La Brigada Provincial de Blanqueo de Capitales de Valencia elaboró en diciembre de 2016 un informe en el que destapa la presunta existencia de una sistema de financiación irregular de gastos de partido y de campañas electorales del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià (socio mayoritario de Compromís).

El mecanismo se desarrolló entre los años 2005 y 2008 y ambas formaciones políticas pudieron beneficiarse de hasta un millón de euros (946.735,62) de fondos aportados por empresas privadas como la constructora Blauverd, la sanitaria Hospimar o Quick Meals Ibérica (la mayor franquiciadora española de Burger King) a través de la elaboración de facturas falsas. También arroja sospechas sobre compañías como Metrovacesa, Egevasa, Fomento Urbano o Aguas de Valencia.

En aquellos años estuvieron al frente de ambas formaciones Joan Ignasi Pla y Enric Morera, respectivamente, que han negado tener conocimiento de que se hubieran realizado actuaciones ilícitas.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, lleva fecha de cinco de diciembre de 2016 y analiza la documentación interna de la agencia de Gandía Crespo Gomar que llevó en mano a la comisaría el coordinador del grupo popular en las Cortes Valencianas y presidente provincial del PP de Alicante, José Císcar. Los papeles incluían fotocopias de correos electrónicos (con algunos datos borrados), facturas a empresas y a los partidos políticos por diversos conceptos.
 
"En los correos referidos anteriormente se reflejaría cómo se darían instrucciones a empleados de algunas de las empresas en cuanto a cómo debería realizarse la factura y a nombre de quién", señala el escrito policial. "Diversas empresas con actividad comerciales en las ciudades de Gandía y Benidorm principalmente, pudieran haber asumido facturación que debiera haber sido realizada a PSPV-PSOE y Bloc-Compromís", añade.
 
"En los correos se reflejaría cómo se darían instrucciones a empleados en cuanto a cómo debería realizarse la factura y a nombre de quién"
Los correos, sostiene la UDEF, revelarían que Crespo Gomar prestaba los servicios a los partidos, una persona de la agencia (Lucía Pascual) solicitaría las facturas por estos trabajos realizados a tercera personas, estas mismas facturas se enviaban a los partidos y después las empresas resultarían "beneficiarias de adjudicaciones y/o reparto de comisiones".
La Brigada de Blanqueo equipara el caso del PSPV y el Bloc 'con otras investigaciones de financiación irregular'.
La Brigada de Blanqueo equipara el caso del PSPV y el Bloc 'con otras investigaciones de financiación irregular'.
La operativa, según detalla la Brigada de Blanqueo, se desarrolló entre los años 2005 y 2008 y es muy similar a la del caso Gürtel, al que no cita directamente pero al que parece referirse: "Como se ha podido acreditar en otras investigaciones de financiación irregular ya vistas por los Juzgados/Tribunales con un procedimiento idéntico al que se informa en el presente, sería esta tercera empresa la que asumiría el importe de la factura (gasto electoral del partido) y la abonaría a la que realmente realizó el trabajo, en este caso Crespo Gomar, obteniendo esta tercera empresa que paga los gastos del partido político beneficios futuros en las contrataciones/adjudicaciones por los ayuntamientos que gestionan estos partidos políticos, y las que compensan con creces el desembolso que realizaría esta tercera empresa", se afirma con rotundidad.
 
El cruce y la simulación de facturas se habrían hecho en connivencia con responsables tanto del PSPV como del Bloc Nacionalista, según explican.

 
La Policía admite en su análisis que los hechos descritos habrían prescrito o estarían próximos a su prescripción. Este informe es el documento base que remitió en diciembre de 2016 al Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia y al Ministerio Fiscal y que dio lugar a unas diligencias secretas y la petición del nuevos informes a la Intervención del Estado y la Agencia Tributaria. La jueza Nieves Molina archivó el delito electoral por prescripción, pero apreció posibles irregularidades en contratos con Administraciones Públicas, por lo que optó por inhibirse en favor de los partidos judiciales correspondientes.
 
Este es el origen de la investigación en Madrid de un contrato con Crespo Gomar del Ministerio de Vivienda en la etapa de Beatriz Corredor, de otro con el Ministerio de Sanidad, de un tercero en Benidorm y de una subvención pública para una operación inmobiliaria en Gandía que benefició a la familia del dueño de la agencia, Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde con el PSOE en esta localidad valenciana, Antonio Gomar.
El exalcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro, imputado por un contrato con Opino Media, filial de Crespo Gomar. (EFE)
El exalcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro, imputado por un contrato con Opino Media, filial de Crespo Gomar. (EFE)
Como consecuencia de estas diligencias han sido citadas como investigadas más de una veintena de personas, entre ellas parte del equipo de Corredor en el ministerio, el exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro o la ex directora general de Consumo y aspirante socialista a la alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu.
 
Las facturas internas recogen gastos del PSOE valenciano por 526.465 euros con la agencia Crespo Gomar entre 2005 y 2008
 
En lo que se refiere a la financiación del PSOE valenciano, el informe coteja facturas elaboradas "con falta de rigor en su confección" como resumen de acciones y actos realizados en favor de esta formación política.
 
Esta relación de gastos tendría su correlación con facturas paralelas elaboradas a terceras empresas. En conjunto, la UDEF afirma haber encontrado seis facturas paralelas por importe de 207.518 euros sobre unos actos prestados al PSPV de Valencia y de Benidorm por valor de 526.467 euros entre 2005 y 2007. Las empresas implicadas son Blauverd, Hospimar y Quick Meals Ibérica, a las que Crespo Gomar facturó en total en estos años 578.718 euros.

El caso más llamativo, por su cuantía y por sus anotaciones es el de una factura de 60.000 euros más IVA a la constructora Blauverd que tiene una correspondencia con la misma cantidad con actos y acciones relacionadas con la estrategia de comunicación de Joan Ignasi Pla. Un correo electrónico del 17 de noviembre de 2005 en el que no figuran ni el remitente ni el destinatario incluye una anotación en la que figura: "enviar por mensajería a la sede del PSPV en Blanqueríes, a la att. de Pepe Cataluña.
 
En el sobre, además de la dirección solo debe poner eso". Según la Policía, esa anotación pretendía que no fuera visible cualquier concepto o detalle que pudiera orientar que en su interior se remitía la factura. Cataluña ha sido citado por el PP para comparecer en la comisión sobre financiación de partidos en el Senado. Se trata de la persona que en aquellas fechas era responsable de las finanzas de los socialistas valencianos.
Ejemplo de doble facturación de Crespo Gomar, con la constructora Blauverd y relación de actos del PSPV-PSOE por el mismo importe.
Ejemplo de doble facturación de Crespo Gomar, con la constructora Blauverd y relación de actos del PSPV-PSOE por el mismo importe.
La Policía cree que para simular el objeto de los trabajos a estas empresas se optó por emplear conceptos genéricos y difusos. "Parece desorbitado y a título de ejemplo que en lo que se ha llamado 'servicio de asesoramiento en marketing y comunicaciones Finestrat' se hubieran pagado 5 mensualidades seguidas por un importe total de 214.600 euros", sostiene el informe sobre las facturas a Blauverd.
 
Facturas teledirigidas en Benidorm
Un ejemplo similar se da en el caso del cruce de correos y facturas entre Anabel Hallado (exresponsable de Organización del PSOE en Benidorm) y personas de Crespo Gomar. Hallado llega a orientar a la apoderada de la agencia de comunicación sobre a qué empresa debe dirigir la factura por buzones, llaveros, folletos y fotografías. "Haga las facturas correspondientes a nombre de Hospimar 2000 SL", señala en un correo fechado el 31 de mayo de 2007. Otra factura de Hospimar de 31 de diciembre de 2006 por importe 20.880 euros tiene como concepto "prospección y estudio en toda la zona de Levante para construcción y apertura de nuevos hospitales".
 
La cantidad es exactamente la misma que otra factura sin número fechada el 30 de noviembre del mismo año que hace referencias a trabajos realizados para la precampaña de Agustín Navarro, como la presentación como candidato a las municipales que se celebraron en mayo del año siguiente o el diseño de vallas e inserciones publicitarias. Navarro ha sido imputado en la causa que investiga un contrato de cerca de 300.000 euros (en parte pagados con el Plan E de Zapatero) con una filial de Crespo Gomar, Opino Media, para la instalación de unos "opinómetros".
Factura de más de 20.000 euros a Hospimar y su correspondencia con otra del PSOE de Benidorm.
Factura de más de 20.000 euros a Hospimar y su correspondencia con otra del PSOE de Benidorm.
El informe de la Brigada de Blanqueo estima en 739.217 euros los gastos del Bloc Nacionalista Valenciá con la agencia Crespo Gomar, aunque no alcanza el mismo nivel de detalle en cuanto a la correlación de facturas. No obstante, aporta un excel denominado "Estado de Cuentas Bloc", del que no se aclara si procede de la documentación interna de la agencia de comunicación o de otra fuente.
 
Y sostiene que de esa y otra documentación entregada por José Císcar en su comparecencia ante la Policía "puede deducirse el mismo funcionamiento" del socio nacionalista de Compromís que la "presunta financiación irregular" del PSOE valenciano.
 
El documento del Bloc recoge entre otros gastos el de cuñas publicitarias, rotulación de vehículos, vallas fotografías o una campaña que el Bloc denominó "Adéu PP" iniciada en mayo de 2006 y cuyo promotor identifica la Brigada de Blanqueo como Pere Fuster Tortosa, aunque parece referirse a Pere Fuset, actual concejal de Fiestas del Ayuntamiento que dirige Joan Ribó.
 
"Todos estos servicios se puede inferir de la documentación aportada que habrían sido prestados por la empresa Crespo Gomar, la cual en lugar de facturarlo directamente con el partido político lo habría ido haciendo desglosando diferentes cuantías y facturas a nombre de diferentes empresas con la presunta connivencia de ambos".
 
La Policía identifica a Pere Fuset, concejal de Fiestas de Valencia, como promotor de la campaña 'Adéu PP', que presuntamente pagó Egevasa
 
Entre las empresas citadas por la Policía figuran Metrovacesa, Egevasa, de nuevo Blauverd o Lubasa. El informe recoge varios correos entre Crespo Gomar y personal de Metrovacesa relativos a trabajos en teoría facturados a la promotora y constructora o su filial Centro Comercial y de Ocio La Vital de Gandía por conceptos como "Identidad Corporativa".
 
Uno de esos correos, fechado el 10 de abril, contiene la siguiente indicación: "Esta factura hay que emitirla con fecha 31 de marzo. Anótala en la hoja del Bloc y mándaselo de Lluís Miquel. Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación. Estoy pendiente de que me confirmen la forma de pago".
Apunte de la Policía sobre empresas que habrían abonado gastos del Bloc Nacionalista Valencià.
Apunte de la Policía sobre empresas que habrían abonado gastos del Bloc Nacionalista Valencià.
La UDEF identifica aquí, "con toda probabilidad" a Lluís Miquel Campos, entonces secretario de Comunicación y Acción Electoral del Bloc, y actualmente jefe de gabinete del presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. Campos ha sido apartado "temporalmente" de la formación y de su cargo tras una primera investigación interna de la formación nacionalista que ahora lidera Águeda Micó.
 
Esa indagación interna ha revelado que el partido pagó en los años investigados 120.000 euros a Crespo Gomar, aunque no aparecen ni las facturas ni los conceptos. Hay otras dos facturas de 34.800 y 40.000 euros con el genérico objeto de "trabajos de publicidad para las elecciones".
 
Mala praxis organizativa
 
El Bloc afirma que no ha encontrado indicios de ilegalidad en su contabilidad y atribuye las irregularidades contables que ha detectado a "una mala praxis organizativa y contable en la relación contractual con Crespo Gomar, derivada de la falta de conservación de los presupuestos de campaña y en la deficiente custodia del resto de documentación de los gastos relativos a conceptos no electorales". El archivo de la causa por delito electoral por parte de la jueza de Valencia y la inexistencia de contratos de administraciones controladas por
 
Compromís con Crespo Gomar han dejado fuera a la formación nacionalista de las investigaciones judiciales.
 
También el PSPV-PSOE asegura haber cribado toda su contabilidad de aquellos años y no ha encontrado ilegalidad. Sí ha admitido la existencia de dos donaciones "deficientemente tramitadas" por la agrupación de Benidorm por parte de las empresas Hospimar 2000 y Quick Meals por valor de 17.000 euros.
 
ALD/ElConfidencial
 
 
 
 
15/05/2018