Antilavado de Dinero: Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

Las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares implican el congelamiento de las cuentas bancarias, el veto a transacciones en dólares e incluso la prohibición de tranzar cualquier tipo negocio a los ciudadanos de los países que impulsan estas medidas. Para evitarlo, estos individuos acusados de corrupción o violación de derechos humanos recurren a complejas operaciones financieras que tienen como fin circular grandes capitales en el mercado global.

Depositar dinero proveniente de la corrupción o del crimen organizado, como narcotráfico, tráfico de armas o sobrefacturaciones en contratos con el Estado en bancos internacionales, requiere de un complejo sistema de empresas, cuentas bancarias y personajes con cierta reputación que permitan darle validez a ese dinero, proceso que es conocido como legitimación de capitales o, como comúnmente se le conoce: lavado de dinero.

El caso más emblemático relacionado con este delito es el del empresario zuliano Roberto Rincón, quien el pasado 16 de junio de 2016 se declaró culpable ante una Corte Federal de
 
Estados Unidos por haber participado en un esquema de sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal PDVSA por más de 1.000 millones de dólares.
 
“Debe existir un delito previo (corrupción, tráfico de armamento o narcotráfico, entre otros) para luego cometer otro que es la legitimación de capitales o lavado de dinero. Cuando obtiene el dinero, el delincuente no puede presentarse al banco a depositarlo y tiene que buscar la forma de hacerlo”, explica Gonzalo Gerbasi, abogado con maestría en Instituciones Financieras y director del programa en prevención de legitimación de capitales de la Universidad Metropolitana (Unimet).
 
Pero la constitución de un conglomerado de empresas o cuentas a nombre de otras personas no necesariamente implica que se esté incurriendo en legitimación de capitales. Por el contrario, muchas veces los criminales se aprovechan de un sistema empresarial lícito para darle legitimidad al dinero sucio.
 
PERO, ¿CÓMO OPERAN LOS LEGITIMADORES DE CAPITALES?
 
Un sujeto que obtiene grandes cantidades de dinero en moneda extranjera tras ejecutar actividades ilícitas necesita depositar esa fortuna en bancos internacionales sin generar sospechas.
 
El método más común utilizado por la delincuencia organizada es constituir “grupos de empresas” o “sociedades offshore” (empresas registradas en otro país con o sin actividades comerciales, pero que son utilizadas para evadir o aliviar impuestos, o bien cometer actividades ilícitas) en paraísos fiscales, que permitan ocultar su identidad como verdadero dueño de estas compañías.“Son empresas que se fundan en paraísos fiscales con dos objetivos: para no pagar impuestos o para que ciertas personas puedan abrir cuentas en el extranjero con dinero de procedencia ilícita”, agrega Gerbasi.
Para constituir dicha sociedad, el legitimador de capitales contacta a un bufete de abogados o agente registrador, quien coloca a su disposición distintas figuras legales para ocultar la identidad de su cliente así como el dinero obtenido de procedencia ilícita.
“Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo que es anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa misma estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado. Es la misma organización que la empresarial, pero para el crimen”, detalla Rebolledo.
Sin embargo, el uso de agentes intermediarios, como en el caso del bufete panameño Mossack Fonseca, está sujeto a una serie de riesgos, como la filtración de los datos o las presiones de organismos internacionales, quienes luchan contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico o el financiamiento al terrorismo, con el fin de que estas instituciones colaboren suministrándoles información.
En ocasiones, el sujeto que desea colocar su dinero en bancos internacionales utiliza la figura de un accionista nominal o testaferro (persona que aparece como dueño de la empresa, pero no tiene poder real sobre ella), quien actúa como beneficiario efectivo de la compañía o representante natural de la empresa. A cambio, desde luego, de una jugosa comisión.
 
En caso de no querer utilizar la figura de testaferro, el bufete de abogados colabora con el legitimador para la constitución de un entramado de empresas que se transfieren el dinero entre sí hasta hacerlo irrastreable ante los organismos y la banca internacional.
“En la actualidad existen muchos sujetos que buscan asesores para que los ayuden a legitimar capitales, como en el caso del famoso bufete panameño Mossack Fonseca, y les pagan fortunas. Igual que a los contadores, hay que ver cómo con su firma un contador puede legitimar cientos de millones de dólares”, agregó Gerbasi.
Durante muchos años, la delincuencia organizada con empresas en paraísos fiscales solía emitir acciones al portador (bearer shares), una especie de título que se puede transferir libremente y cuyos portadores confirman tener un porcentaje de participación en una empresa.
 
Esta figura de acciones al portador suele ser muy utilizada para la compra de bienes, barcos, aviones o viviendas cuya propiedad desea ser ocultada por el verdadero dueño. También se utiliza para la administración de empresas familiares con el fin de facilitar el control de una empresa tras la muerte de uno de sus familiares miembros.
Pero esta figura está dejando de ser utilizada por los legitimadores de capitales, en especial porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de la división del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ha presionado con vehemencia a los paraísos fiscales para reducir el uso de las acciones al portador, limitando su transferencia para que se pueda conocer el nombre de los verdaderos propietarios de estos papeles.
 
“Todavía quedan muchas acciones al portador, sobre todo en Panamá y el resto de los paraísos fiscales, pero los organismos internacionales, como la OCDE y su oficina del Grupo de Acción Financiera (GAFI), están trabajando para eliminarlas”, detalla Gerbasi.
El entramado para esconder el dinero puede variar en cuanto a métodos y procedimientos a medida que los grupos criminales se diversifican y encuentran nuevas alternativas para colocar el dinero sucio en cuentas bancarias, lo que convierte a la lucha contra el lavado de dinero en una suerte de carrera del gato contra el ratón que tiende a prolongarse en el tiempo.
“Mientras los Estados son lentos, burocráticos y pesados, el crimen es tecnológico, moderno e innovador. Mientras estemos tratando de resolver cosas y ver cómo descubrir el delito, la generación millenial, por ejemplo, va volando con el bitcoin o las criptomonedas, cuando nosotros estamos tratando todavía de resolver el problema del dólar o el euro”, apunta el magistrado Rebolledo.
Pero el esquema para ocultar el dinero ilícito no termina allí. El sujeto que incurre en lavado de dinero suele también crear fundaciones, que a su vez se convierten en accionistas de las sociedades offshore, esto con el objetivo de complicar las posibilidades de que las autoridades den con el verdadero propietario de la empresa en un paraíso fiscal.
La fundación puede estar integrada por un grupo de accionistas nominales que suministre el bufete de abogados, garantizando el secreto total en torno al verdadero propietario de la sociedad.
“La persecución, el rastreo y el escrutinio detrás de las fundaciones es muy parecido al de una compañía. Tiene que haber una declaración de procedencia de los bienes y esto viene a partir del atentado contra las Torres Gemelas en 2001, cuando se supo que las personas que estaban detrás de los atentados eran personas que integraban fundaciones de caridad”, detalla Alejandro Rebolledo.
Si este sujeto que incurre en lavado de dinero no desea utilizar un testaferro ni colocar una fundación como accionista de su empresa, entonces constituye un holding o grupo empresarial. Se trata de una empresa que controla las actividades de otras organizaciones mediante la adquisición de todas o una parte de sus acciones.
Este tipo de empresas conforman lo que se conoce como shell corporations o compañías de caracol. Se trata de una corporación que puede o no tener operaciones comerciales registradas, pero que son utilizadas para darle legalidad al dinero obtenido de forma ilícita.
“Hay personas que, por ejemplo, van a importar alimentos hacia Venezuela. Montan una importadora de alimentos en Venezuela, una exportadora de alimentos en México, la empresa exportadora le pertenece a amigos o personas cercanas. Luego, se le deposita el dinero al proveedor en México y esta persona simplemente se pagó y se dio el vuelto”, explica Rebolledo. 
Mientras los organismos internacionales trabajan de forma incansable por reducir las posibilidades de la delincuencia organizada de legitimar capitales, los métodos para lograrlo se transforman mientras existan personas, organizaciones e incluso países que se presten para este cometido.
“La delincuencia está mil veces más avanzada que cualquier legislación que exista. Por eso se trata de una guerra de todos los días de la cual todos los países deben iniciar acciones para que la gente entienda las consecuencias que este delito puede tener en la economía de los países”, destacó Gerbasi.
A pesar de que la delincuencia organizada parece sentirse ganadora, la posibilidad de ser capturados por la justicia se mantiene latente a medida que los organismos internacionales endurezcan sus legislaciones contra los países y organizaciones que se presten para la legitimación de capitales.
 
“Nuestra lucha es siempre para que los venezolanos no sean víctimas de estos negocios turbios y terminen mañana siendo los más perjudicados. Siempre se tiene que saber con quién se hace negocios, cómo se hace negocios y cuál es el origen de sus fondos, porque puede involucrar hasta a su familia y arrastrar a todas sus generaciones. Cuando un funcionario está en la lista OFAC no solo está él, sino que toda su familia y socios están involucrados. Al final, el crimen es tan perverso que no le importa arrastrar a sus hijos y a sus familias en virtud de hacer dinero”, concluye el magistrado Rebolledo.
 
Este panorama se desarrolla en medio de una legislación venezolana que ha sido displicente para combatir este delito, que de acuerdo con reportes de la agencia del Departamento del Tesoro contra el Cumplimiento de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en español) de Estados Unidos, ha permitido que algunos organismos públicos se utilicen como “potenciales” vehículos para mover dinero cuya procedencia aun se desconoce.
Por: Víctor De Abreu CaraotaInvestiga
 

 

10/10/2017