Antilavado de Dinero: Por qué se debe modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Por qué se debe modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

 El Consejo de Ministros del gobierno español del pasado 9 de febrero recibió un informe del Ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo, según la reseña del Consejo de Ministros.

Además, se nos indica que el Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva, que todavía no está publicada, aunque se prevé que sea a lo largo del primer semestre de 2018.

Nos encontramos así en esa fase nebulosa en la que un anteproyecto, que en el trámite de Audiencia Pública ha recibido alegaciones de distintos organismos, ha de obtener los correspondientes dictámenes, como por ejemplo el del Consejo de Estado, para volver de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

Conocemos pues un texto, que es el publicado en la web de Tesoro Público, y que fue puesto en Audiencia Pública, pero no al que hace referencia el informe presentado al Consejo de Ministros.

En efecto, en la reseña del Consejo de Ministros se indica que se añaden como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo “aquellos que intermedien en alquileres con renta mensual superior a diez mil euros”; y ello no está contemplado en el Anteproyecto de diciembre, con lo que hemos de considerar con reservas lo publicado hasta el momento, ya que no conocemos el grado de aceptación que pueden haber tenido las diversas alegaciones presentadas, como por ejemplo las de Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), o las nuevas disposiciones incorporadas por la propia iniciativa de la Secretaría del Tesoro y Política Financiera.

Comentaré en esta ocasión la alegación general presentada por INBLAC sobre la consideración del concepto de grupo en el Anteproyecto de Ley, ya que se mantiene la definición de grupo en según lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. Así:

“1.- El artículo 42 del Código de Comercio no es una norma que regule expresamente la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

2.- El artículo 3.15) de la Directiva (UE) 2015/849 de 20 de mayo de 2015 (IV Directiva PBC-FT), por la que se ha de modificar la Ley 10/2010 para transponerla, define expresamente el concepto de “grupo”, que no coincide con la definición del artículo 42 del Código de Comercio, como “un grupo de empresas compuesto por una empresa matriz, sus filiales y las entidades en las que la empresa matriz o sus filiales tengan participación, así como las empresas vinculadas entre sí por una relación en el sentido del artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE.”

3.- Sería entonces lo más apropiado transponer la definición de grupo que ofrece la IV Directiva a la normativa española en PBC-FT, con lo que tendría mejor encaje, por ejemplo, la modificación del apartado 3 del artículo 38 del Reglamento RD 304/2014 prevista en el Proyecto:

Vigente: “El examen externo incluirá todas las sucursales y filiales con participación mayoritaria del sujeto obligado.”
Proyecto: “El examen externo incluirá todas las entidades que formen parte del grupo y tengan la consideración de sujetos obligados conforme el artículo 2.1 de la Ley” .

Recordemos también que ya el Reglamento de PBC-FT (RD 304/2014) en su artículo 31.3, remitía a los criterios establecidos en la Recomendación 2003/361 de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas para que fuera conforme la aplicación de los umbrales fijados para la determinación de las medidas de control interno aplicables conforme a la Sección 1ª del Capítulo IV y las exigencias en materia de conservación de documentos del artículo 28 RPBC-FT; y dichos criterios no coincidían plenamente con los del artículo 42 del Código de Comercio, como el de las entidades asociadas (vinculadas).

Podemos por tanto estar en riesgo de que, en función de la norma de PBC-FT que estemos aplicando, puedan variar los integrantes del “grupo”, lo que puede dificultar la correcta aplicación de la norma y generar riesgos de incumplimiento ante las diversas interpretaciones que puedan deducirse. Y ello considerando que queremos cumplir con la norma.

Por ejemplo, y no es un caso de laboratorio, ¿qué tratamiento deberemos interpretar para sociedades que son sujeto obligados, cuyo capital pertenece a parte iguales a dos sociedades que también son sujetos obligados, y con una administración social mancomunada entre las dos sociedades?

La correcta interpretación del artículo 42 del Código de Comercio a veces es tan compleja que nos puede llevar a recabar la ayuda de hasta Resoluciones del ICAC, por lo que tal vez la cuestión es más amplia y debiéramos inspirarnos en el Código Monetario y Financiero francés que dedica expresamente el artículo 511-20 para la definición de grupo.

¿Seguiremos con la inercia del artículo 42 del Código de Comercio en el Anteproyecto que ha sido informado en el Consejo de Ministros del 9 de febrero?

Esperemos, que está empezando la tramitación.

Por: Joaquín Mena, socio, director de Bonatti Compliance, S.L.P.

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19/02/2018