El Dieselgate generado desde Volkswagen por las emisiones contaminantes de sus vehículos  ha provocad afectados en todo el mundo. Esta reclamación masiva ha movido a  Bruselas y a  la Comisión Europea a buscar fórmulas que  mejoren los derechos de los consumidores. Este miércoles la propia Comisión hacía pública una propuesta legislativa que se convertirá en directiva en los próximos meses.

 
Desde la Comisión se indica que esta propuesta bautizada New Deal for Consumers debe ayudar a que el consumidor mantenga la confianza en las empresas en sus relaciones habituales, lo que ayudará a reforzar el concepto de mercado único interior. 
 
La propiVěra Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores, e Igualdad de Género, ha comentado que  “las autoridades de consumo tendrán finalmente herramientas para sancionar a los tramposos. Hacer trampa no saldrá barato».

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, durante una rueda de prensa en Bruselas.

Desde CONFILEGAL, hemos pedido a portavoces de destacadas asociaciones de consumidores su opinión sobre esta medida. Intervienen Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Patricia Suárez de ASUFIN,  Eugenio Ribón, presidente de AEDS, Cesar Díaz,  asesor jurídico de  la Confederación Española de Consumidores y Usuaruios (CECU)  y Manuel Pardos, presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE, quienes hacen una primera lectura de esta propuesta de directiva de la UE.
 
Acciones colectivas complejas de ejecutar
Enrique García, portavoz de la OCU, ve positiva la propuesta legislativa que desde la Comisión Europea se quiere poner en marcha “pero habrá que ver en qué se materializa a posteriori. Viene provocada por el Dieselgate, suceso que ha afectado a miles de consumidores en todo el mundo, muchos de los cuales aún están sin compensar esos daños”.
 
Nos aclara que la parte de servicios financieros queda al margen “se centra más en comercio online y en mejorar la protección del consumidor en este terreno”.  Advierte que sobre la
regulación financiera hay cierta disputa interna en Bruselas sobre quién recoge estas competencias, de ahí que no se haya incluido en esta iniciativa.
 
Para este experto en consumo “esta iniciativa europea quiere facilitar de algún modo la interposición por parte de asociaciones de consumidores de acciones  colectivas en los tribunales. Desde BEUC, organización europea d consumidores se ve con interés la propuesta y es seguro que enviaremos alguna propuesta para mejorar ese documento”. García recuerda que en España hay la posibilidad de interponer acciones colectivas “pero procesalmente es muy complejo y al final muchas de ellas son desestimadas por los tribunales. Los propios jueces deberían entender lo que suponen dichas acciones”.
 
Esperemos que la reforma legislativa europea sirva para perfeccionar dicha legislación nacional sobre acciones colectivas, ahora difícil de llevar a nuestros tribunales
Países como Italia, Bélgica, Portugal, Francia y España contemplan esta posibilidad frente al resto de los países que no las tienen.“En OCU fuimos la primera asociación de consumidores que interpusimos una acción colectiva sobre cláusulas abusivas en el sector financiero.
 
También lo hemos hecho en otros sectores y siempre hemos tenido grandes dificultades para su puesta en marcha. Esperemos que la reforma legislativa europea sirva para perfeccionar dicha legislación nacional”.  Nuestro interlocutor recuerda que en EEUU estas acciones colectivas sí son eficaces para defender a los consumidores.
 
Otra parte de la propuesta que destaca nuestro experto “son las sanciones por acciones irregulares en materia de consumo que pueden llegar a ser el 4% del total de la facturación de la compañía implicada. Esta es una reivindicación histórica de nuestra entidad. En España sale más barato pagar la multa e incumplir la ley que estar al tanto de tus obligaciones legales”.
 
A su juicio, esta medida es un toque de atención de las autoridades comunitarias a las nacionales en el sentido de establecer obligaciones claras “ de multa con finalidad ejemplarizante que acaben con algunas prácticas consolidadas pero ilegales”.
 
Fraudes masivos impunes
 
Por su parte, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, “la iniciativa debe ser positiva si realmente ayuda a mejorar la protección de los consumidores. Creemos que en un país como el nuestro el fomento de las acciones colectivas es fundamental ante el colapso actual de los tribunales. Hay fraudes masivos que se están gestionando mal. En EEUU el Dieselgate provocado por Volkswagen y la emisión contaminante de sus vehículos,  se esta resolviendo via negociación, pero en España hay varias sentencias negativas”.
 
Desde su punto de vista, “sería bueno que las acciones colectivas no se restringieran únicamente a asociaciones de consumidores. De hecho hace unos días presentamos, porque pensamos que es un derecho de la ciudadanía, la iniciativa presentada hace unos días en el Congreso para impulsar esta práctica asociativa, con el apoyo de varios parlamentarios sin que exista el marco de las asociaciones de consumidores.  A su juicio, también es necesaria una reforma procesal que ayude a que estas reclamaciones colectivas o acumuladas lleguen a los tribunales “y funcionen realmente”.
 
ASUFIN ha presentado demandas colectivas por gastos de la hipoteca “y depende del juez que te toque deja que se personen los afectados, es un proceso complejo, largo, que pocos abogados conocen el procedimiento”. Curiosamente desde su punto de vista las que prosperan son las anticolectivas “la sentencia de Eugenio Ribón por gastos de hipoteca de diciembre de 2005 es una acción de cesación de la OCU que no lleva personado a ningún afectado. Eso ha provocado luego muchas reclamaciones individuales. Esperamos que en Europa lo hagan más fácil”.
 
 Es necesaria una reforma procesal que ayude a que estas reclamaciones colectivas o acumuladas lleguen a los tribunales “ y funcionen realmente
 
Suárez revela que “sorprende que la propuesta deje al margen lo que ha pasado en España nivel de cláusulas suelo y preferentes.  También hay problemas financieros de reclamaciones en países como Italia, Grecia, Rumanía, Polonia, Hungria donde hay asociaciones de consumidores que deberían poder resolver sus cuestiones de forma colectiva”.  Para la presidenta de ASUFIN hay que ver con escepticismo esta medida “deberían incorporar también a las entidades financieras”

Hay que regular los daños punitivos
 
Por su parte, Eugenio Ribon, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDS), indica que “hay que destacar en dicha propuesta tres cuestiones fundamentales. El primero es la constatación que los abusos a los consumidores son habituales y el sistema hace agua por todas partes. Por eso tenemos esta reacción legislativa. 
 
Esto ha hecho que consumidor se encuentre desprotegido y haya perdido confianza en las instituciones”. Este jurista es partidario de crear la figura del Defensor del Consumidor y reforzar la figura de la Fiscalía en este contexto.
 
Sobre dicha reacción legislativa comenta que “trata de impulsar las acciones colectivas a nivel de reclamaciones judiciales que en España no está desarrollado como debiera. Hay que desarrollarlo de verdad”. 
 
Para Ribón “la propuesta no aborda la indemnización de los daños punitivos.Mientras no se regulen estos daños como lo han hecho los países anglosajones será rentable estafar o engañar al consumidor, aunque se incrementen las multas contra esas empresas que realicen malas prácticas”. Este experto es partidario que dichas acciones se restrinjan a asociaciones sin ánimo de lucro y protectoras del consumidor “para evitar cualquier contaminación del mercado”.

La propuesta de Bruselas quiere potenciar las acciones colectivas ante los Tribunales, de escasa presencia en nuestro país.

Para Ribón el incremento que se plantea “de un 4% de la facturación  total de la empresa al consumidor no le afecta ni tiene ningún beneficio directo, solo repercute en el Estado.
 
Estamos, por tanto ante una situación en la que el consumidor no tiene incentivos a la hora de reclamar este tipo de asuntos. “Sobre las acciones colectivas destaca que “habría que realizar una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que incluya los llamamientos público que aparecen en  el articulo 15 la Ley de Enjuiciamiento Civil en caso de convocar a consumidores afectados, como una parte de la justicia gratuita”.
 
El sistema hace aguas, por eso se hace esta reforma europea. Soy partidario  de crear la figura del Defensor del Consumidor y reforzar la figura de la Fiscalía en este contexto
Al mismo tiempo reconoce que “las acciones colectivas están fallando porque se convierten en acciones declarativas o de cesación pero no están preparadas para el resarcimiento económico. Al banco le debería doler que tuviera que devolver todo el dinero que ha recibido de más, pero con este procedimiento no se logra”. Respecto a una mayor protección de consumidores “ hay que verlo en la práctica. Se recoge con expectación si la iniciativa viene de Europa, desde luego, pero habrá que ver su tramitación final”. Ribón cree que los servicios financieros no deberían ser un capítulo aparte del mundo del consumo.
 
Mejorar las acciones colectivas en España
 
Para César Díaz de la asesoría jurídica de CECU, “actualmente las acciones colectivas (AC) parecen más un problema que una solución. Muchos juzgados no las admiten a trámite y, en su caso, suponen procedimientos muy largos que demoran en exceso la resolución, llegando incluso a bloquear demandas individuales.  A pesar de que en España está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 221 y 519), su uso, aunque cada vez mayor, no es habitual”.
 
Respecto a la propuesta europea destaca que “permitiría  que la sentencia sobre una acción colectiva, además de exigir cesación de una práctica ilegal, podría decidir sobre la indemnización para los consumidores afectados e imponer multas disuasorias para aquellas empresas que incumplan la ley. Otro aspecto a destacar es que pretende evitar que estas acciones sean llevadas a cabo por grandes despachos de abogados con fines exclusivamente lucrativos”.
 
Más que acudir a acciones colectivas que son procedimientos complejos, somos partidarios de que las autoridades  impidan esas malas prácticas y resuelvan sobre las  compensaciones
 
Para Díaz “Desde CECU insistimos en que los tribunales de justicia y estos largos procedimientos no son el mecanismo adecuado para acabar con las prácticas abusivas de algunas empresas o para que un consumidor vea resarcidos sus derechos, sino que deberían ser las autoridades las que impidan que se lleven a cabo dichas prácticas y resolver sobre las posibles compensaciones (arts. 46,47 y 48 del RDL 1/2007).”.
 
Sin embargo señala que “si se regulan adecuadamente, las acciones colectivas podrán ser una herramienta más para evitar las prácticas abusivas y habituales de muchas entidades, sobre todo a nivel europeo y en las relaciones transfronterizas ya que en muchos países las acciones colectivas no están previstas o no ofrecen garantías suficientes”.

Los expertos señalan que habrá que ver como se adapta dicha directiva a un país como el nuestro.

Una revolución legislativa positiva
 
El ‘New Deal’ presentado por la Unión Europea cambia por completo la protección de los consumidores. ADICAE en rueda de prensa valoraba  de forma positiva este avance a favor de los ciudadanos de la UE, y España en particular. “Es una revolución legislativa de la UE, un golpe en favor de los consumidores. Había una gran legislación que hasta ahora no se cumplía, como ha demostrado el ejemplo de las cláusulas suelo o el martirio de los preferentistas”, ha sostenido Manuel Pardos, presidente de la Asociación, que lo considera “un antes y un después”.
La asociación, que ha estado a la cabeza de esta reivindicación a favor de la acción colectiva desde sus inicios, viene trasladando a la UE desde hace varios años una serie de propuestas que ahora son recogidas en las dos propuestas de directiva, y muy en particular en la de acción colectiva: “Hemos llevado a cabo hasta 26 acciones colectivas desde 2001, desde que empezamos con las academias de Opening y la banca no ha puesto más que palos en las ruedas”, señala  el presidente de ADICAE.
 
Es una revolución legislativa de la UE, un golpe en favor de los consumidores. Había una gran legislación que hasta ahora no se cumplía 
 
Por otro lado ADICAE considera que este nuevo paso a favor de los consumidores puede ayudar a construir una nueva Unión Europea más justa. “Es un gran cambio para los consumidores en el que la UE, con gran acierto y en un momento de debilidad, ve que los derechos de los consumidores pueden levantar una nueva línea de construcción de una Europa más justa y fuerte” La asociación estará vigilante para que se garanticen los derechos de los consumidores plenamente. Por eso ADICAE está iniciando ya contactos a nivel europeo para impulsar una adecuada aprobación de la misma.
 
Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, valoraba  muy positivamente también que la propuesta recoge “el derecho legítimo de las Asociaciones de Consumidores en materia de acción colectiva” y por otro lado que se amplía a diversos l ámbitos, desde la protección de datos, pasando por las telecomunicaciones. “Ha sido un análisis serio de la situación por parte de la Comisión”, que ha tomado como punto de partida la realidad de los problemas para los consumidores de los que España es un ejemplo paradigmático. 
 
 
ALD/Confilegal
 
13/04/2018