Pese a que la corrupción pública ocupa la atención de los organismos internacionales y es uno de los factores determinantes de la calificación de los países, según su calidad institucional y su seguridad jurídica, es importante considerar que el sector privado juega -en muchos casos- un papel clave en los esquemas de este delito.

Esto porque difícilmente pueda haber corrupción en el sector público sin un actor privado que la consienta y la materialice. Así, por ejemplo, cuando una organización privada entra en una relación de negocio con un proveedor externo, existe una oportunidad de corrupción pública.

Algo que, además, explicaría por qué la corrupción en las esferas de los gobiernos de la región latinoamericana ha alcanzado niveles inéditos en los últimos años dentro de una matriz que reconoce una estrategia de enriquecimientos personales, en consonancia con la creación de poder político. En tanto la utilización de fondos públicos para lograr adhesiones políticas ha sido fluida junto con su manipulación en beneficio de personas y empresas cercanas a las cúpulas gobernantes.

Y aunque la comisión de este delito en el sector privado tiene menor repercusión política, social y mediática que la pública, su importancia moral es similar.  Un claro ejemplo de lo antes dicho es el del banco HSBC.

“A ese banco lo han multado en todas partes, desde México hasta China. No puedes tener sujetos con cuentas multimillonarias en un banco sin verificar el origen de esos fondos. Pero esa es la doble moral del mundo”, señala el abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado, editor del portal Antilavado de Dinero y autor del libro "Así se lava dinero en Venezuela", Alejandro Rebolledo.

En 2012, HSBC en Estados Unidos reconoció su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos y pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades del país norteamericano. La estrambótica cifra, que constituye un récord, no fue objetada por el banco y sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

La compañía se disculpó por el escándalo en el que estuvo inmerso, luego de que desde Washington se dijera que la firma lavó dinero del narco mexicano y de otros focos del blanqueo de capital mundial, alegando que en esa época funcionaba de forma “más descentralizada” y que por eso se pudo dar esa situación en la oficina del banco en Suiza.

Para el especialista en delincuencia organizada Rebolledo, que casos como el de HSBC hayan acabado en solo multas es una pena. “Últimamente ha pasado que bancos como el HSBC, que ha tenido multas importantes por lavado de dinero, sus socios o directivos se han visto involucrados en investigaciones por parte de las diferentes jurisdicciones. Pero, lamentablemente, terminan en multa y no en sanciones más severas”, indica.

No obstante, menciona que mundialmente los bancos que han sufrido esta clase de situaciones cuentan “permanentemente con un tema de reputación bien grave, en virtud de que se analiza en muchas ocasiones cuáles son los negocios que se realizan allí”.

HSBC en Estados Unidos reconoció su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos

La corrupción privada desde lo alto

Dentro de las estructuras que se manejan en casos de corrupción privada se pueden encontrar a altos rangos de las organizaciones implicadas.

De allí que, de acuerdo con el consultor legal corporativo en corrupción, lavado de activos y soborno transnacional, colombiano Eduardo Álvarez (@EduAlvarezR), ya no sorprenda encontrar en escándalos de corrupción corporativa a socios, miembros de junta directiva, presidentes, gerentes o directores de una sociedad.

El especialista detalla que estos escándalos de corrupción presentan características similares, como la implicación de sumas significativas de dinero, la ejecución de contratos transcendentales para la sociedad, la apertura de cuentas en el exterior o la creación de sociedades offshore que no son reportadas a las entidades de vigilancia y control.

“Para llevar a cabo estos actos delictivos, de gran magnitud, es casi imposible que los administradores no se encuentren al tanto. Por lo menos, así lo deja en evidencia las investigaciones penales de la Fiscalía General de la Nación en casos como los de Interbolsa, ESTRAVAL, Efecty y el Carrusel de la contratación en Bogotá. Por mencionar solo algunos”, dice a la redacción de Antilavado de Dinero, aludiendo a los cuatro casos más sonados sobre corrupción privada en su natal Colombia.

Justamente en ellos se basa para aseverar que en una red criminal de esta magnitud es necesaria la alineación de los administradores. Es decir, el previo acuerdo en la participación, planeación y ejecución del proceso, el cual debe ser censurable frete a las normas de cumplimiento y ética y conducta de la entidad.

“Cabe aclarar, que no todas las situaciones en contra de estas políticas de la compañía son corruptas o susceptibles de sanción penal o administrativa, también existen hechos que solo pueden constituirse como amonestaciones frente a los cánones de transparencia o conflicto de interés consagrados en los reglamentos de Gobierno Corporativo; verbigracia, recibir obsequios por parte de personal externo a la sociedad, que aunque no son temas de represión punitiva o administrativa, no son muy bien vistos en los gobiernos que desean fomentar la transparencia”, puntualiza.

Igualmente, aclara que existen actos de corrupción corporativos en procesos de contratación, de selección de proveedores o de entrega de productos o servicios, ejecutados por empleados, que, abusando de la confianza concedida por la entidad buscan un beneficio propio.

“En estos hechos no necesariamente están involucrados los administradores. Por tal motivo, no podemos enmarcarlos como hechos netamente de corrupción corporativa, puesto que aquí la empresa fue víctima”, añade.

El caso Interbolsa fue uno de los más sonados sobre corrupción empresarial en Colombia

Los efectos del crimen

La corrupción privada puede tener efectos devastadores tanto en la empresa como en las naciones en las que se cometen.

Por un lado, las empresas responsables de este delito pueden enfrentar sanciones penales y administrativas para los administradores.

Además, Álvarez apunta que los hechos de corrupción pueden irradiar en otros riesgos, como el legal y el reputacional, siendo este último, a su juicio, el más difícil de recobrar “porque la reputación de la persona o de la compañía es un bien privado invaluable”.

Y es que una organización que se ha visto involucrada por un escándalo puede verse severamente afectada en sus futuros negocios, alerta Rebolledo.

“La repercusión que tiene reputacionalmente para una empresa el haberse visto involucrado en un escándalo, sobre todo si en sus características o el mercadeo de sus negocios tiene que ver con su prestigio, es tan grande que puede perjudicar incluso todo tipo de negocios”, señala.

El especialista en delincuencia organizada detalla que, por ejemplo, si un banco ha sufrido un escándalo en el que se descubrió que a sus arcas ingresó dinero producto de actividades ilícitas, acarreando sanciones o multas de parte de los órganos supervisores, fiscalizadores o reguladores, los clientes de esa entidad, o quienes traten de hacer negocios con ella, encontrarán riesgos importantes para seguir haciendo actividades comerciales con ellos o empezar a hacerlas, en virtud de que su reputación está desprestigiada.

“Igualmente otro tipo de empresas que hayan podido hacer negocios o no bancarios. Si un negocio no financiero tuviera algún inconveniente, bajo el punto de vista reputacional por no contar con las medidas de prevención de riesgos, también sería una compañía a la cual mucha gente no quisiera acercarse en virtud de poder tener riesgos de perder negocios o verse vinculados con negocios de mala reputación”, añade.

Además, la reputación del país donde se realizó el delito queda manchada y corre el riesgo de perder futuras inversiones extranjeras. Esto debido a que algunas compañías no querrán verse involucradas con gobiernos permisibles en hechos de corrupción o que pueden percibir que sus políticas anticorrupción no son lo suficientemente fuertes para combatir el fenómeno, dice Álvarez.

“Por lo tanto, puede desestimular a países, sectores económicos o multinacionales que quieren apostar por la inversión y la creación de empleo en el país”, alerta.

En palabras del especialista colombiano, esto puede ser incluso más grave cuando la empresa privada participa en procesos licitatorios del Estado y por hechos de corrupción la compañía se adjudica el contrato, esta debe recuperar la inversión (soborno) que ofreció para quedarse con dicha adjudicación.

“Por consiguiente, debe optar por adquirir materiales de bajo costo, afectando la calidad de la obra o por medio del incremento o adiciones del contrato inicial. De esta forma, la más afectada es la población, quien debe recibir una obra con materiales de baja calidad o que como consecuencia de hechos de corrupción los dineros públicos que estaban destinados a otras obras públicas debieron ser entregados como ‘dadivas’ a diferentes funcionarios entre públicos o privados”, sentencia. 

Posibles soluciones

En la lucha contra la corrupción difícilmente se puede diseñar un plan que acabe de raíz con este problema, bien sea a nivel público o privado, debido a que existen diversos sectores económicos y en cada uno de ellos el riesgo de que se cometa este crimen se manifiesta de diferentes formas.

Pero, el consultor colombiano Álvarez expresa que este mal sí puede combatirse a nivel corporativo a través de la realización del diagnóstico de un experto el cual determine algunas cosas importantes, entre ellas, si la composición actual de los miembros de junta directiva es la más adecuada para la compañía, tratando de encontrar una junta independiente, multidisciplinaria y con diversidad de género o edades; sugerencia que realiza en base a un estudio de tendencias de Juntas Directivas realizado por el Grupo de Gobierno Corporativo del International Finance Corporation – IFC.

“Asimismo, se debe determinar si la estructura del Gobierno Corporativo está bien diseñada con el ánimo de contribuir a la mitigación del riesgo o si los diferentes comités están bien constituidos, en el sentido de establecer si cada uno de sus miembros es idóneo para ocupar el cargo, en el sentido de que este no represente algún tipo de conflicto de interés con otras compañías del grupo empresarial, del sector o con cualquiera de los stakeholders”, explica.

Tanto Álvarez como Rebolledo coinciden en que es recomendable realizar acciones de sensibilización a los empleados con el ánimo de disminuir el porcentaje al riesgo expuesto de corrupción o fraude, como por ejemplo, talleres de ética del funcionario, con el fin de concientizar a los empleados de su responsabilidad frente a la empresa y la implicación penal y social que conlleva la comisión de hechos delictivos, sin dejar de lado el daño reputacional que pueden causar a la empresa y los administradores.

“Se debe tener adiestramiento, capacitación y actualización de esos conocimientos porque el crimen organizado transnacional permanentemente renueva sus métodos para lavar dinero y la única manera de que el personal pueda enfrentar eso es mantenerse actualizado constantemente”, insiste Rebolledo.

A ello se unen las acciones que puedan tomar los gobiernos en contra de la comisión de este delito. “Considero que las políticas adelantadas en esta materia por parte del Estado colombiano; como los proyectos de ley anticorrupción y el ingreso a la OCDE, son medidas de fortalecimiento que envían un mensaje de compromiso de cara a la lucha contra la corrupción. De igual forma, vemos que las disposiciones que vienen estableciendo las entidades de vigilancia y control contribuyen, a que por una parte, las sanciones cada vez sean más duras frente a la permisividad de las compañías y por otra, las organizaciones adquieran un mayor grado de concientización en materia de transparencia corporativa”, alega Álvarez.

Por su lado, Rebolledo expresa que “no basta con imponer sanciones severas para quienes cometan actos de corrupción. Hay que establecer políticas de control y prevención que minimicen los riesgos, aunado a la necesidad de depurar las instituciones a través de constante adiestramiento que le permitan conocer a los funcionarios los riesgos, las causas y sobre todo, las consecuencias de dichos actos y su repercusión social, para así crear conciencia y un desarrollo sociocultural, que en su conjunto permita una lucha efectiva contra la corrupción”.

En Alemania es poco probable que las compañías encuentren sobornos u otras prácticas corruptas

El especialista hace referencia al caso de Alemania, donde la corrupción no es un obstáculo importante para las empresas y es poco probable que las compañías encuentren sobornos u otras prácticas corruptas. Esto debido a que dicho país tiene sólidos marcos institucionales y legales anticorrupción. 

De esta forma, el Código Penal alemán se aplica a individuos, no a empresas, y hace que sea ilegal ofrecer, pagar o aceptar un soborno. Las empresas pueden ser consideradas responsables civilmente por los delitos de corrupción cometidos por sus representantes en virtud de la Ley de delitos reglamentarios, con multas de hasta 10 millones de euros y la confiscación de todas las ventajas económicas obtenidas mediante sobornos. Los pagos de facilitación están prohibidos, y los regalos de pequeño valor y la hospitalidad puede considerarse ilegal dependiendo de la intención, el beneficio y el valor. La aplicación de sobornos en el extranjero ha aumentado significativamente en los últimos años, y un gran número de empresas y personas alemanas destacadas de empresas han sido enjuiciadas con éxito, recuerda.

El especialista en delincuencia organizada concluye, además, que “cuando las autoridades sienten, en un momento determinado, con cada uno de los sectores que conforman la sociedad en cada uno de estos países afectados severamente por este delito para llegar a acuerdos que beneficien a todos. Cuando se den los pasos contra la corrupción, contra la impunidad y apoyo a las instituciones, es cuándo tendremos resultados para un mejor continente”.

ALD / Luis Mendoza

29/10/2018