dado que esas sideral suma de dinero repartida entre los supuestos intermediarios, de manera documentada, fue entregada a Jaureguiberry por la vendedora a partir de lo que percibiera por la enajenación del inmueble, en virtud de lo cual se advierte que, en definitiva, se trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal".

Toda la maniobra fue definida por el juez como una adquisición a la que se le quiso dar "un viso de legalidad" pero "que habría estado decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio". Así, se llevó adelante "un complejo entramado, de modo tal que bajo la simulación de un proceso licitatorio, el Ministerio Público Fiscal adquirió aquel edificio" pagando a Arfinsa Argentina Financiera más de $ 43 millones, "monto significativamente mayor a los $ 27.000.000 que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012 que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".

La gestión de esa compra estuvo a cargo de Guillermo Bellingi, un funcionario que dependía directamente de Gils Carbó. Bellingi según la investigación, "modificó los términos de la licitación" de forma tal que la operación inmobiliaria quedara despejada para comprar el edificio estilo francés de la calle Perón 667 perteneciente a la firma Arfinsa. Por ello Ercolini, señaló que Gils Carbó y su funcionario "se interesaron en miras de la obtención de un beneficio, tanto para aquellas personas como para sí mismos".

La acusación se sostiene, ante la existencia "de ofrecimientos y acuerdos previos para que, a cambio de dinero o de alguna otra dádiva, emitieran las disposiciones e instrucciones necesarias en la órbita de su competencia, e hicieran valer su influencia para que funcionarios del área administrativa de la P.G.N. hicieran lo propio, a fin de que el Ministerio Público Fiscal procediera a la adquisición de aquel inmueble".

Por ello se planteó que el proceso licitatorio, habría estado "direccionado desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano y previamente pactada con la vendedora". Así, se buscó que desde un comienzo "la oferta que hiciera Arfinsa Argentina Financiera S.A. sea la que obtuviera mejor puntaje y, en virtud de ello, resultara adjudicataria de la licitación pública".

Según detalla la resolución, en el camino se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez pagó otra comisión de 3 millones de pesos por asesoramiento a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata. Pero la investigación reveló que Thill es medio hermano de Bellingi, el cerebro de toda la operación.

En el análisis de este entramado, se planteó que "de esos aparentes servicios de asesoramiento y gestión, Juan Carlos Thill emitió a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A la factura N° 0001-00000252, de fecha 12 de julio de 2013, por un importe de $ 3.019.054,85", amplía la resolución de Ercolini. En julio de 2013 se documentó la recepción de aquella suma según el libramiento por parte de la supuesta contratante del cheque N° 28260338 del City Bank–.

Para llevar a cabo las maniobras denunciadas, Ercolini consideró que "Alejandra Gils Carbó y Guillermo Bellingi contaron con la intervención de los funcionarios de la Procuración General de la Nación Héctor Zurita, Jorge Daniel Domanico y Osvaldo Leguizamón".

El llamado a indagatoria incluye por estos motivos, a Bellingi, Jaureguiberry y Thill. Y también los funcionarios de la Procuración Héctor Zurita, Jorge Domanico y Osvaldo Leguizamón. También se llamó a declarar a Ignacio Costa Urquiza, asociado a Jaureguiberry en la inmobiliaria, y para los ejecutivos de Arfinsa Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Martino. La última en declarar será Gils Carbó el 31 de agosto.

14/07/2017