El organismo investigador reveló varios detalles, hasta ahora desconocidos, sobre cómo funcionaba la red de corrupción de abogados y magistrados que llegó hasta la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Nombres como el del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, saltaron al ruedo.

El exmagistrado Francisco Ricaurte llegó a los juzgados de Paloquemao en Bogotá rodeado por más de siete agentes del CTI que lo trasladaron hasta la sala de audiencias.

Durante más de nueve horas que duró la diligencia, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo sentado en el banquillo de los acusados y escuchó con atención los descargos que hizo en su contra el fiscal Jaime Camacho, quien en una voz pausada y de tono seguro, no tuvo ningún reparó en señalar que lo que habría hecho el exmagistrado es demoledor para un Estado de Derecho. (Vea: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

“Usted (Ricaurte) y José Leonidas Bustos (también exmagistrado del alto tribunal) promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo (magistrado actual de la Corte).

Se trata de una organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad administración pública y la recta impartición de justicia”. Estas fueron las palabras con la que la Fiscalía arrancó la imputación de cargos en contra de Ricaurte. (Le puede interesar: Guía para entender la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte)

En seguida, el fiscal Camacho explicó que fue Ricaurte el encargado de explicarte al exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, cómo era que funcionaba la organización y cómo debían manejar los procesos. “Era usted el que generalmente referenciaba a los congresistas y políticos y gobernadores, de quienes se supieran que tuvieran investigaciones o indagaciones en su contra en la Corte Suprema, o en la Fiscalía”, dijo el fiscal, quien describió sin rodeos las estrategias de lo que considera una organización criminal. (Francisco Ricaurte es inocente: abogado del exmagistrado)

“La manera de manejar los procesos incluía estrategias como manipular información privilegiada. Manipulaban testigos para cambiar versiones; instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones; desaparecían evidencias, y obtenían decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel”, detalló descarnadamente el fiscal. Y si esas estrategias no funcionaban, añadió la Fiscalía, la solución entonces era dilatar los procesos. (En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

Hasta ahí, queda claro que para la Fiscalía, tanto Ricaurte como Bustos fueron los “cerebros” de la red criminal que hoy investiga. Que además, el papel del magistrado Malo, quien se niega a renunciar mientras se investiga su relación con la organización, también fue clave para lograr sus cometidos. Para cuando el ente investigador terminó de explicar el modus operandi de lo que ya se conoce como el “cartel de la toga”, la Fiscalía todavía tenía la tarea de explicar ante la juez bajo con cuales argumentos solicitó la audiencia de imputación.

Lo que siguió en la audiencia fue un listado de cinco hechos claves que, para el fiscal Camacho, son las piezas claves para imputarle cuatro delitos al exmagistrado: concierto para delinquir agravado, uso indebido de información privilegiada, cohecho (soborno) y tráfico de influencias.

El proceso del congresista Álvaro Ashton

La Fiscalía comenzó su explicación haciendo referencia a una indagación preliminar que tiene la Corte Suprema en contra del senador liberal desde octubre de 2012, en la que se investiga la posible relación de Ashton con el el frente José Pablo Díaz del bloque norte de las AUC, que operaba en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con el ente investigador, Ashton se habría reunido en varias ocasiones con el exmagistrado Ricaurte para evitar que el alto tribunal abriera formalmente una investigación y pidiera su captura. De esos encuentros, aseguró el fiscal, los protagonistas del caso llegaron a un acuerdo: a cambio de $1.200 millones, los cerebros de la red lograrían archivar la investigación en la Corte Suprema. (Álvaro Ashton: el senador que más visitó a Francisco Ricaurte)

El senador Ashton ha reiterado que nada tiene que ver con este escándalo. Su nombre salió mencionado en esta historia luego de que Caracol Radio revelara algunas transcripciones que la DEA le envío a la Fiscalía dentro de al investigación que tienen las autoridades norteamericanas en contra de Gustavo Moreno y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

En esas grabaciones quedaba claro que Ashton le había pagado a Moreno $300 millones para influir en su proceso. Pero lo que el fiscal Camacho asegura es que el pago fue de $1.2000 millones, una cifra cuatro veces mayor que la que ya se conocía.

La estrategia no les funcionó pues se dieron cuenta que si le pedían a la Sala Penal de la Corte que archivara la investigación, no iban a conseguir los votos suficientes. Además, por esa época, el exmagistrado auxiliar, José Reyes, ya le había dicho a su jefe, el magistrado Gustavo Malo, que consideraba que había los méritos suficientes para abrir la investigación y pedir la captura del senador. Malo, se supo tiempo después, pidió la renuncia de todo su equipo de abogados pero solo aceptó la de Reyes.

“Optaron entonces por dilatar al investigación con miras a su prescripción. Usted (Ricaurte) instruyó a Gustavo Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la forma en que se repartiría la cifra acordada, recibiendo aproximadamente $400 millones, provenientes de ese cobro. También recibieron dinero José Leonidas Bustos, Luis Ignacio Lyons, Gustavo Enrique Malo y el propio Moreno”, aseguró el fiscal Camacho durante la audiencia, quien además resaltó un hecho que cobra toda la importancia en la investigación: en el trabajo en el expediente de Ashton, la red habría logrado desaparecer evidencia que mostraba la relación entre Ricaurte y el senador.

El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía

Hasta ahora, el nombre del exfuncionario del Valle no estaba en el radar de quienes han seguido el caso de corrupción más grave que haya enfrentado la justicia. Según la Fiscalía, el exgobernador tiene varias investigaciones en su contra por supuestos delitos que habría cometido mientras fue funcionario público.

Alfredo Betín Sierra, quien hasta el pasado miércoles fue el fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema de Justicia, tenía bajo su responsabilidad varios de los procesos en contra de Abadía pero, dijo el fiscal Camargo, habría concretado con Ricaurte, un plan para impedir que los problemas legales de exgobernador se complicaran.

“Ricaurte y Betín Sierra acordaron por una parte, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir. Y por otro lado, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”, resaltó la Fiscalía durante la audiencia.

En este caso, además hay otro asunto clave: quien defendió hasta 2016 a Abadía fue Gustavo Moreno, quien habría sido la pieza fundamental para evitar que le imputaran de cargos al político vallecaucano. La dicha le duró hasta la entrada de la nueva administración de la Fiscalía.

Fue por esa misma época cuando Moreno tuvo que dejar el caso pues había sido nombrado fiscal anticorrupción y, según la Fiscalía, la pasó el poder al exmagistrado Bustos o abogados que este designó. Con el cambio de abogado, la imputación de cargos fue inevitable y Abadía se presentó a la diligencia judicial a comienzos de marzo de este año.

Los pagos de Musa Besaile

El siguiente caso que resaltó la Fiscalía es el que involucra al también senador, Musa Besaile. El congresista ya aceptó ante la Corte Suprema que le pagó a Moreno $1.200 millones, luego de ser extorsionado, para detener una orden de captura en su contra.

La Fiscalía asegura que Ricaurte fue el encargado de darle la orden a Moreno para que se comunicara con Besaile para comentarle sobre su posible detención. “Aproximadamente en el primer semestre de 2015, el dinero lo envío Besaile a través de su abogado, Luis Ignacio Lyons, quien le comunicó a Moreno que ya tenía parte del dinero”.

Moreno, a su vez, le avisó a Ricaurte que Besaile había pagado. La primera entrega del dinero, que fue de $390 millones, según la Fiscalía, se realizó en la oficina de Lyons y allí se habrían repartido la plata: $290 millones para el exmagistrado, y el resto para Moreno y Lyons.

“La segunda entrega se hace en la residencia de Moreno. Ricaurte recibió $250 millones”, reseñó el fiscal. Para el siguiente pago, las cosas se complicaron dentro de la organización, pues Ricaurte se opuso a que Lyons recibiera $150 millones. Los $1.300 millones que hacían falta para completar la cifra, los recibió directamente el exmagistrado, y de allí habría descontado el pago que debía hacerle al magistrado Malo, quien llevaba el proceso contra Besaile.

El exgobernador Alejandro Lyons y el exmagistrado Camilo Tarquino

“En octubre de 2014, Alejandro Lyons contactó a Camilo Tarquino Gallego, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, a través de una amiga común, Muriel Benito Rebollo, con la finalidad aparente de obtener una ayuda profesional”, resaltó la Fiscalía durante la imputación de cargos en contra de Ricaurte.

Según la versión que presentó el fiscal Camacho, la intención de Lyons era que la Fiscalía y las altas cortes conocieran con detalles los supuestos hechos de corrupción que involucraban al exfuncionario con el dinero de regalías en el departamento de Córdoba. A cambio de su asesoría legal, Lyons le ofreció $30 millones a Tarquino.

Sin embargo, el exmagistrado de la Corte Suprema le explicó que esa no era la manera de llevar un caso en el tribunal. La Fiscalía relató que Tarquino le confesó a Lyons que conocía a “un equipo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades, es decir, intervenir en favor de los intereses de los procesados en las actuaciones que se adelantaban en la Corte y en la Fiscalía entre los que estaban Leonidas Bustos y Ricaurte”, resaltó el fiscal del caso. Fue entonces cuando Tarquino le pidió a su cliente $20 mil millones “con la finalidad de solucionar definitivamente sus problemas”.

Al excongresista Julio Manzur también le pidieron dinero

La versión que presentó la Fiscalía con respecto al caso de Manzur, es lo que ya se conoce sobre este caso. A finales de 2014, un mes antes de que fuera capturado, Moreno se acercó a un miembro de la familia Manzur para ofrecerle sus servicios a cambio de detener la orden de captura que, sabía, iba a ordenar la Corte Suprema de Justicia.

"Dije que no aceptaba. Que prefería defenderme ante la Corte Suprema, tal cual ocurrió. Pasé más de dos años preso, esa fue mi elección", le dijo en su momento Manzur a este diario.

El fiscal Camacho, antes de terminar su intervención, recalcó que las movidas de Ricaurte y de la red de corrupción que logró llegar hasta la Corte Suprema, “lesionaron sin justa causa los bienes jurídicos de la seguridad pública, la administración pública y la recta impartición de justicia”.

La defensa del exmagistrado, el primero de ese alto tribunal en ser capturado en la historia de Colombia, defendió a su cliente descalificando la intervención del fiscal Camacho. Aseguró además que la Fiscalía “falló en su deber de investigar y solo tiene los testimonios de unos testigos controvertibles”.

Ricaurte, por su parte, fue también contundente a la pregunta que le hizo la jueza que lleva el caso, cuando pidió que si aceptaba o no los cartos que la Fiscalía le acababa de imputar. En un tono firme y sin ocultar su acento costeño, el cuestionado exmagistrado contestó: "No acepto los falsos cargos provenientes de reconocidos testigos criminales".

Con información de ElEspectador

 

22/09/2017