Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de distintos medios que han llevado al fortalecimiento de las actividades ilícitas, como el lavado de dinero.

Algunos gobiernos, en busca de un mayor desarrollo y mejorar su posicionamiento y competitividad en este nuevo mundo fortificado por los avances tecnológicos y surgimientos de economías emergentes, han propiciado las condiciones necesarias en sus sistemas para convertirse en espacios atractivos para realizar inversiones tanto para activos que provienen de actividades lícitas como ilícitas, estos espacios han sido denominados como paraísos fiscales que dentro del mundo globalizado han tenido un gran recibimiento por los grandes capitalistas.

No obstante, es por esto mismo que algunas actividades ilícitas como la anteriormente mencionada se ha convertido en un problema de coyuntura internacional ya que su impacto traspasa las fronteras y afecta a los estratos sociales más bajos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), los paraísos fiscales son uno de los principales causantes de pobreza y desigualdad en la región latinoamericana ya que los sistemas tributarios se apoyan de forma particular en los impuestos sobre el consumo, que resultan especialmente gravosos para los grupos de ingresos bajos y medianos.

Los sistemas tributarios de la región suelen estar orientados a los ingresos laborales que a las ganancias de capital y a menudo carecen de impuestos sobre los bienes inmuebles (o bienes raíces), propiciando de dicha manera un incremento de la concentración de la riqueza, mayor a la concentración de ingresos que podría tener el Estado.

La recaudación del impuesto sobre la renta personal es baja, especialmente entre los grupos con ingresos más alto, lo cual ha permitido que las fortunas de los multimillonarios de la región se sigan incrementando paulatinamente. De acuerdo a estimaciones de Oxfam entre 2012 y 2015 las fortunas de los ricos han crecido en promedio un 21%, es decir, ha aumentado seis veces sobre el Producto Interno Bruto (PIB)(1) de la región.

Esto afecta de manera directa a las personas vulnerables (pobres) y de ingresos medios, ya que el incremento de los ingresos tributarios es clave para una inversión pública que propicie el goce de acceso a bienes públicos de calidad en el ámbito de la educación, salud, transporte e infraestructura.

El Estado al no contar con los ingresos de impuestos, cuenta con una menor capacidad económica que le permitan disminuir las brechas de desigualdad existente entre los ciudadanos de sus países.

Por otra parte, actividades como el lavado de dinero representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial, pues la práctica de convertir dinero ilícito en licito se ha sofisticado cada vez más a través de la globalización; dado que, la intercomunicación existente hoy en día permite la estructuración de operaciones para insertar dinero ilícito de forma legal en el sistema económico.

De cierta manera, la globalización ha sentado bases o ha facilitado los medios para la adquisición de información y conocimientos sobre el manejo de diferentes sistemas financieros nacionales, además de proveer un panorama general sobre cómo se desarrolla la dinámica financiera internacional.

Paraísos ficales y lavado de dinero, diferencias y similitudes

El concepto paraíso fiscal es una mala traducción del inglés “Tax Heaven”, cuyo significado es “refugio fiscal”, pero la concepción es la misma. Se trata de lugares donde la creación de sociedades mercantiles(2) en los paraísos fiscales es una de las principales y estas abarcan aspectos que no solamente engloban la consideración tributaria (es decir, el debido pago de sus impuestos por personas físicas y jurídicas ) sino también la instauración en terreno extranjero de sociedades, de empresas multinacionales y bancos comerciales lo cual explica el nivel de desconfianza que estos llegan a despertar a países con administraciones y sistemas tributarios débiles.

Los paraísos fiscales son un claro incentivo a la evasión y elusión fiscal, esto se debe en gran parte a la flexible legislación financiera y tributaria existente en países como Andorra, Luxemburgo, Panamá y Suiza, entre otros; una flexible legislación financiera y tributaria implica ( una baja o nula tributación, se goza del llamado secreto bancario (3), maquillaje de informaciones y estadísticas para las instituciones financieras nacionales e internacionales, ausencia de impuestos sobre donaciones y herencias, entre otras), que representa un grave problema para las finanzas públicas.

Más allá de la baja tributación, el problema esencial radica en la falta de transparencia en las actividades que puedan llegar a desarrollarse en este territorio; a esto se le suma las facilidades para la constitución de sociedades Offshore (4) traducida al español “fuera de costa”, dentro de estas se encuentran (empresas pantallas denominadas en inglés “shell companies y trusts”, sociedades de domicilio o residencia, compañías internacionales de negocios, fundaciones, entre otros), lo que permite obtener una baja cooperación fiscal entre las administraciones tributarias.

Según Oxfam, la desigualdad de los sistemas fiscales de la región se ve reflejada en las grandes exenciones tributarias que los gobiernos conceden a las empresas y multinacionales. Dicho de otra manera, “los impuestos que generarían sólo el 3.5% de los capitales latinoamericanos que están escondidos en paraísos fiscales, serían suficientes para que 32 millones de personas salgan de la pobreza; es decir, todas las personas de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú” (5).

El lavado de dinero por su parte, es una operación a través de la cual el dinero de origen ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y reinsertado a los circuitos económicos-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio de manera que se hace ver como si su obtención hubiese sido de forma lícita.

Para que las personas que se dedican al crimen organizado puedan llegar hacer legales sus negocios ilegales, se tienen que cumplir con tres etapas:

1. Proceso de colocación, implica el movimiento de moneda u otros fondos derivados de actividades ilegales a un lugar de una forma menos sospechosa para las autoridades policiales. Los ingresos se introducen en instituciones financieras tradicionales (bancos centrales, bancos comerciales, bancos de inversión, cooperativas de intermediación financiera, entre otros) o en la economía minorista (es decir cuando el comerciante vende directamente a los consumidores).

2. Se da la etapa de lavado. Involucra la transformación de las ganancias obtenidas a través de procedimientos o actividades ilegales en activos legales, haciendo uso de múltiples y completas transacciones financieras (transferencias electrónicas, instrumentos monetarios, etc.), para ocultarlo de auditorías y encubrir los ingresos.

3. La integración, es el momento donde los trámites ilegales son convertidos en ganancias aparentemente legítimas a través de operaciones financieras o negocios normales (6).

A pesar que los paraísos fiscales y el lavado de dinero son dos actividades financieras diferentes, existe una cierta dependencia para su ejecución. Considerando que uno de los usos más frecuentes que se le da a los paraísos fiscales es el blanqueo o lavado de los recursos de origen ilícito, debido a que sus estructuras ofrecen una amplia gama de variedades de mecanismos y servicios que permiten ocultar el origen, titular y beneficiarios de tales recursos, como lo es la Inscripción de Sociedades Comerciales Internacionales por sus siglas en inglés (IBC) o la utilización del secreto bancario, aspectos que dificultan las investigaciones en la que los criminales se adelantan en tales jurisdicciones.

Si bien es cierto que no hay una lista oficial de paraísos fiscales y cada país decide con que jurisdicciones firma acuerdos de intercambio de información o tributación. El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideran en América paraísos fiscales a: Las Bahamas, Islas Caimán, Anguilla, Dominica, Panamá, Antigua y Barbuda, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Granada, Jamaica, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos e Islas Malvinas.

Los "Panama Papers" y sus jurisdicciones

La República de Panamá es uno de los países de la región centroamericana que ha estado inmerso en diferentes debates realizados por expertos y centros de pensamiento económico social en los últimos meses debido al auge que ha tenido el tema de los “Papeles de Panamá” o por su traducción al inglés “Panama Papers”.

El escándalo de los papeles de Panamá, son más de 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca los cuales incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes de despacho; considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades “offshore”.

La información relacionada a los papeles de Panamá fue publicada por dos periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier del diario alemán “Suddeustche Zeitung” quienes recibieron de forma anónima la filtración de estos documentos. Los documentos fueron compartidos en forma conjunta con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), lo que permitió que un equipo de cerca de 400 periodistas de 107 medios de comunicación de 76 países gozaran de la información, los que han sido trabajados durante un año para analizarlos y mostrar al público el secretismo que impera la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el mundo (7).

Es necesario mencionar que Panamá es considerado un paraíso fiscal, debido a su implicancia en los “Panama papers”. La legislación panameña posee amplias fisuras para el control de activo, en vista que solamente se grava con impuestos a los ingresos generados en el país, es decir, hay una ausencia de controles y de impuestos a los depósitos de los bancos extranjeros. También, el secreto empresarial rígido y el deficiente desempeño de los bancos en cuanto a informar a su unidad financiera sobre transacciones internacionales son huecos que son aprovechados por las organizaciones interesadas en el lavado de dinero.

Repercusiones del lavado de dinero en Centroamérica

El lavado de dinero es una de las actividades delictivas que más ha evolucionado en los últimos años, sus procedimientos se han sofisticado y adaptado a las nuevas medidas que implementan los Estados yorganizaciones internacionales (8) para contrarrestar su desarrollo, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así mismo el Comité Europeo de la Lucha contra la Droga (CELAD), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos OEA-CICAD; cada vez más efectivas contra su patrimonio ilícito (ocupación, incautación, embargo, decomiso o confiscación).

El ex Comisionado Nacional Derechos Humanos (CONADEH) Ramón Custodio López declaró “debido al vacío en la investigación judicial hace que Honduras sea un paraíso para delincuentes, criminales y corruptos” (9). Retomando lo dicho por el ex comisionado, es entendible que un país tan corto en información, investigación, seguimiento de los juicios, impunidad y la ocultación de pruebas permita a los grupos criminales seguir incrementando sus actividades delictivas propiciando el incremento de los ingresos ilícitos de los mismos, producto del narcotráfico, la extorsión, trata de personas, etc.

Custodio menciono “que a veces se culpa a personas inocentes por defender a los verdaderos responsables”, siendo los más beneficiados las grandes élites de la sociedad que muchas veces son los causantes de incrementar las brechas de desigualdad en la sociedad.

En Guatemala las organizaciones criminales son las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. La mayor parte de sus actividades consisten en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero el crimen organizado en Guatemala también está involucrado con el cultivo de marihuana, así como el tráfico de personas, el lavado de dinero, y otras actividades ilegales. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha mantenido sus batallas contra élites que han usado su influencia y fuerza para tratar de controlar o ejercer presión sobre las personas involucradas en las distintas investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero, entre otros. En este país las élites de la sociedad, (dueños de industrias, banqueros, exportadores, dueños de empresas de construcción, dueños de mega proyectos, entre otros) tienden a extender la red criminal utilizando mecanismos del Estado y contactos internos del mismo para controlar la cadena del narcotráfico, contrabando y trata de personas. Esta delincuencia organizada tiende a verse reflejada en uno de los ejemplos más nítidos de organización criminal, siendo este el lavado de dinero que ofrece ciertas características propias que pueden incurrir en prácticas no transparentes en los paraísos fiscales. Algunas de las características son:

Altos niveles de infraestructura tecnológica y de sistemas de información.

Estructuras de organización que exceden las fronteras nacionales.

Alto nivel de poderío económico.

Aseguramiento de ciertos niveles de impunidad originados en la relación con estructuras gubernamentales corruptas.

En definitiva la instauración de paraísos fiscales en la región da paso a que muchas actividades que los criminales localizados en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador tengan un cómodo acceso de poder gozar de sus ingresos ilícitos y también el poder incrementar los mismos ya que pueden utilizar el secreto bancario de los paraísos fiscales como su principal estrategia para lavar el dinero.

Esto ocasiona bajos niveles de recaudación de impuestos en la región en contraste con las grandes necesidades sociales.

Es necesario, tener presente que el incremento de los ingresos tributarios es clave para la inversión pública, los cuales deberían invertirse en luchar contra la pobreza, la desigualdad y a su vez reducir algunas brechas de la región así como el acceso a bienes públicos de calidad en el ámbito de educación, salud, el transporte y la infraestructura con el propósito de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en subconjunto.

ALD/Ieepp

 

 

 

09/11/2017