Con el fin de limitar la evasión fiscal, el Congreso de Estados Unidos aprobó en marzo del 2010 lo que hoy se conoce como Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Una normativa que afecta a más de 77.000 bancos y entidades financieras de todo el mundo y cuenta con la colaboración de 70 países, entre ellos México, Chile, Canadá, Brasil y Costa Rica. ¿Pero de qué trata?

De acuerdo con el abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado y editor del portal Antilavado de Dinero, Dr. Alejandro Rebolledo, el objetivo principal de este estatuto consiste en identificar a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos que tienen dinero fuera de su país en Instituciones Financieras Extranjeras Calificadas (FFIs), a fin de saber si efectivamente están declarando lo justo a la Administración Tributaria en Washington.

Dicha ley obliga a que “ese dinero que estos individuos tengan fuera de la jurisdicción de EEUU, sea declarado igualmente en dicho país. Por ello los bancos extranjeros, según los acuerdos de la Ley FATCA, deben decirle a las instituciones norteamericanas qué ciudadanos o residentes tienen cuenta fuera de su jurisdicción”, detalla el especialista en delincuencia organizada..

Y es que el Impuesto sobre la Renta -ISR- en EEUU se aplica con base en el estatuto personal. Es decir, se fundamenta en las personas y su residencia, y no en el territorio, por lo tanto, si un ciudadano o residente estadounidense tiene ingresos fuera de este territorio, también debería estarlos reportando y pagar el impuesto respectivo.

De allí que, gracias a la Ley FATCA, varias instituciones financieras a nivel mundial firmaran un acuerdo con el Fisco americano en el que básicamente se comprometieron a obtener la información de los cuentahabientes con nacionalidad estadounidense y a aplicar la retención correspondiente de los activos de estos ciudadanos, en caso de no poder conseguir los datos requeridos.

Sin embargo, siendo de diligencia obligatoria, en el caso de que no se contemplen los parámetros para esta regulación, la consecuencia es la aplicación de una tasa del 30% de retención de las ganancias que obtenga la entidad en EEUU.

Sede del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos

¿Cómo surge esta ley?

De acuerdo con el experto en derecho fiscal de México Israel Revilla, el principal antecedente de FATCA proviene de la profunda crisis financiera de 2008-2009, la cual llevó a que los gobiernos adoptasen “agresivas políticas contra cíclicas para suplir lo que fue la actitud de muchos actores del sector privado, producto de la recesión, que estuvo emparejado con un desequilibrio macroeconómico mundial muy importante”.

“Desde la crisis del 2008, Estados Unidos comenzó a revisar sus propios nichos de elusión y de evasión y encontró que miles de millones del dinero de sus ciudadanos se quedaban fuera de su territorio, provocando que se dejaran de recaudar unos 100 mil millones de dólares aproximadamente”, señala el experto mexicano a la redacción de Antilavado de Dinero.

Es así como la mencionada nación identificó la necesidad de disponer de información sobre los ciudadanos, personas físicas y jurídicas que incumplían la obligación de declarar sus rentas y las mantenían ocultas en otros países.

“Desde ese año, Washington hace grandes esfuerzos por lograr que todos los territorios reporten ingresos de sus ciudadanos a fin de determinar el Impuesto Sobre la Renta dejado de pagar”, destaca.

Con este fin se dictó la Ley FATCA, promulgada el 18 de marzo de 2010, la cual formó parte de la iniciativa del expresidente Barack Obama denominada “HIRE” para incentivar la creación de empleo.

Expresidente de los Estados Unidos Barack Obama

Su principal problema

La Ley FATCA ha presentado desafíos a nivel constitucional y de leyes en los países que han optado por contribuir con el territorio estadounidense.

Esto ha involucrado una reflexión sobre los tratados de doble tributación, pues parecería que el mencionado código como ley específica de un país puede estar por encima de un tratado. En tanto, se trata de un intercambio automático de información, a diferencia del acuerdo de intercambio de información firmado con las naciones en donde se establece que es a requerimiento.

“Las cosas han cambiado y se trata de transparencia en todos los aspectos para combatir los crímenes financieros que incluye el lavado de activos, el soborno, la corrupción y la evasión fiscal. Es por ello que diversas organizaciones internacionales que vigilan estos aspectos, han concluido que es esencial determinar quién es el beneficiario real de la transacción y fondos en las cuentas”, menciona Revilla.

Todo esto, dice, a fin de levantar el velo corporativo e ir más allá de lo que pueda indicar la documentación legal de una sociedad, para así descartar el uso de testaferros para evadir los controles o restricciones financieros y fiscales.

No obstante, para que esto sea efectivo, es necesario que todas las jurisdicciones se encuentren a tono y en igualdad de condiciones para no perjudicar la economía de un territorio que haya aplicado las normas, contra otro que no esté reaccionando o actuando con la diligencia necesaria.

“La dificultad fundamental para implementar FATCA ha sido la logística para obtener la información de los usuarios de las entidades alcanzadas por la disposición y estructurarlas para su envío correcto y oportuno al Servicios de Rentas Internas de Estados Unidos”, recalca.

Además, el flujo de información no ha sido recíproco. Mientras que EEUU ha exigido con agilidad la transparencia a los países que hacen negocios con él y que utilizan los bancos ubicados dentro de su jurisdicción y su sistema financiero, la nación no intercambia información financiera de sus ciudadanos con las regiones con los cuales ha suscrito el acuerdo.

Por eso, muchos reclaman “la doble moral de los EEUU en cuanto al aspecto de reciprocidad en transparencia fiscal, y más aún cuando ya hay jurisdicciones que han realizado varios reportes de información financiera al IRS”, indica Revilla.

Entre ellos se encuentra el Tax Justice Network, que ubicó a la nación norteamericana el segundo lugar de su Índice de Secreto Financiero 2018.

El organismo señala que el secreto financiero es un facilitador clave del crimen financiero y de flujos ilícitos, incluyendo el lavado de dinero, la corrupción y la evasión de impuestos. Como un avance para la transparencia desde la crisis de 2008 se interpretan los esfuerzos de los países para compartir esta información.

Tanto Suiza (número uno en el ranking), como Estados Unidos, estarían penalizadas en el índice porque se han resistido a adoptar la política del intercambio de información automática entre autoridades fiscales.

En el caso específico de Washington, la red internacional afirma que se ha negado a adoptar el estándar utilizado por la mayor parte de países, en referencia al Estándar de Reporte Común (CRS), promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“En su lugar, ha establecido su propio sistema paralelo (FATCA), que busca información de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, pero provee poca o ninguna información a otros países”, agregó Tax Justice Network.

Solo Suiza supera a Estados Unidos en el ranking mundial sobre secretismo financiero del TJN

Los aciertos de la ley

Independientemente de sus errores, FATCA –entre otras iniciativas transnacionales- ha contribuido para que los juegos de evasión tributaria acaben, principalmente para los contribuyentes estadounidenses.

Al punto de que hoy pareciera que la lista de países conocidos usados por los ciudadanos de dicha región para evadir impuestos se está haciendo cada vez más pequeña.

“Con la implementación de esta normativa se logró una recaudación importante de impuesto”, expone el especialista en delincuencia organizada Dr. Rebolledo.

“En 2012 GAFI estableció que la evasión de impuesto es un delito relacionado al lavado de dinero. De tal manera que esto lo que busca es perseguir a aquellos que intentan evadir esta obligación y se ha logrado frenar importantemente este delito, para que se pueda reportar a los EEUU quienes tienen dinero afuera”, alega.

Ya en 2016 la ley consiguió su primer detenido por este delito. Se trata de Gregg R. Mulholland, un canadiense propietario de una empresa de manejo de valores y gestión de inversiones con sede en Panamá y Belice, quien fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber violado la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Externas.

El caso pasó desapercibido ante la opinión pública frente al escándalo de los Panama Papers y solamente trascendió como reporte interno clasificado como casos controvertidos en materia de impuestos en las grandes ramas de abogados de la Unión Americana.

Sin embargo, sentó un precedente sobre las acciones que tomaría el Gobierno estadounidense para el combate a la evasión fiscal sin que esté adherido a acuerdos multilaterales o adoptando reglas como las promovidas por la OCDE para evitar que multinacionales se lleven sus ganancias a países con tasas de impuestos bajas para pagar menos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales, luego de que Mulholland por haber lavado alrededor de 300 millones de dólares y por fraude.

Las autoridades efectuaron una investigación utilizando agentes encubiertos y escuchas telefónicas para comprobar los delitos; una vez detenido aceptó haber realizado operaciones en paraísos fiscales por medio de estructuras financieras para ocultar ganancias de sus clientes y eludir la presentación de información al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos bajo las normas de FATCA.

Además, otro mérito de FATCA es que ha cambiado el paradigma mundial en materia de intercambio de información fiscal entre países, que avanza además hacia la multilateralidad de la mano de la OCDE, el G20 y la Unión Europea.

“Muy probablemente el cambio de sistema pueda ayudar a los países subdesarrollados, como los de la región latinoamericana, en una lucha que hasta ahora tenían perdida mediante el vigente sistema de acuerdos bilaterales, ya que al tratarse de economías muy débiles carecen de fuerza alguna para imponerse frente al rico paraíso fiscal y forzarle a suscribir acuerdos de intercambio de información, a los que ahora podrían acceder de la mano de naciones desarrolladas”, concluye Revilla.

ALD / Luis Mendoza

05/09/2018