Antilavado de Dinero: La competencia de la victima en el delito de estafa

La competencia de la victima en el delito de estafa

 El autor está de acuerdo en que el precedente vinculante establecido en el Recurso de Nulidad Nº 2504-2015 haya aplicado la moderna doctrina penal relacionada con la imputación objetiva para el delito de estafa, puesto que un individuo no puede alegar ser víctima de dicho delito sí estuvo en condiciones de acceder a la información que le hubiera permitido salir de su error, así el agente lo haya provocado dolosamente.

INTRODUCCIÓN

De los delitos contra el patrimonio regulados en nuestro ordenamiento punitivo, el delito de estafa es, quizás, uno de los más representativos. Su frecuente comisión ha traído como consecuencia reiterados pronunciamientos por parte de los tribunales de justicia, en los cuales se ha puesto énfasis tanto en los elementos que conforman el tipo penal, como en su distinción con figuras penales afines como el hurto o la apropiación ilícita. Incluso, la ausencia de alguno de sus componentes o de la actuación diligente de la contraparte puede devenir en la realización de comportamientos reglados por el Derecho Civil, propiamente en la inejecución de obligaciones o el incumplimiento contractual.

Una revisión minuciosa de la doctrina penal y de la jurisprudencia permite vislumbrar una “evolución” progresiva en el tratamiento del delito de estafa, no siempre con la suficiente claridad que lleve a establecer etapas definidas para dicha evolución.

La cuestión fundamental reside en el ámbito de la imputación penal, es decir, en la atribución de la conducta típica a una determinada persona. Así, la “teoría de la causalidad” para imputar responsabilidad penal por el delito de estafa a un individuo ha dejado su lugar a la “teoría de la imputación objetiva”, especialmente en lo que respecta a la actuación de la víctima, la cual ha sido objeto de reciente jurisprudencia.

En efecto, mediante Recurso de Nulidad N° 2504-2015, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha establecido como precedente vinculante los fundamentos jurídicos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo octavo, vigésimo quinto y vigésimo sexto de la citada Ejecutoria Suprema, relacionado con el delito de estafa y, puntualmente, con la competencia de la víctima, de lo que trataré en las siguientes líneas.

I. LA IMPUTACIÓN DE UN DELITO A SU AUTOR

La doctrina penal ha elaborado un conjunto de teorías sobre la imputación que, por exigencias de una exposición didáctica, conviene revisar brevemente dos de ellas utilizadas en el delito de estafa.
La primera de ellas es la “teoría de la causalidad”, que sostiene que el comportamiento del autor debe ser adecuado para provocar el resultado atendiendo al curso normal de las cosas y a la experiencia general de la vida1. No obstante, este pensamiento causal-naturalista en cuyo asidero se sostuvo el delito de estafa se encuentra ya superado.

La teoría de la imputación objetiva procura determinar la causalidad jurídica a través de criterios normativos, esto es, que un resultado o hecho típico penalmente relevante solo será imputado objetivamente a su autor cuando se ha realizado en él, el riesgo jurídicamente no permitido creado por dicho autor.

Conforme a la teoría de la imputación objetiva, se debe determinar si la conducta del agente del delito de estafa, es decir, del autor del engaño, excedió los límites del riesgo permitido, válido y tolerable conforme a la naturaleza de la operación realizada atendiendo a las circunstancias y en relación con concreto escenario personal y económico.

La utilización de la imputación objetiva al delito de estafa tiene dos variantes: por un lado, la aplicación de los criterios de la imputación objetiva del resultado a la imputación del error típico al engaño y, por otro, la interpretación del engaño típico como un deber de veracidad.

En el primer caso, a la víctima debe exigírsele deberes especiales (deberes de autoprotección) que restrinjan considerablemente la amplitud de posibilidad que sirven de base a la creación del riesgo prohibido, el cual dependería de que la víctima haya sido lo suficientemente diligente y cuidadosa.

En el segundo caso, le corresponde a la víctima, como destinatario de la información, “verificar su corrección en todo lo concerniente a sus propias circunstancias económicas y jurídicas, así como en lo referido a las condiciones generales del mercado”.

La imputación objetiva permite aplicar el criterio normativo de competencia como fundamento del juicio de tipicidad, pues “permite determinar, más allá de los posibles y números cursos causales concurrentes, quién ha sido la persona que, tras haber invadido una esfera jurídica ajena, ha infringido un deber de garante con relevancia jurídico-penal”.

II. ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE ESTAFA

En la codificación penal peruana, el delito de estafa está regulado en Título V, Delitos contra el Patrimonio, Capítulo V, Estafa y otras defraudaciones, artículo 196 del Código Penal, con el siguiente texto:

“El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”.

Su tipificación protege el bien jurídico “patrimonio”.

Se trata de un delito común, por lo que el sujeto activo o agente del delito puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser, igualmente, cualquier persona.

La conducta típica está compuesta por los siguientes elementos: i) el medio fraudulento; ii) la inducción al error o mantener en él; iii) el perjuicio por desprendimiento patrimonial; y, iv) el provecho indebido para sí o para un tercero.

El medio fraudulento está dado por el engaño, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta. El “engaño” es “la desfiguración de lo verdadero o real capaz de inducir a error a una o varias personas”, debiendo recaer sobre un hecho y ser anterior al error y a la disposición patrimonial. La “astucia” es “la simulación de una conducta, situación o cosa, fingiendo o imitando lo que no se es, lo que no existe o lo que se tiene con el objeto de caer en error

A otra persona”. El “ardid” es “el medio o mecanismo empleado hábil y mañosamente para lograr que una persona caiga en error”, “implica la utilización de maniobras o artificios destinados a engañar”.

El error, en tanto la falsa representación de la realidad, para que sea relevante en el delito de estafa, debe haber sido provocado por la acción fraudulenta del agente, es decir, creado ex novo en la víctima y que lo conduce

A adoptar una determinación. Asimismo, la conducta del agente también puede estar orientada a evitar que la víctima salga de su error.

Disposición patrimonial es “el acto por el cual el agraviado se desprende o saca de la esfera de su dominio parte o el total de su patrimonio y lo desplaza y entrega voluntariamente al agente”.

El provecho indebido para sí o para un tercero se produce cuando el bien del patrimonio dispuesto por la víctima entra en posesión del agente, pudiéndolo disponer libremente16.

En cuanto al aspecto subjetivo, el delito de estafa solo puede ser cometido a título de “dolo”; asimismo, se exige la presencia de un elemento subjetivo complementario, como es el “ánimo de lucro”.

El delito de estafa se consuma cuando la víctima dispone de su patrimonio. El resultado de la acción delictiva requiere la afectación del patrimonio de la víctima. Se prevé una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.

Comentario relevante del autor

El delito de estafa denota una secuencia de elementos, toda vez que sin engaño no puede haber error, sin error no puede haber disposición patrimonial y sin disposición patrimonial no puede haber provecho ilícito, de manera que el nexo causal entre cada uno de dichos elementos y en la secuencia indicada debe constatarse al momento de analizarse el aspecto objetivo del delito.

III. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS

Me referiré puntualmente a dos cuestiones problemáticas sobre el delito de estafa: el primero de ellos relacionado con la concepción causal naturalística para la configuración del referido ilícito penal, y el segundo vinculado al engaño, astucia o ardid que despliega el agente del delito.

El delito de estafa denota una secuencia de elementos, toda vez que sin engaño no puede haber error, sin error no puede haber disposición patrimonial y sin disposición patrimonial no puede haber provecho ilícito, de manera que, el nexo causal entre cada uno de dichos elementos y en la secuencia indicada debe constatarse al momento de analizarse el aspecto objetivo del delito. La Ejecutoria Suprema declina concebir al delito de estafa como una sucesión de elementos en tanto situación acabada, mas no rechaza aceptarla como una comprensión delimitativa o de simple ordenación en dichos términos.

En contraposición a la simple suma de sus componentes, Salinas Siccha explica:

“La configuración de la estafa requiere la secuencia sucesiva de sus elementos o componentes; esto es, requiere primero el uso del engaño por parte del agente, acto seguido se exige que el engaño haya inducido o servido para mantener en error a la víctima y como consecuencia de este hecho, la víctima voluntariamente y en su perjuicio se desprenda del total o parte de su patrimonio y lo entregue al agente en su propio beneficio ilegítimo o de tercero”.

Sin embargo, ello no es suficiente para establecer la responsabilidad penal. En efecto, no puede subsumirse la imputación del comporta-miento típico del delito de estafa a su autor solo a través de la verificación secuencial del engaño, error, disposición patrimonial y provecho ilícito, supuesto en el cual agotaríamos su configuración bajo la teoría de la causalidad, lo que, dado el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva es insuficiente.

En general, el acto fraudulento deberá ser lo suficientemente idóneo como para vencer las normales previsiones de la víctima. La magnitud del engaño no condiciona la realización del delito de estafa. Existen otros factores atribuidos tanto al autor como a la víctima que deben verificarse en el marco de la denominada imputación objetiva, vigente hoy en día y que ha sido recogida por la Ejecutoria Suprema bajo estudio.

Todo tratamiento que se haga del engaño en el marco del delito de estafa tiene que ver con la protección de la víctima, en el extremo a si se requiere o no un grado de calificación del engaño típico o si el sim-ple engaño satisface las exigencias de dicho elemento del tipo objetivo.

IV. PUNTO DE QUIEBRE

El precedente vinculante sub examine prescinde de colocar al engaño y su magnitud para provocar el error en la víctima como aspecto determinante para la configuración del delito de estafa, en su lugar, resalta la delimitación de competencias para establecer si el autor o la víctima provocaron que esta última incurriera en error.

Esta concepción responde al modelo normativizado que supera la lógica impuesta por la teoría de la causalidad, donde los tipos penales esta-rían conformados por elementos que reenvían a normas jurídicas, sociales, principios o juicios de valor y que ha de realizar el juez. En el caso de la estafa, esta normativización se produce como resultado de la paula-tina implantación de la teoría de la imputación objetiva –tal cual se vio supra– que conduce a introducir restricciones específicamente a la relación entre engaño y error.

Al respecto, Reátegui Sánchez, afirma:

“La imputación a la víctima tiene lugar necesariamente de modo normativo, cuando la aparente víctima ha infringido determinadas incumbencias de autoprotección, esto es, cuando en pleno ejercicio de su autonomía no administra su ámbito de organización de manera cuidadosa asegurando la incolumidad de sus bienes jurídicos”.

V. LA COMPETENCIA DE LA VÍC-TIMA

La actuación de la víctima en la realización del delito de estafa ha adquirido una relevancia singular. Conforme a la denominada “Victimo dogmática”, para la exclusión de la tipicidad penal se tiene en cuenta la conducta negligente de la víctima quien se expone y acepta el peligro que le pueda acarrear algún tipo de lesión de sus propios intereses.

En ese sentido, no es de recibo atribuir en todos los casos una posición de garante al agente del delito de estafa en resguardo de los intereses de la víctima a través de la cual se le provea de toda la información necesaria para que tome una decisión, sobre todo cuando dicha información es pública y, por tanto, accesible (criterio de accesibilidad normativa), tal y conforme lo ha reconocido el Tribunal Supremo en la presente ejecutoria.

Si al agente le corresponde asumir una posición de garante, esto es, proporcionar la información que sea necesaria para que su contraparte pueda adoptar una decisión adecuada a sus intereses, pierde importancia la competencia de la víctima, pues por más diligente que haya sido, dadas las circunstancias, no hubiera podido sustraerse al error provocado por el agente del delito.

Reátegui Sánchez, asumiendo una posición que compartimos y que está acorde con el avance de los estudios sobre la materia, sostiene: “A la víctima le incumbe averiguar los aspectos jurídicos y eco-nómicos de la esfera del autor a los que pueda tener acceso realizando un esfuerzo razonable y coherente con su posición en el tráfico comercial, de acuerdo con la relación económica concreta”.

En esta exégesis, el “rol social” que cumple el individuo en un determinado contexto social subsume la producción de consecuencias lesivas a su propio interés.

Comentario relevante del autor

La nota distintiva para que la conducta del agente/deudor sea considerada como infracción civil o infracción penal no radica en el dolo que haya podido tener el agente/deudor para no cumplir la prestación a su cargo, sino en el ámbito de competencia que le corresponde al agente/deudor, como generador del acto y proveedor de información, y a la víctima/acreedor, como cualificada para proteger su patrimonio.

La imputación a la víctima se fundamenta: i) en su autorresponsabilidad, es decir, asumiendo las consecuencias de sus decisiones tomadas como ser libre; y, ii) en que la víctima se responsabiliza frente a actividades riesgosas a sus propios bienes jurídicos.

De esta manera, la autoprotección exigible a la víctima dependerá del nivel de especialización de la posición jurídico-económica de la víctima. De este modo, a una entidad financiera o a una empresa titular de una actividad económica por la cual se da por descontado su experticia, le será exigible un mayor deber de autoprotección que a otra persona sin dichas cualidades.

VI. ILÍCITO PENAL E ILÍCITO CIVIL

El delito de estafa normalmente se presenta en el marco de un acto jurídico de contenido patrimonial, independiente de la forma en que haya sido celebrado.

Un acto fraudulento puede presentarse tanto en el contexto penal como en el civil. La nota distintiva para que la conducta del agente/deudor sea considerada como infracción civil o infracción penal no radica en el dolo que haya podido tener el agente/deudor para no cumplir la prestación a su cargo, sino en el ámbito de competencia que le corresponde al agente/ deudor, como generador del acto y proveedor de información, y a la víctima/acreedor, como cualificada para proteger su patrimonio.

En una relación contractual, la estafa se gesta al momento del establecimiento de las tratativas que dan ori-gen a las obligaciones, circunstancia en torno a la cual recae la protección conferida por el Derecho Penal; no obstante, la responsabilidad penal no se produce sin antes dilucidar la cuestión competencial del agente y de la víctima que fluye de los hechos.

La ausencia de estas circunstancias, recogida por el precedente vinculante bajo examen, determinará, en consecuencia, atendiendo al caso concreto, a partir del engaño u otro medio fraudulento empleado, si se trata del delito de estafa o del incumplimiento de obligaciones.

CONCLUSIONES

El precedente vinculante establecido en el Recurso de Nulidad Nº 2504-2015, emitido por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, recoge la moderna doctrina penal relacionada con la imputación objetiva, la cual es perfectamente aplicable al delito de estafa.

Un individuo no puede alegar ser víctima del delito de estafa, si estuvo en condiciones de acceder a la información que le hubiera permitido salir de su error, así el agente lo haya provocado dolosamente.

La teoría de la imputación objetiva, basada en los criterios de accesibilidad normativa y competencia de la víctima, puede aplicarse atendiendo únicamente al caso concreto, pues habrá situaciones en las que la víctima, dadas sus particulares condiciones o su posición socioeconómica, hubiera estado de todos modos en imposibilidad de conocer la información real necesaria para adoptar una determinación.

José Antonio Arbulú es abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres. Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad de Granada (España). Diplomado en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Valencia (España), y Certificado en Anti Lavado de Dinero por Florida International Bankers Asociates (EE.UU.) y en Análisis de Inteligencia Financiera por el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (España). Autor de los libros “Prevención, detección y control del lavado de activos” y “Derecho Administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos”. Colaborador de diversas revistas especializadas en Derecho.

ADL

 

13/07/2017