Antilavado de Dinero: Procurador critica sentencias que favorecen al imputado de delitos mayores

Procurador critica sentencias que favorecen al imputado de delitos mayores

Germán Miranda Villalona, procurador adjunto antilavado de dinero de RD y especialista contra la delincuencia organizada critica medidas de coerción a favor de imputados en delitos mayores

El procurador adjunto de la Procuraduría Especializado en Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona, critica el camino que llevan las revisiones y variaciones a las medidas de coerción a favor de imputados en delitos mayores.

A su juicio, debe ampliarse el criterio del arraigo del peligro de fuga y otras valoraciones en las medidas de coerción que se conocen a imputados en el crimen organizado. Destacó que con la prisión domiciliaria se están beneficiando a personas con altos niveles de criminalidad, por lo que recomienda analizar esta situación.

Afirmó que “están debilitando la normativa procesar penal dominicana, ya que se están dando varias medidas de prisión domiciliaria para imputados para los que las condiciones no están dadas”.

Con respecto a la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo afirmó que la misma significa dar pasos acelerados en la lucha contra la delincuencia organizada, no sólo en República Dominicana, sino en toda la región.

“Esta Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo tipifica de forma expresa las infracciones penales asociadas con este flagelo y según su texto, está orientada a evitar el uso del sistema económico para el blanqueo de capitales y la promoción de actos de violencia”.

Asimismo recordó que “Se hace necesario saber con qué tipo de delincuentes profesionales nos encontramos en este medio, lo cual provoca identificarlo según la actividad ilícita o el delito grave de donde procedan, ya sea narcotraficantes o grandes capos, corruptos o altos funcionarios, terroristas, secuestradores, contrabandistas, estafadores, falsificadores, entre otros”.

El procurador Miranda Villalona aseguró que “es necesario aplicar la política antilavado, a partir de, primero conocer a su cliente, establecer procedimientos de controles y supervisión internos, designar buenos oficiales de cumplimiento, programas continuo de formación de empleados en el área de la prevención y control de antilavado, establecer división contable, auditable y fiscalización interna y externa para verificar la eficiencia del sistema, así como la promoción de la cooperación jurídica internacional, el fomento de la capacidad institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y la concientización, entre otras”.

En ese orden, hizo un llamado, tanto a las empresas públicas como las privadas, a estar en conocimiento de la situación, para luego no alegar ignorancia del cumplimiento de las políticas antilavado de dinero y la práctica de técnica o estudio antiriesgo, a menos que quieran comprometer su imagen, reputación, su trayectoria mercantil, comercial o ser condenado administrativa y penalmente.

Cabe indicar que la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fue ampliamente debatida en el Congreso Nacional de República Dominicana y promulgada por el Poder Ejecutivo, y prevé un aumento de las penas entre 20 y 40 años de prisión para aquellas personas halladas culpables de proveer, administrar o financiar bienes o servicios a un individuo y organización terrorista.

A este respecto agregó, “Las penas se aplicarían a aquellas personas que sean cómplices o viajen a otro Estado, diferente al suyo, para entrenarse, cometer o planificar acciones con fines terroristas, la participación en grupos criminales organizados, así como los delitos cometidos por servidores públicos. Entre otros”.

En relación al año pasado el procurador indicó que “el 2016 constituyó un gran potencial en el esfuerzo que libra el país en contra el lavado de activos y demás delitos del crimen organizado, especialmente de activos criminales nacionales e internacionales.

La efectividad de la lucha se refleja en que este año la afectación de bienes muebles e inmuebles se redujo debido a que la mayoría de los cárteles y mafias han sido desarticuladas, y sus principales cabecillas están presos y otros fugitivos del país”, expresó.

Enfatizó que “en el país no nos podemos quedar solamente en el sometimiento de los apresados, sino que debemos seguir trabajando para lograr una investigación financiera y económica a los involucrados y así evitar que los demás cómplices puedan continuar delinquiendo. Si no neutralizamos esos activos, seguirán con sus ilícitos negocios del crimen organizado”. Concluyó.

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21/06/2016