Desde la creación del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno ha malversado USD 5 millardos, esto de acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).

La investigación, encabezada actualmente por el diputado Freddy Superlano, apunta a que únicamente entre 2016, año en el que se creó el CLAP, y 2017, el país sufrió un daño patrimonial de 5000 millones de dólares, los cuales, fueron a parar a las varias empresas importadoras.

 
Superlano acusó directamente al presidente de la república, Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores, de manejar la red de corrupción que se extiende por México, Panamá e incluso China, esto de acuerdo con una lista de diez compañías publicada en febrero de este año por la periodista Elyangélica González.
 
Pero no es la primera vez que el jefe de Estado es señalado de ser partícipe de los guisos CLAP. En agosto de 2017, la fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, reveló que Maduro era uno de los implicados en la red de corrupción, junto a los colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y un tercero, Rodolfo Reyes, todos propietarios de Group Grand Limited, una de las importadoras contratadas por el Ejecutivo nacional.
 
Group Grand Limited
De acuerdo con una investigación de Armando Info, pública en su portal web en febrero de este año, Group Grand Limited es la empresa a través de la cual el Gobierno venezolano obtiene los productos mexicanos que se incluyen en las cajas de alimentos distribuidas por los CLAP.
 
La misma, fue registrada en el año 2013 en Hong Kong, bajo el nombre de Shadi Nain Saab Certain, un familiar de Saab Morán, socialité barranquillero que inició negocios con la cúpula socialista a través delFondo Global de Construcción, el cual proveía materiales para la construcción de la Gran Misión Vivienda.
 
Ambas compañías, el Fondo y Grand Group, ocupan la misma sede física en la urbanización El Rosal, municipio Chaco del estado Miranda, sin embargo, la primera, no cuenta con Registro de Información Fiscal (RIF) ni está incluida en el Registro Nacional de Contratistas (RCN), sin embargo, las facturas emitidas entre esta y la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), revelan que la compañía de Saab Certain, sí labora en Venezuela.
 
El reportaje también señala que en octubre de 2016 fue que Group Grand Limited y la Gobernación de Táchira, iniciaron las turbias negociaciones, las cuales, fueron aprobadas por Nicolás Maduro, quien validó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como otros impuestos aduaneros, solicitada por el exmandatario de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, para la importación de 10 millones de cajas que serían distribuidas entre los meses siguientes por los CLAP.
 
Fue entonces, cuando a través del Fonden se aprobaron 340 millones de dólares cotizados a la desaparecida tasa de cambio de Divisas Protegidas (Dipro), diez bolívares fuertes, de los cuales, Group Gran Limited, habría cobrado, hasta finales de enero de este año, 212,3 millones de dólares por la venta de 95,1 millones de kilos de alimentos como mayonesa, caraotas, pasta, harina de maíz, atún enlatado leche en polvo y otros productos provenientes de México, país en el que la compañía tendría su tercera sede.
Es en este punto del negocio donde radica la estafa del plan de abastecimiento. 
 
Group Gran Limited habría sobrepreciado los alimentos vendidos al Gobierno nacional, sumando varios dólares a la venta por kilo de cada producto, y vendiendo cada caja de alimentos por 34 dólares a la tasa preferencial. Sin embargo, para entonces, el Ejecutivo revendía las cajas a las familias venezolanas por más de 950 dólares Dipro, .
 
Postar Intertrade Limited
Algo similar a lo ocurrido con Postar Intertrade Limited, la cual, pertenece a Samark López Bello, acusado por los Estados Unidos de ser el testaferro de Tareck El Aissami. Según una investigación realizada por la Comisión de Contraloría de la AN, López Bello habría obtenido USD 294 millones  por la importación de los alimentos para las cajas CLAP, a través de un sistema de sobreprecio a cada producto traído a Venezuela desde México.
 
La compañía, con sede en Barbados, cobró al Ejecutivo venezolano 42 dólares por cada caja pese a que el costo en el mercado era de USD 12,44, es decir, que por cada kit, López Bello obtuvo una ganancia extra de USD 29,56 que se traducen en casi USD 207 millones por la importación de siete millones de cajas.
“Mi trabajo es logístico, encontrar los mejores precios y coordinar las rutas. Si tu necesitaras un elefante de la India, yo haría una oferta sobre ese proyecto”.
 
Otras empresas
Pero los guisos con los alimentos distribuidos en los CLAP, no se detuvieron ahí, y es que, de acuerdo con la información provista por Elyangélica González, al menos otras veinte empresas están involucradas en la mega red de corrupción.
  • M.I.R Importaciò I Ezportaciò SL
  • Surento S.A.
  • FB Foods LLC C.A.
  • RMJ Inversiones Ramaja Limitada
  • Agrovarius S.A.
  • Shinning Capital
  • Hartsdale Consulting INC
  • Million Rise
  • RMJ Inversiones Ramaja Limitada
  • Modexel Consultores Servicios S.A.
  • Bamfaster Trading and Consulting LLC
  • J&B International
  • Shinning Capital
  • Luck Fortune
  • Max Power Engeering LTD
  • Hartsdale Consulting INC
  • Verjel Tech Group Corp
  • Galanga Foods INC
  • Worldwide Foods LLC
  • Sirab Logistic S.A.
  • Mass Joy Industries LTD
Entre las señaladas, destaca Mass Joy Industries LTD, por estar presuntamente vinculada con Yussef Abou, pareja sentimental de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
 
Esta empresa, creada en Panamá en el año 2009, habría recibido USD 4 millones por importar alimentos de las cajas CLAP, uno de los pagos más altos de la lista, solo por debajo de Worldwide Foods LLC (USD 5 millones), de Daniel Rodríguez; Group Grand Limited (USD 11,5 millones), de Saab Morán y Pulido Vargas; Max Power Engeering LTD (USD 10 millones), de Miguel González; Shinning Capital (UDS 5 millones), de Edmundo Rotondaro; Million Rise (USD 5 millones), de Omar Abou, cuñado de Rodríguez; y Surento S.A. (USD 5 millones), de Miguel Mora.
Los enchufados

Alex Saab

Pulido Vargas y Saab Morán
Ambos colombianos, amasaron una fortuna de cientos de millones de dólares al ser beneficiados por el Estado venezolano. Además de ser socios en Group Grand Limited, importadora de alimentos para los CLAP, Saab Morán y Pulido Vargas, este último sobrino de la senadora colombiana Piedad Córdoba, guardan cercanos vínculos de negocios en otros proyectos.
 
Uno de los más notables, el del Fondo Global de Construcción, a través del cual utilizaban exportaciones ficticias desde Ecuador para obtener acceso a dólares preferenciales de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). 
Según una investigación de Armando.Info, pública en su página web en febrero de este año, Saab Morán inició su relación con el Gobierno de Hugo Chávez en 2011, al firmar un multimillonario contrato para importar materiales de edificación para la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
 
Los datos aportados, apuntan a que la transnacional se vinculó en guisos con el Ejecutivo venezolano a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) y de Cadivi, con los que se habrían malversado 159,8 millones de dólares que estaban destinados a la compra de materiales de construcción para la Misión Vivienda. De esta cifra, en Venezuela solo se registraron facturas por el monto de 3,1 millones de dólares.
 
 “Venezuela lanzó la misión Vivienda hace unos 10 años. Ofrecí un sistema italiano de construcción, que tiene más de 50 años en el mercado y cerca de 60 plantas en el mundo, para fabricar paredes y techos de forma automática y con enormes ahorros en consumo de hierro y cemento. Luego de un año de trabajo y tocar puertas, logramos entrar y abrimos una fábrica. Debo ser enfático en esto: no conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios en razón de la suscripción y ejecución de los contrato”. 
 
Pero Saab y Pulido no solo son compañeros de negocios, también lo son de expedientes criminales. De acuerdo con Univisión, mientras que el sobrino de Córdoba utilizó durante varios años una cédula de identidad de una persona muerta para ocultar presuntos vínculos con el narcotráfico, a Saab le fue negada la visa estadounidense por su supuesta participación en actividades ilegales, las cuales, son investigadas por la DEA.
Saab y su representante legal han negado estar vinculados con los guisos del Gobierno venezolano y los señalamientos de Univisión, mientras que Pulido aseguró que su documento de identidad siempre ha sido el mismo.
 
“No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos (Group Grand Limited), y jamás hemos dado regalos ni comisiones a ningún miembro del Gobierno ni al presidente por ninguna de las obras o proyectos que hemos realizado”

Samark López

Samark López
El economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, habría enlazado con El Aissami en los 2000, cuando ocupó la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Gobernación de Mérida, entidad en la que el ministro fungió como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
 
Fue sancionado en febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y señalado por ser el presunto testaferro del ex vicepresidente venezolano, acusado por presuntamente estar vinculación con el narcotráfico entre Mexico y EE.UU., una acusación que el equipo de comunicación del empresario negó en su página web“El Sr. López no es un funcionario del gobierno y no ha participado en el tráfico de drogas“.
 
Pero los escándalos entorno a su fortuna no se detienen ahí. López Bello tiene, además Postar Intertrade, Servicios Tecnológicos Industriales C.A., que tuvo como principal cliente a Sidor; Profit Corporation, contratada por Pdvsa Gas, vinculada a El Aissami e incluida en la lista OFAC; Sahect C.A., que trabajó para Pdval y estuvo involucrada en el caso pudreval, en el que se consiguieron 25,000 toneladas de alimentos descompuestos; Alfa ONE, C.A.; y SMT Tecnología, C.A.
 
Además, ha sido señalado por participar en presuntos guisos en Delta Amacuro, estado en el que nació. Una fuente reveló a esta redacción que López Bello financió varios proyectos a través de sus empresas, como la remodelación de la Catedral de Tucupita, y estableció negocios con familiares de la gobernadora de la entidad, Lizeta Hernández, especialmente con Michel Abchi, excandidato a la AN y primo de la funcionaria.
 
El CLAP, la “solución” al bachaqueo
“Los CLAP son la cura del bachaqueo y la corrupción, para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano”, aseguró el presidente Nicolás Maduro tras la inauguración del plan de distribución casa por casa, en abril de 2016.
 
Asimismo, Freddy Bernal que asumió la jefatura del Centro de Comando y Control Nacional del CLAP desde entonces, indicó: “Es una creación para ganar la guerra económica, para estabilizar la economía en los próximos seis meses”. 
 
Sin embargo, a más de dos años de estos anuncio, nada se ha cumplido. Contrariamente a lo que auguró el mandatario nacional, el bachaqueo se intensificó con la creación del CLAP, y es que los productos incluidos en los kits, pronto empezaron a venderse en la calle a precios de mercado.
 
Sumado a esto, la crisis económica empeoró críticamente, tanto, que el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que el año cierre con una hiperinflación de un millón por ciento, lo que ha incrementado la pobreza y ha contribuido a que cada vez una mayor parte de la población se vea obligada a recibir el beneficio.
Lo que surgió como una medida coyuntural, se ha establecido como un mecanismo de control social con el que el Gobierno ha coaccionado a millones para que participen en procesos electorales o, lo más reciente, para que se saquen el carnet de la patria.
 
“Los CLAP son una medida coyuntural, no vamos a tener los CLAP para toda la vida. Es una medida que en base a una nueva dimensión de la guerra económica, también nos estamos amoldando a esta nueva situación para poder combatir esta guerra de cuarta generación”. 
 
En enero, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional de los CLAP, que tiene como fin:
 
“Regular la constitución, organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como el reconocimiento de la organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y productos, a fines de garantizar, la independencia, el bienestar social del Pueblo, la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de la Nación”.
 
Además, la Ley establece que el CLAP “se conformará a escala local en cada una de las comunidades y sectores sociales del territorio nacional de forma flexible y en atención a las circunstancias de la realidad cultural, económica, política y social”, lo que demuestra que el mecanismo no es temporal, una afirmación que hecha por el propio Maduro, quien en julio manifestó con entusiasmo:“¡Los CLAP llegaron para quedarse!”.
 
 
ALD/ElCooperante
 
04/10/2018