La imagen del presidente del Gobierno declarando sentado, ante frente al tribunal, y siendo interrogado por todas las partes podría entrañar un enorme desgaste político, por lo que, con toda seguridad, según las fuentes consultadas por Confilegal, el representante del PP en el juicio, Jesús Santos, exfiscal de la AN y abogado del bufete Baker and McKenzie, solicitará que se haga por videoconferencia.

De esa forma, se buscaría evitar la estigmatización de la llamada “pena de banquillo”, que es en lo que se convertiría finalmente su declaración.

La formación que preside Rajoy figura en el juicio en calidad de partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de 245.000 euros de la trama que lideraba Francisco Correa en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, en la Comunidad de Madrid.

La decisión de aceptar la petición de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha dividido al tribunal.

De Prada y De Diego han optado por darle luz verde, frente a Hurtado, que votó en contra.

La decisión se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa.

“Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible”, ha señalado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de testifical de Rajoy por considerarla “inútil e innecesaria” ya que “nada ha cambiado” respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó la testifical del presidente del Gobierno al inicio del juicio.

La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas del juicio sería “redundante” porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos

EL abogado del Estado ha señalado por su parte que esta declaración es “inútil y redundante” y no han cambiado las circunstancias, no han aparecido nuevos elementos que sustentaran la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de “Gürtel” y el abogado del PP, que ha destacado la “improcedencia” de la diligencia, que consideran que sería “perturbadora” y contribuiría al “circo mediático”.

Los tres deberán decidir de nuevo sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno declare por videoconferencia, si se produce la previsible petición de la defensa del PP de que lo haga de esa manera. En este sentido, los artículos de referencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal son el 412, 702 y 703.

La Sala había mostrado contrario a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016, y después, en una segunda.

CONFILEGAL/EP.

 

18/04/2017