La recuperación de las naciones dirigidas por gobiernos autoritarios o dictatoriales pasa por la aplicación de herramientas jurídicas que permitan su reinstitucionalización. Y es que es precisamente la falta de independencia en los organismos públicos lo que lleva a la crisis y abre el camino hacia la transformación en un Estado mafioso. Pero ¿por qué?

Cuando los poderes del Estado recaen sobre una misma persona o grupo se está en presencia de un régimen autoritario. Lo que trae como consecuencia la pérdida al derecho de los ciudadanos a una segunda y tercera opinión.

A fin de cuentas, en una sociedad que pretenda ser justa, tan importante como tener los tres poderes es que sean independientes, porque es la autonomía de estos lo único que puede garantizar un sistema de libertades públicas justo y coherente. Y esta es la mayor falla de los gobiernos autoritarios o dictatoriales.

“Dentro de estas naciones gobiernan instituciones subordinadas a un régimen donde es una ideología única la favorecida por la justicia. Dificultando que los verdaderos criminales puedan pagar por sus delitos”, explica el abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado, editor del portal Antilavado de Dinero y autor del libro "Así se lava dinero en Venezuela", Dr. Alejandro Rebolledo.

El riesgo de la falta de autonomía

Este mal es el principal síntoma de un país hacia su inminente transformación en un Estado mafioso.

“Los Estados mafiosos se forman básicamente donde no existe autonomía de las instituciones. Donde no hay independencia de los poderes públicos las mafias tienen el control del Estado, porque esto es lo que hace posible que todo lo controle una sola forma y una sola visión de las cosas”, detalla Rebolledo. Las evidencias respaldan su tesis.

En Rusia, donde el crimen organizado controla muchos sectores de recursos naturales que son el fundamento de la economía local; teniendo participación en oleoductos, explotación de madera, gas, diamantes y oro, generando grandes implicaciones políticas; existe una democracia aparente bajo un autoritarismo oculto.

Desde la repentina dimisión de Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999, Vladimir Putin, un exmiembro de la policía secreta KGB, ha controlado el país. Putin adoptó a su llegada formas democráticas, pero reteniendo el control social y controlándolo todo gracias a un gran despliegue de la policía secreta. Favoreciendo a los empresarios que le son afines y persiguiendo a los que no.

Todo esto ha llevado al país a caer en las redes de una inmesurable corrupción, donde incluso se ha denunciado que los abogados tienen poco trabajo porque es muy fácil poder sobornar a un juez. Y donde la propia elección de este territorio como sede del mundial de fútbol 2018 fue cuestionada de principio a fin.

La misma situación ocurriría en Corea del Norte, donde el Estado funciona como lo haría cualquier banda delictiva, realizando actos ideados por la Oficina 39, organización en las sombras del gobierno norcoreano que se encarga de generar divisas a como dé lugar.

Allí el control total y autoritarismo es la fórmula aplicada por el Gobierno de Kim Jong-un, a fin de evitar cualquier tipo de insurrección civil.

Los gobiernos de Vladimir Putin (Rusia) y Kim Jong-Un (Corea del Norte) son ejemplos de autoritarismo

“La religión aquí no está permitida y el proselitismo es un crimen muy serio castigado con la muerte. Lo único que se venera en este país es al Gran Líder. El gobierno tiene que aprobar todo lo que ocurre en la universidad. Ellos seleccionan a los estudiantes, que principalmente son los hijos de los funcionarios del partido dirigente. En Corea del Norte el gobierno decide todo: la carrera que seguirás, la escuela a dónde irás, las actividades que harás”, afirmó la investigador surcoreana Suki Kim a BBC Mundo, tras lograr infiltrarse en una universidad de ese territorio.

Pero no todo queda allí. En sus primeros cinco años de mandato, Kim se ha deshizo de a poco de toda la nomenclatura que rodeó a su padre y predecesor, Kim Jong-il, llegando al punto de mandar a fusilar a su propio tío a quien acusó de corrupción porque éste intentó controlarle los movimientos; haciendo una purga en las fuerzas armadas, el pilar fundamental del régimen del padre, al quitarle a los generales y mariscales gran parte de su poder para devolverlo al gobernante partido comunista, regresando así a los tiempos de su abuelo, Kim Il-sung. Se calcula que purgó a 340 funcionarios en esa época.

Y bajo esa cortina de hierro dominada por Kim Jong-un funge la Oficina 39, la cual ha sido descrito desde Washington como "una rama secreta del gobierno que provee apoyo fundamental para el liderazgo norcoreano, en parte mediante actividades económicas ilícitas y el manejo de fondos en negro, que generan ganancias para los líderes", según el portal argentino de noticias Infobae.

Entre las actividades de este grupo de altos funcionarios se cuenta la famosa falsificación de superdólares. Billetes falsos de tan buena calidad que “se podía ir a Las Vegas, meterlos en las máquinas y jugar sin problemas porque estas los tomaban de inmediato", evaluó una investigación de Vanity Fair. El equipo también realizó fraudes de seguros, manejó parte de la flota de taxis guinda y cobre KKG que recorren Pyongyang y también produjo metanfetamina, según NK News.


Otro caso notorio es el de Venezuela, donde se ha evidenciado la relación del Ejecutivo con organizaciones criminales. En el país caribeño se ha instaurado el autoritarismo desde la llegada al poder de la llamada “revolución bolivariana”, hoy dirigida por el presidente Nicolás Maduro.

La falta de autonomía en los poderes venezolanos es tal que el Ejecutivo tiene bajo su control a los organismos Judicial, Electoral y Ciudadano. Contando además con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de una Asamblea Nacional Constituyente abiertamente oficialista, que se ha formado ante la necesidad del mandatario de retomar el dominio del Legislativo, tras la derrota electoral sufrida en diciembre de 2015.

Pero mucho antes de esto, en 2008, Estados Unidos había acusado al general y exministro Henry Rangel Silva, quien hoy funge como gobernador oficialista del estado Trujillo, de apoyar el tráfico de drogas.

A ello se unen otras evidencias como las declaraciones del capo narcotraficante de origen sirio Walid Makled, quien aseguró tener documentos y grabaciones que involucran a 15 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional, así como a varias autoridades civiles.

Por ello no es casual que, según la ONU, Venezuela sea a la fecha el corredor por donde pasa la mitad de la droga destinada a Europa. Y esta conversión de la nación petrolera en un Estado mafioso le ha costado a sus ciudadanos la pérdida de unos 800 millardos de dólares, de acuerdo a las cifras de Rebolledo.

“El monto es global y no de los últimos años. Calculamos que son más de 800 millardos de dólares los que se han lavado en Venezuela en los 18 años del gobierno a través de Pdvsa y sus filiales, mediante sobrefacturaciones y subfacturaciones a empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado, en organismos como Cadivi y Cencoex, con los sistemas Simadi, Sitme, el convenio Aladi, la utilización del Sucre como moneda digital, el Arco Minero y la corrupción interna”, expone.

Bajo el control de un gobierno autoritario, Venezuela se ha convertido en el corredor por donde pasa la mitad de la droga destinada a Europa

La independencia como solución

De allí que sea necesario la búsqueda de soluciones para la reinstitucionalización de países autoritarios y acabar con su papel de Estados mafiosos, en tanto esto último también ha incrementado a sobremanera el reto mundial que ya representaban el tráfico de drogas, armas, seres humanos, petróleo e incluso material nuclear, por solo mencionar algunos.

Para el abogado argentino José Luis Pavón, el primer aspecto para alcanzar esta meta pasa por establecer un compromiso nacional de fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, frente a la falta de funcionamiento de las instituciones.

Señala que la reinstitucionalización de un Estado comienza por instaurar la seguridad jurídica, la ética, responsabilidad y lucha contra la corrupción, los derechos económicos, sociales y civiles y la seguridad y defensa.

Para ello, dice a la redacción de Antilavado de Dinero, es necesario que “las instituciones judiciales funcionen eficientemente e independientemente. Por lo que la elección de magistrados debe darse dentro del mayor consenso posible con la designación de personas que estén por encima de las posiciones partidistas y fuera de toda duda sobre su imparcialidad”.

Sus palabras concuerdan con las del especialista en crimen organizado Rebolledo, quien recalca que se puede eliminar la falta de autonomía de los poderes con transparencia.

“Cada vez que las elecciones de los gobernantes y funcionarios encargados de monitorear, auditar, decidir y juzgar sea de manera independiente y autónoma podemos tener transparencia y las mafias no encontrarán un territorio fértil para estar”, revela.

A esto se une la lucha contra la corrupción. Algo que, según Pavón, debe incorporarse a las normas internas del ente Legislativo como una obligatoriedad para iniciar procesos de investigación cuando se soliciten por porciones significativas de sus integrantes, a fin de no dejar en manos de las mayorías esas decisiones.

El experto hace referencia al hecho de que si los territorios son controlados por una sola forma de pensar y tienen un solo estilo de ver las cosas es cuando se sancionan a unos y a otros no. Esto, según Rebolledo, porque “los que no tengan a una visión similar a la forma de gobernar siempre son los perjudicados y los que están a favor son los beneficiados, haciendo que el crimen organizado tome ventaja de esta situación”.

En este sentido, las políticas para combatir esta situación pasan por el desarrollo de sistemas de inteligencia y contrainteligencia que identifiquen las instituciones gubernamentales corruptas y brinden al Estado los elementos suficientes para una adecuada procuración de justicia, fortaleciendo el ejercicio de la acción policial y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social.

“No puedes tener una justicia selectiva, que sirva para imputar solo a quien en un momento determinado esté en contra tuya. Sin autonomía de poderes no se puede establecer gobernabilidad, ni políticas que vayan más allá de la situación en la que nos encontramos. Se necesitan instituciones lo suficientemente fuertes para que si alguien quiere pasar la raya amarilla de la Constitución, no lo pueda hacer”, concluye el especialista en delincuencia organizada. 

ALD / Luis Mendoza

1/10/2018