Antilavado de Dinero: La corrupción, delitos fiscales y la delincuencia organizada

La corrupción, delitos fiscales y la delincuencia organizada

El principio latín Ius Puniendi se refiere al monopolio del Estado para castigar. Con ello, al reconocerse el sentido de órgano supremo en la sociedad, se le dota de la facultad de diseñar la política criminal. Dicho sea de paso, se requiere identificar y reconocer una conducta antisocial para esbozar un plan integral para atenderla y erradicarla.

Todas las políticas públicas, de cualquier materia, tienen que contar con una base legal que las sustente y justifique su existencia. La duración e intensidad de éstas responde a la necesidad social, económica o política.

El combate a la corrupción debe ser considerado como una de las políticas públicas primordiales del Estado mexicano, sostiene Ricardo Peralta Saucedo, ex director de Asuntos Internos en la Procuraduría General de la República, al exponer los retos que deberá asumir el fiscal anticorrupción.Las conductas corruptas y las que afectan al fisco tienen diversas sanciones punitivas, donde el MP tiene que justificar la referente a la privación de la libertad; prácticamente en ningún caso se logra.

Sobre el principio de inocencia, se debe preponderar la reparación del daño a las víctimas y recuperar los activos de procedencia ilícita a los delincuentes, en los tipos penales de hechos de corrupción y fiscales, la víctima es el Estado mexicano, pero, indirectamente, es el pueblo, ya que el erario, en la mayoría de los casos, es el sujeto de algún tipo de enajenación y es producto de la recaudación de impuestos y derechos que pagamos todos los mexicanos.

Existe evidencia documental y pública de la Auditoría Superior de la Federación y de las propias entidades federativas, así como de las autoridades hacendarias, sobre el resultado de auditorías donde estas conductas son recurrentes, pero encuentran en la legislación un bálsamo de impunidad único en el mundo, las sanciones se asemejan a un guiño de complicidad.

Nadie está hoy preocupado por enfrentar la justicia mexicana, la disuasión no existe, estas conductas delictivas persisten, pues no tienen diques institucionales eficaces que inhiban su comisión. ¡Viva México!

Pero hay remedio. Habría que modificar la constitución para incrementar el catálogo de delitos considerados de prisión preventiva oficiosa (graves). Se le dio ese estatus constitucional para blindar las frecuentes reformas. Se requiere, cuando menos, la venia de 17 congresos locales para hacerlo.

De las diez conductas que integran ese catálogo (de delitos coloquialmente graves) está la figura de la delincuencia organizada, sujeta a una ley federal que emana de la Constitución, ésta sólo requiere la anuencia de la Cámara de Diputados federal. Si se reforma integrando las conductas delictivas de corrupción y fiscales, adecuando el sentido del número de participantes, de tres a dos o más en estas figuras, no se necesita tocar la Constitución.

La naturaleza del sistema de justicia penal busca la “última ratio”, o sea, que el derecho penal no sea utilizado y encontrar medios alternativos de solución de controversias; eso debe continuar y explorar el balance y la equidad de la ley para contar con instrumentos que en verdad sean útiles para fortalecer el Estado de derecho y sus instituciones.

¿Será lo mismo otorgar una dádiva a un empleado administrativo (cohecho) que desviar miles de millones de pesos del erario (peculado)? En esencia, sí. Ambos son hechos de corrupción. La pena privativa oficiosa deberá ser equitativa al daño ocasionado.

¿Y la simulación fiscal para evadir impuestos será lo mismo que el contrabando? Sin duda, son acciones dolosas que afectan gravemente a la sociedad.

Habrá que analizar que, además, sean imprescriptibles y advertir que su comisión será severamente sancionada para particulares y servidores públicos.

Para algunos pudiera parecer exagerado y autoritario. Pero después de décadas de saqueo a nuestro país y la existencia de miles de fortunas ilícitas por estas conductas, es momento de parar de tajo la carreta del desorden.

Si fuera una realidad, existiría la disuasión en la ley; el reto será que sea aplicada para recuperar la confianza de la población, porque la lucha contra la corrupción y los delitos fiscales es para contribuir a la regeneración nacional que trae bonanza y paz para todos.

Ricardo Peralta Saucedo es licenciado en Derecho y maestro en Derecho constitucional y administrativo por la UNAM con especialidades en procuración de justicia, delincuencia organizada y sistema penal oral, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción.

Ha sido director de Operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México, director de Asuntos Internos en la Procuraduría General de la República, director de Protección a los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y subdirector de Evaluación y Seguimiento de Conductas de Personal Interno en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (hoy SEIDO) de la PGR.

ALD/Excelsior

 

 

15/10/2018