El conflicto en Venezuela ha escalado de tal manera que ya ha traspasado sus fronteras. Los venezolanos, cansados como están ya de humillaciones y de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, han desatado su descontento en las calles.

Llevan ya cerca de 50 días de protestas y "plantones", y han extendido su descontento a la diáspora. La diáspora, aparte de apoyar a sus hermanos venezolanos con ayuda en alimentos y medicinas, ha ubicado y manifestado contra funcionarios, ex funcionarios y sus familiares que se han establecido en el sur de la Florida y otras ciudades del así llamado "Imperio".

Estos personajes, mejor conocidos como "enchufados", de un día para otro han empezado a experimentar lo que en Argentina y Uruguay le llaman "escrache", "funa" en Chile o "roche" en Perú.

Estos actos de repudio son manifestaciones de rechazo de ciudadanos contra funcionarios públicos, bien sea frente a sus domicilios o en los sitios públicos que frecuentan, con el objetivo de acusarles por realizar delitos graves o actos de corrupción. Muchos consideran esta manifestación como justificada puesto que es su única forma de expresar descontento. Otros consideran que es peligrosa porque "se mete a todos los gatos en un mismo saco" sin verificar si el personaje objeto de repudio sea realmente responsable de actos de corrupción o violatorios de derechos humanos.

Para desenredar esta madeja, MiamiDiario.com investiga un poco más allá. ¿Están justificadas estas protestas?

Alejandro Rebolledo es un abogado penalista venezolano experto en delitos de delincuencia organizada que, junto a un grupo de profesionales de diversas especialidades, ha estado investigando exhaustivamente a ciudadanos que presumiblemente han mentido al Departamento de Estado y al Servicio de Inmigración estadounidenses porque tienen un prontuario de hechos cometidos en Venezuela.

Por ejemplo, ex jueces, ex fiscales, funcionarios de gobierno de Venezuela que viven en Estados Unidos de manera holgada y que no pueden justificar lo que han podido hacer en Venezuela. Rebolledo y su equipo no hacen listas, ellos conforman expedientes en los que incluyen indicios que puedan señalar que estas personas permanecen el Estados Unidos de manera irregular.

"Es muy difícil para un venezolano encontrarse con un sujeto que se sabe se robó a Venezuela; esta situación toca la fibra más sensible de los compatriotas. Para evitar este tipo de situaciones que en algunos casos pueden parecer exageradas, nos tomamos el tiempo necesario en buscar los elementos que tengan los suficientes indicios no solo de los funcionarios sino también de los testaferros que también se prestan para estos actos de corrupción", dijo Rebolledo.

Agregó que se trata de un trabajo de mucho cuidado, con muchos detalles; incluso al momento de entregar la información recabada al Departamento de Estado y al Servicio de Inmigración hay que hacerlo de la forma más clara y limpia posible, para que después estas agencias realicen sus propias investigaciones y si así lo consideran tomen acciones.

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Por su parte, Néstor Yglesias, agente de relaciones públicas de la oficina de Miami del Servicio de inmigración y aduanas (ICE por su sigla en inglés), coincide con lo dicho por Rebolledo. Yglesias afirmó que efectivamente tienen el número 866 347 2423 disponible para realizar las denuncias; sin embargo, fue muy enfático al afirmar que esas denuncias deben estar acompañadas por documentación comprobable que las apoye. Fotografías en redes sociales, listas de personas y afirmaciones hechas sin sustento por anónimos no son desde ningún punto de vista suficientes para que esa agencia inicie o no una investigación y tome o no acciones.

Yglesias, asimismo, fue claro al indicar que la agencia que representa no tiene por política afirmar o negar que se esté llevando adelante alguna investigación sobre alguno de estos personajes. Dejaremos entonces que nos sorprendan...

Pero, ¿qué dice la ley en relación con estas manifestaciones, por ejemplo en la ciudad de Doral, escenario frecuente de los "escraches"? Consultamos a la Policía de la ciudad de Doral, lugar en el que se han registrado varios de estos eventos. Su vocero, el Capitán Carlos Arango, nos precisó a través de una declaración escrita, qué dice la ley en relación a las manifestaciones públicas: "La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de todos a reunirse y manifestarse pacíficamente.

Sin embargo, esa misma primera enmienda establece que ese derecho no es absoluto. Los funcionarios gubernamentales no podrán prohibir una manifestación pública basándose solamente en su discreción, sin embargo sí podrán imponer restricciones en cuanto a lugar, tiempo y manera, que estén justificadas sin hacer referencia al contenido expresado de esa misma manifestación y [entre otras consideraciones], que dejen abiertos amplios canales de comunicación de la información.

En esa misma declaración escrita, agrega que "la Policía de la Doral tratará a cada manifestante con el respeto y la dignidad que merece su derecho a protestar. La policía reconoce asimismo el derecho de quienes son objeto de protesta.

La Policía de Doral está comprometida a proporcionar un ambiente seguro para todas las personas dentro de su jurisdicción, independientemente del lado en el que estén. Si un ciudadano o negocio se convierte en víctima de un acto delictivo, la policía de Doral aplicará las leyes del estado de Florida cuando sea necesario".

Consultamos asimismo si ese organismo había recibido alguna denuncia de cualquier naturaleza relativa a estos eventos: "El departamento de policía recibió una denuncia de personas protestando al frente de una comunidad cerrada. Los manifestantes no ingresaron a la propiedad privada, no perturbaron la paz y no cometieron ningún acto criminal".

Estos actos de repudio a "enchufados" tanto en Venezuela como en todo el mundo, han llamado incluso la atención de Maduro, quien el martes 16 en cadena nacional, dedicó tiempo a rechazarlos y hasta a comparar a los seguidores del chavismo con los judíos: "Los chavistas somos los nuevos judíos del siglo XXI, no tenemos la estrella de David sino el corazón rojo". Acusó al reconocido periodista y escritor venezolano Cesar Miguel Rondón, quien por cierto no aprueba los escraches, de propiciar odio a través de su cuenta de Twitter (@cmrondon). Casualmente, al día siguiente de esa acusación, el periodista y su esposa fueron retenidos en el aeropuerto de Maiquetía y sus pasaportes anulados con el argumento de que habían sido reportados como "robados".

Los escraches, funas, roches o actos de repudio, como quiera usted llamarles, son algo relativamente nuevo para los venezolanos. Los últimos 18 años han obligado a centenares de miles de ellos a emigrar y desperdigarse por todo el mundo. Citando a Rodrigo Blanco Calderón, autor del artículo "El dedo acusador, elogio del escrache: "El escrache es el brazo desperdigado de una justicia simbólica, que nos recuerda que la diáspora venezolana también tiene derecho a manifestarse". Manifieste, pues, su descontento dentro del marco de la Ley. Tiene derecho.

miamidiario

 

18/05/2017