Antilavado de Dinero:  ¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

 Entrevistamos el especialista antilavado de dinero y anticorrupción Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, quien desde Colombia nos aclaró los diferentes conceptos que pueden haber en relación al término corrupción y fraude.

Aclaramos que Juan Pablo Rodríguez es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC.

Es conferencista internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y México. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management y Director & Socio de rics management Panamá.

Corrupción

Afirmó que: “Los actos de corrupción que se producen en el sector público sólo son posibles si en ellos intervienen individuos provenientes del sector privado; que la ausencia de normas que limita el gasto electoral, promueve su transparencia, garantiza el acceso equitativo de los candidatos a medios de comunicación y autoriza el financiamiento público y que es propia de las culturas y pueblos con desventajas económicas.

Se considera corrupción, el conjunto de conductas delictivas que defraudan los recursos públicos del Estado, y que por lo general son cometidas por funcionarios públicos, aunque dependiendo de la legislación, es posible responsabilizar penalmente también a los particulares. Por su parte, la corrupción se puede definir como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados; esta definición incluye tres elementos: el mal uso del poder, un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado y un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

Esta segunda definición que es la que acogemos, es importante porque da mayor alcance al concepto y lo vincula con la ética, ya que el poder mal utilizado se convierte en un antivalor que debe estar lejos de los principios del Gobierno Corporativo, hoy tan esenciales para la realización de negocios con transparencia.

La corrupción tiene su manifestación legal en los códigos penales del mundo a veces con ese mismo nombre y otras bajo acepciones como las de peculado, soborno o cohecho. Lo cierto es que esta conducta, cometida por acción o por omisión corrompe y corroe las instituciones públicas y las entidades privadas, con igual grado de responsabilidad, toda vez que es tan corrupto el que solicita y recibe como el que propone y da.

En algunas legislaciones, como es el caso de la colombiana, la corrupción pública afecta la administración y los recursos públicos y la corrupción privada afectan el patrimonio económico de los particulares. Sin embargo, los delitos vinculados con la primera, de forma genérica son, el peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos estatales, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la utilización indebida de información y el soborno trasnacional.

Por su parte, la corrupción privada se tipifico sol hasta mediados del 2011, por lo que tratos amañados entre empresarios y proveedores que implicaran beneficios indebidos para uno o para otro, no eran considerados delictivos, a pesar del daño que causaban. Ahora son sujetos de la ley penal los socios, los accionistas, los representantes legales, los directivos, los empleados, los proveedores y cualquier tercero vinculado con la empresa.

Debe destacarse que por regla general los actos de corrupción pública y privada deben ser cometidos de forma dolosa y por acción y solo por excepción se consideran delitos algunas formas de peculado culposo y otras formas de corrupción omisiva, lo que no ocurre con la corrupción privada.

Por la importancia teórica y práctica del concepto de corrupción nos apartamos de la inclusión de éste dentro del concepto de fraude como lo considera el ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) en el denominado árbol del fraude, tanto que existe una Convención contra la Corrupción de la ONU, situación que no sucede con el fraude, por lo que debe tratarse de forma independiente.

¿Quién peca más, el que paga por la peca, o el que peca por pagar?

Herramientas: Sin importar su rol en las entidades públicas o privadas para las que trabaja:

• Haga una lista de los delitos de corrupción tipificados en el código penal de su país.
• Defina cuáles de esos delitos afecta su entidad.
• Haga una base de datos de los casos de corrupción sucedidos en su entidad.
• Clasifique los casos de corrupción sucedidos en su entidad por cuantía, fecha, si fue interno o externo, si fue judicializado y si hubo recuperación económica.
• Haga una lista de las tipologías de corrupción que se presentan en su entidad.
• Como conclusión de estos dos primeros blogs los invitamos a ver el Estándar Australiano AS 8001 de 2008 sobre el control del fraude y la corrupción”.

Fraude

Al hablar sobre fraudes, se refirió: “Primero digamos, por un lado, que es más conocido el término “fraude” que el de delito económico y financiero, y por el otro, que es un concepto más desarrollado por la ciencia contable que por el derecho, lo cual en la práctica hace que no se especifique la conducta delictiva cometida y que de forma genérica a cualquier desfalco se le llame fraude y que si no tiene una manifestación en los estados financieros no sea perseguido penalmente.

Instituciones tan autorizadas como ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) IIA (Institute of Internal Auditors), AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants), ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) y la IFAC (International Federation of Accountants) se han dado a la tarea de definir el fraude y esos conceptos determinan y limitan el alcance de su aplicación.

Por lo anterior, teniendo en cuenta lo anterior, creemos que fraude es la denominación genérica de una conducta delictiva que casi siempre está tipificada en el código penal y es cometida por acción, omisión, dolo o culpa (imprudencia) por una o varias personas naturales (empleados, directivos o terceros) o jurídicas de derecho público o privado locales o internacionales en contra de una o varias personas naturales (empleados, directivos o terceros) o jurídicas de derecho público o privado locales o internacionales.
Solo en los códigos penales de Panamá, Estados Unidos y las directivas de la Comunidad Europea existe el fraude como delito.

Esta definición abarca todas las posibles tipologías o formas en las que se presenta el fraude en los casos de la vida real, sin perder de vista que no todos están recogidos en las normas penales, lo cual dificulta su judicialización, ya que los códigos penales solo tipifican como delitos los fraudes después de varios casos sucedidos y no se anticipan al comportamiento delictivo de los seres humanos.

Herramientas, sin importar su rol en las entidades públicas o privadas para las que trabaja:

1. Haga una lista de los delitos económicos y financieros tipificados en el código penal de su país.
2. Defina cuáles de esos delitos afecta su entidad.
3. Haga una base de datos de los fraudes sucedidos en su entidad.
4. Relacione los fraudes de su entidad con los delitos económicos y financieros.
5. Clasifique los fraude sucedidos en su entidad por cuantía, fecha, si fue interno o externo, si fue judicializado y si hubo recuperación económica”. Concluyó Juan Pablo Rodríguez Cárdenas.

antilavadodedinero

13/03/2017