La infiltración del crimen organizado en instituciones públicas es un riesgo latente en Latinoamérica. Incluso, diversas naciones del continente –y el resto del mundo- ya se han visto perjudicados por este problema, que fácilmente puede compararse con una especie de virus que afecta de gravedad a todo el sistema inmunológico llevando al individuo a la muerte.

Y es que esta es una de las formas clásicas en las que operan los grupos criminales para garantizar su desarrollo, a costa de la pérdida de autoridad territorial por parte de los gobiernos y de la confianza de los ciudadanos hacia el Estado.

Por ello la delincuencia organizada es una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional, constituyendo un ataque frontal contra las autoridades políticas y legislativas que plantea a las naciones problemas fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y económicas y causa la pérdida de fe en los procesos democráticos, socavando el desarrollo.

Ya lo ha advertido la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla el crimen organizado opera en la penumbra, se filtra por cualquier rendija que tengan las instituciones de un país, y los instrumentos que usa para permearla son perversos: la intimidación y la corrupción”.

En entrevista al diario argentino La Nación, la exmandataria señaló que es justamente esto lo que dificulta tanto el detectar a estas bandas en sus fases iniciales, por lo que urge a enfrentarlas antes de que se termine de enraizar en las instituciones de un territorio.

“Colombia, México y otras naciones han enfrentado crisis económicas y corrientes de pensamiento populistas autoritarias, pero lo que ha doblegado a las instituciones de esos y otros países ha sido el crimen organizado, asociado a la corrupción y a la violencia que genera”, dijo.

A fin de cuentas, si estos grupos penetran las instituciones públicas, “evidentemente no se va a adoptar ninguna medida contra el lavado de dinero, y la batalla está perdida por completo”, alega el inspector de Hacienda del Estado español y autor de varios libros sobre blanqueo de capitales, corrupción y fraude fiscal José María Peláez.

El experto se basa en que el crimen organizado puede afectar de manera decisiva a las instituciones políticas, en cuanto buscan influir sobre la capacidad de decisión de los poderes de un país. Para -de esta forma- crear sus propios sistemas para la impartición de justicia y poner los aparatos del Estado a su favor. Todo esto a fin de hacer menos costosa la viabilidad a largo plazo del grupo criminal e incrementar sus beneficios.

Es por ello que la alianza entre las autoridades y el crimen organizado complejiza aún más un problema ya de por sí delicado, por lo que su solución no debe depender solo del fortalecimiento de las acciones policiacas.

En este sentido, las políticas para combatir esta situación pasan por el desarrollo de sistemas de inteligencia y contrainteligencia que identifiquen las instituciones gubernamentales corruptas y brinden al Estado los elementos suficientes para una adecuada procuración de justicia, fortaleciendo el ejercicio de la acción policial y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social.

El abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado y editor del portal Antilavado de Dinero, Dr. Alejandro Rebolledo, explica que “enfrentarse al crimen organizado exige un cambio de mentalidad en los políticos, en las fuerzas de seguridad, en las bases de la sociedad, en los comerciantes, jueces, fiscales del Ministerio Público, los entes militares y sobre todo en la cultura de los pueblos, porque la mentalidad de las personas es mucho más compleja”.

En consecuencia, es indispensable el desarrollo de actividades de inteligencia que diferencien entre la actuación de los grupos criminales y su organización; que detecten la infiltración de las instituciones gubernamentales para definir claramente el objetivo que se ataca; que determinen si la materia es de seguridad pública o nacional, así como la jurisdicción de la autoridad que debe resolverlo; y, por último, que sean capaces de diseñar las políticas para su atención.

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Cuerpo de inteligencia hondureño durante pesquisas en caso de corrupción / Agencias

La experiencia internacional

No es casual que mundialmente durante las investigaciones contra el crimen organizado, hayan salido a la luz que altos funcionarios de gobiernos, fiscalías, jefes policiales, mandos del ejército, connotados políticos, diputados, alcaldes, concejales o gobernadores han tenido vínculos con el crimen organizado, siendo detenidos y procesados por ello.

Ya se ha dicho hasta el cansancio: “la delincuencia organizada se mueve en un mar de millones de dólares”, y ese dinero también es utilizado para comprar la conciencia de funcionarios, para infiltrarse y conseguir información en las estructuras del Estado y, a través de ellas, logran sobrevivir, conociendo todos los movimientos y operativos en su contra.

México y Colombia, mencionados como ejemplos por la expresidenta Chinchilla, son una prueba irrefutable de esto. El crimen organizado tiene de manos atadas al Estado mexicano, debido a que todo operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad para enfrentar este mal parece ser en vano e infructuoso, pues cada golpe que las instituciones gubernamentales asestan a los delincuentes es respondido de forma desafiante, aumentando el número de muertes en el país.

De hecho, estas organizaciones han llegado a utilizar información de bases de datos del Gobierno del país azteca para elegir a sus víctimas, según un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República mexicana, al que tuvo acceso el diario mexicano Reforma.

Se trataba de un ‘sistema de inteligencia’, que consistía en revisar el registro de sanidad de la entonces Secretaría de Agricultura para conocer quiénes eran los agricultores con amplias extensiones de producción -donde estaban localizadas sus huertas- y cuánto reportaban sus ventas por exportación, según el documento suscrito el 4 de julio de 2016 por Víctor Hugo Pérez Castro, director de área del Cenapi. Pero esto no queda solo allí.

Hay suficiente evidencias sobre cómo los efectos de estos grupos vandálicos han llegado a Estados Unidos. Carteles como Los Zetas, o el de Sinaloa, han encontrado la manera de traficar droga hacia suelo estadounidense.

El Departamento de Justicia en Washington dice tener pruebas de que Joaquín “El Chapo” Guzmán traficó por cielo, mar y tierra al menos 200 toneladas de cocaína hacia su territorio, obteniendo ganancias ilícitas por 14 mil millones de dólares, en el periodo de 1989 al 2014.

Además, en un texto, presentado por la Fiscalía estadounidense, que detalla la vida de Guzmán durante 25 años en el narcotráfico se revela que varios países fungieron como puertos para la expansión del cartel mexicano, entre estos están Venezuela y Colombia.

Mientras que en la nación cafetera casos como el del Proceso 8.000, donde se abrieron numerosas investigaciones y condenas contra congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales por el ingreso a sus campañas de recursos provenientes del narcotráfico y de grupos ilegales, así como de lavado de activos, corroboran cómo el crimen organizado se esfuerza por conseguir un espacio –de forma indirecta- dentro del sistema político.

Entonces, el cartel de Cali encontró “amistades” dentro del círculo político neogranadino, financió campañas para blanquear capital sucio y se infiltró en la política colombiana comprando parlamentarios y patrocinando campañas presidenciales, tal como descubrió la mencionada pesquisa.

Joaquín "El Chapo" Guzmán tras ser capturado por el Ejército mexicano / Agencias

Sin embargo, la experiencia global también expone que las naciones que muestran celo y sumo cuidado en brindar una atención integral, constante y permanente a todo el sistema judicial, son las que están mejor preparadas para enfrentar y derrotar a estas bandas.

Esos territorios, cuentan con un filtro muy difícil de eludir para quienes ocuparán cargos en instituciones estatales encargadas de proteger y proporcionar a la sociedad seguridad jurídica, mediante controles que no son fáciles de romper por quienes aspiran a un puesto público y, además, tienen una constante y permanente revisión y actualización de sus leyes penales; introduciendo reformas al Código Penal y endureciendo las penas, para ser aplicadas sobre todo a aquel que se vea involucrado en el crimen organizado.

Ejemplos claros de lo antes dicho se pueden encontrar en Costa Rica, en donde hay penas mayores de 50 años de prisión contra delitos graves; o en Estados Unidos donde el poder judicial es un modelo para muchos naciones del mundo, en cuanto a independencia, transparencia y probidad. Asimismo, los estadounidenses tienen para estos crímenes, como medida supletoria a la pena de muerte, aplicable en algunos estados, la cadena perpetua.

Con la mira sobre el dinero

De esta manera, el problema de la penetración de la delincuencia organizada dentro de las instituciones estatales, que por tradición había sido interno y de orden público, se ha convertido en una preocupación que podría poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios de las relaciones internacionales, con profundas consecuencias para los distintos países y para la comunidad internacional.

De allí que sea fundamental atacarlo incluso antes de su comienzo, a través de medidas preventivas.

El inspector de Hacienda del Estado español Peláez menciona que una de las mejores maneras para hacerlo es adoptando las medidas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero, tal como ha hecho –por ejemplo- la Unión Europea, que ha aprobado varias directivas antiblanqueo de capitales y ha obligado a implantar las medidas con carácter obligatorio en sus países miembros.

“Entre dichas medidas se incluye la de someter a vigilancia a las personalidades públicas relevantes (PEPS)”, añade, consultado por la redacción de Antilavado de Dinero.

A su vez, el magistrado Rebolledo sostiene que las acciones de lucha contra la delincuencia organizada deben dirigirse fundamentalmente “en lo que más se protege: el dinero”, en tanto esa es la herramienta fundamental que utilizan los criminales para operar a nivel mundial.

Sus palabras concuerdan con las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), que calcula que el crimen organizado produce hasta dos billones de dólares anuales, computando solamente los movimientos más lucrativos. Lo que equivale a cerca del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Fajo de dinero del crimen organizado recuperado por el Ejército mexicano / Agencias

“Por eso la delincuencia organizada transnacional no puede limitarse solo a la justicia penal. Las soluciones requieren instrumentos globales y no dejar zonas grises entre la legalidad y la ilegalidad por las que campan estos criminales. Se debe actuar de forma global y coordinada entre los países y de luchar sin tregua contra la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, etc”, sentencia.

El experto detalla que se debe cortar esos flujos de negocio “que son auténticos centros de poder”, para estar “un paso adelante” de los grupos criminales.

“Se puede asegurar que un criminal de oficio tiende a convertirse en un empresario independiente, por lo cual un criminal profesional es, desde este punto de vista, un contratista. Aquí aparece la legitimación de capitales como el delito más próspero y seguro para enriquecerse”, agrega.

Aún así, “no hay una medida milagrosa” para acabar con la penetración del crimen organizado dentro de las instituciones públicas, recalca Pélaez. Por lo que, aclara, esto solo se puede conseguir con un trabajo persistente y concienzudo de las autoridades políticas de cada país.

“Si esas autoridades están contaminadas con el dinero de la delincuencia, poco se puede hacer, ya que este tipo de delitos no implican una indignación ciudadana, y, además, normalmente pasan desapercibidos”, alerta.

Por su parte, Rebolledo concluye que “las actividades ilícitas que realiza la delincuencia organizada siguen siendo un negocio muy bien remunerado. El crimen organizado no cederá en sus lucrativas acciones y más cuando se aprecia como la globalización es imparable. No queda más nada sino seguir atacando, desde todos los ángulos, las entradas y salida y en una lucha férrea en contra de los grupos delictivos organizados

ALD / Luis Mendoza

03/08/2018