Con el impulso de los diputados Cambiemos y la "ayuda" de una massista, el oficialismo logró dar dictamen este jueves al proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria, que prevé normas para actuar en casos de corrupción como ocurre con la brasileña Odebrecht. El Gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, venían pidiendo por impulsar esta norma.

Tras el fracaso de ayer, esta mañana los diputados oficialistas, más el aporte de la massista Mónica Litza, lograron quórum en las comisiones de Legislación Penal y Legislación General. Una vez abierto el debate, se sumaron legisladores de otros espacios.

Por ahora se aprobó el dictamen de Cambiemos, con 11 firmas en la Comisión de Legislación Penal y 9 en la de Legislación General. Entre otras cosas, prevé la figura del "colaborador eficaz", para que directivos de empresas puedan confesar delitos y hacía morigerar sanciones.

Daniel Lipovetsky, titular de Legislación General, dijo: "Dimos un gran paso para avanzar con una ley que lucha contra la corrupción. Es una herramienta legal para que los jueces puedan avanzar en casos clave". Y luego le pegó al kirchnerismo: "La ausencia del Frente para la Victoria muestra su clara posición de no luchar contra la corrupción".

La idea del oficialismo es, si hay sesión, darle media sanción el miércoles 28 de este mes. Será sólo cuatro días después del cierre de listas para las legislativas y teman que la campaña pueda frenar la reunión.

La ley prevé su aplicación retroactiva con lo cual, destacan en el oficialismo, podría usarse para el caso Odebrecht. Después de algunas dudas, ahora hay particular interés del Gobierno en avanzar contra la constructora brasileña. "Es retroactiva para acuerdos administrativos, no judiciales", explicaron en el Congreso.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción, que promovió el proyecto original, también pidió apurar la ley. E hizo circular un cuadro en el que la Argentina aparece como el único de los 41 países firmantes de la Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que no cuenta con una ley que responsabiliza a las personas jurídicas por delitos de corrupción.

En el Gobierno alegan que la sanción de una ley sobre delitos empresarios trasnacionales es condición básica para que el país inicie el proceso de ingreso pleno a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los países más desarrollados y es una de las prioridades del gobierno de Mauricio Macri en política exterior.

Las sanciones administrativas previstas en el proyecto para las empresas que se comprueben como responsables de incurrir en sobornos a funcionarios públicos van de multas a la cancelación definitiva de la personería jurídica, es decir la clausura de la firma.

En fuentes del Ejecutivo admiten presiones de sectores empresarios para frenar el debate, por lo que buscan destrabar el proyecto.

Otras cláusulas del proyecto prevén fuertes sanciones e inhabilitación total para los funcionarios públicos que sean declarados culpables de recibir coimas para favorecer a una empresa.

16/06/2017