Después de su arresto hace tres meses en Guatemala, el exgobernador veracruzano Javier Duarte regresó a México este lunes y sostuvo su primera audiencia ante un juez, en un proceso que se prevé acapare la atención pública y dé muestras sobre la manera en la que las autoridades mexicanas encararán los grandes casos de corrupción.

El exmandatario, quien de momento se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, está vinculado directamente con el desvío de 659 millones de pesos (mdp) de las arcas federales y estatales, por lo que se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (del fuero federal), así como de peculado, tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y coalición (del fuero común).

Sin embargo, eso no es todo. Existen otras irregularidades que, si bien no se le atribuyen de manera directa, sí están vinculadas con la gestión que encabezó los casi seis años que gobernó Veracruz (2010-2016).

EN SU PRIMERA AUDIENCIA CON DUARTE, LA PGR SÓLO ACREDITA DESVÍOS POR 38.5 MDP

El monto representa apenas 8.7% de lo que la dependencia asegura que desvió el exgobernador. Frente al juez, Duarte y su defensa cuestionaron a los agentes del MP y dijeron que el caso se desmorona.

El juez determinó que Duarte se quede en el Reclusorio Norte al menos hasta el sábado próximo, cuando se realizará su audiencia de vinculación a proceso.

En prisión preventiva El juez determinó que Duarte se quede en el Reclusorio Norte al menos hasta el sábado próximo, cuando se realizará su audiencia de vinculación a proceso. 

La primera audiencia de Javier Duarte ante un juez mexicano estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa y del propio exgobernador hacia los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que expusieron el expediente en su contra, quienes únicamente lograron acreditarle desvíos por 38.5 millones de pesos (mdp).

Tal monto equivale apenas a 8.7% de los 439 mdp de recursos federales presuntamente desviados por Duarte, quien es acusado por la PGR de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante más de cinco horas, de acuerdo con reportes de distintos medios, el exgobernador veracruzano y sus abogados hicieron más de 20 preguntas a los agentes del Ministerio Público federal encargados del caso —Pedro Guevara, Martha Esthela Ramos y Nely Nabor—, cuya labor también fue puesta en duda por el juez de control Gerardo Moreno García.

"Los números no cuadran, eso está claro", fue una de las conclusiones de Moreno, según el portal Animal Político.

Incluso, el juez advirtió que es la tercera vez que la PGR presenta a diferentes agentes del Ministerio Público a propósito de la misma causa penal.

"La defensa ha hecho preguntas muy simples, y ustedes no pueden forzar las respuestas. Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos", dijo.

"EL CASO SE ESTÁ DESMORONANDO"

Para la defensa del exmandatario, a cargo del abogado Marco Antonio del Toro —el mismo defensor de la exdirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo—, el expediente de la PGR "se está desmoronando”.

Durante la audiencia, realizada en el Palacio de Justicia del Reclusorio Norte, Del Toro y Duarte hicieron cuestionamientos a los agentes para que precisaran cuáles eran las dependencias desde las que presuntamente se operaron los desvíos, las fechas de las transferencias, los montos y las empresas fantasma mencionadas en este esquema.

"Usted señala que en diciembre de 2011 le instruí a Alfonso Ortega López comprar parcelas en Campeche, dice que todo esto fue una idea de Alfonso Ortega, y que finalmente yo les ordené al referido abogado y a Moisés Mansur y Gerardo Rosas Bocardo comprarlas en 20 millones de pesos", dijo Duarte, según el diario Reforma.

"Esto se ha difundido en la prensa con detrimento al debido proceso. ¿Puede aclarar cuántas hectáreas? ¿A quién le compraron y el precio cubierto?", agregó.

Sin embargo, de acuerdo con Reforma, los agentes del Ministerio Público no lograron responder.

Las preguntas siguieron hasta que Guevara, director general de Procesos y Amparo en Delitos Federales de la PGR, reconoció que sólo contaban con elementos para probar 38.5 mdp. "Por el momento son los únicos recursos", dijo.

Según los reportes de los medios que entraron a la audiencia, este dinero fue extraído de la Secretaría de Educación estatal para ser transferido a la empresa Solaris Technologies, mediante contratos por los que dicha compañía no obtuvo pago.

La audiencia concluyó con la decisión del juez de que Duarte permanezca internado en el Reclusorio Norte hasta el próximo sábado, cuando se llevará a cabo una nueva diligencia para determinar si se le vincula a proceso o no.

Mientras Duarte espera que su situación jurídica en México se defina —es decir, si es vinculado a proceso o no y a qué penal es enviado—, te presentamos un recuento de las acusaciones que pesan sobre el expriista.

EMPRESAS FANTASMA COBRAN 439 MDP

A nivel federal, el expediente abierto por la Procuraduría General de la República (PGR) señala a Duarte como probable responsable del desvío de 439 mdp de la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de una red de empresas fachada.

La información que la dependencia ha dado a conocer —basada en testimonios de excolaboradores— indica que dichas compañías empezaron a constituirse cuando el expriista tenía apenas 22 días en el cargo.

Una investigación del portal Animal Político estima que el desvío fue mayor. Según el reportaje, el monto ascendió a 654 mdp, mientras el actual gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, asegura que gracias a sus denuncias se logró recuperar 421 mdp desviados.

En el ámbito federal, el expediente de la PGR también atribuye a Duarte compras irregulares de bienes por medio de una red de prestanombres. Entre las propiedades que están en esta categoría y ya fueron recuperadas están los ranchos El Faunito y Las Mesas, así como una casa en el municipio de Tlacotalpan.

220 MDP DESVIADOS EN VERACRUZ

A nivel estatal, la fiscalía veracruzana señala a Duarte como probable responsable del desvío de 220 mdp de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así como del uso indebido de un helicóptero propiedad de la entidad.

Estas acusaciones fueron dadas a conocer durante la segunda audiencia pública que Duarte tuvo en Guatemala. En aquella reunión, el expriista minimizó el expediente, argumentó que su firma no está en ningún documento y se dijo confiado en poder demostrar su inocencia.

Según las indagatorias de la fiscalía, el presunto desvío fue operado con la complicidad de otros funcionarios estatales, quienes supuestamente remitieron oficios para que el entonces titular de la CAEV, Francisco Antonio Valencia, transfiriera los recursos a una cuenta del banco BBVA Bancomer.

El dinero fue transferido y, de acuerdo con las autoridades estatales, cuando la CAEV solicitó su devolución para ejecutar obras de saneamiento, estos fondos ya no regresaron.

Respecto del helicóptero, la fiscalía asegura que Duarte lo usó para huir de la entidad cuando ya había pedido licencia para separarse del cargo, y que el vehículo le fue facilitado por el entonces gobernador interino, Flavino Ríos.

SIN RASTRO DE 45,000 MDP FEDERALES

A los expedientes de la PGR y de la fiscalía de Veracruz —que directamente se dirigen contra Duarte— se suman las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) han presentado por irregularidades en la gestión del exmandatario.

Hasta el 30 de junio pasado, la ASF había presentado ante la PGR 57 denuncias por posibles daños al erario por 45,000 mdp operados durante parte del sexenio de Duarte, de 2011 a 2014. Este número podría incrementarse si la administración estatal no solventa las observaciones de los dos últimos años, que ascienden a casi 15,000 mdp.

20,578 MDP EN IRREGULARIDADES LOCALES

En el ámbito local, el Orfis también ha presentado denuncias por malos manejos que ascienden a 20,578 mdp. Según la institución, esto se deriva de préstamos no devueltos, gastos sin comprobar y otras anomalías.

La mayor parte de estas irregularidades fue detectada por el órgano fiscalizador local en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que acumula siete de las 14 denuncias por posibles actos de corrupción.

Y DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA...

En 2016, el último año de la gestión de Duarte, la Universidad Veracruzana también actuó legalmente contra la administración estatal, a la que acusó de falta de pagos y reducción de presupuesto.

Una de las denuncias señala que el gobierno no entregó 1,625 mdp de recursos federales y estatales, y otra más advierte de la retención de 451 mdp.

Después de que las denuncias fueron presentadas, la administración de Duarte reviró, al acusar a la institución académica de adeudar 3,033 mdp en aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado. En ese marco, académicos, estudiantes y ciudadanos realizaron protestas contra la gestión duartista.

En la mira su esposa 

En el ámbito local, sin embargo, la exprimera dama sí está en la mira de la justicia por su posible vínculo con el saqueo realizado a las arcas de Veracruz durante los años que su marido fue gobernador (2010-2016).

"Desde que presenté la denuncia (contra Duarte) yo he comentado que había por lo menos tres círculos de cercanos que habrían participado en el saqueo de recursos. En el primer círculo de familiares obviamente está su esposa, la hermana de su esposa, su cuñado, el papá de la esposa, un círculo muy extenso que participó en el saqueo", dijo el gobernador Miguel Ángel Yunes en una entrevista reciente con Radio Fórmula.

De acuerdo con el mandatario estatal, existen elementos concretos que implican a Macías en las irregularidades de la red presuntamente encabezada por su esposo, si bien las indagatorias enfrentan limitaciones.

"Ella era parte activa en el gobierno de Veracruz, ella asistía a todos los eventos. Ella participaba en reuniones de gabinete, ella tomaba decisiones vinculadas a las tareas de gobierno, como el nombramiento de funcionarios. Que no lo hiciera de manera formal, es decir, firmando un documento, esa es otra cosa y en efecto complica una investigación", dijo Yunes.

Jaqueline Urzúa Hernández, abogada de la Univerisdad Intercontinental (UIC), coincide en que hay elementos para relacionar a Macías con los ilícitos federales o locales detectados en Veracruz, si no de manera directa, al menos sí como "encubridora".

"Sí se le puede vincular. Aparentemente ella no está dentro del procedimiento como una imputada, pero de las investigaciones sí se le puede imputar algún tipo de delito", dice la litigante, quien explica que, en caso de que las autoridades mexicanas decidieran proceder legalmente, tendrían que solicitar apoyo para su detención en el extranjero y, posteriormente, que fuera extraditada desde la nación en la que se encontrara.

COMPLICIDAD

En abril, tras la detención de Duarte, el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que Macías y sus familiares no tenían "ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana", por lo que podían transitar libremente por México y otros países.

Sin embargo, en una de las 19 pruebas que la PGR presentó en Guatemala para sustentar su solicitud de extradición contra Duarte se menciona a Macías como integrante de la red de su esposo. Esto se ubica en el testimonio de un excolaborador de Duarte, José Juan Janeiro, quien señala que la exprimera dama participó en la obtención de recursos de las arcas veracruzanas para su beneficio personal.

Otro testimonio que apunta en ese sentido es el de Alfonso Ortega, también excolaborador de Duarte, quien incluso declara haber recibido órdenes de Macías. A esto se suma que, según una nota del diario Reforma, ella, sus papás, su hermana y su cuñado forman parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.

El 8 de marzo, el mismo rotativo dio a conocer que la exprimera dama de Veracruz gastó al menos 8 millones de pesos —de diciembre de 2010 a enero de 2012— en artículos y hoteles de lujo. De acuerdo con el reporte, tales erogaciones fueron cubiertas con una tarjeta de crédito American Express a nombre de Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombres de Duarte y quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Al respecto, el director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ricardo Corona, considera que el rastreo de los gastos realizados con dicho plástico y el de otras operaciones atribuidas a Macías debe ser una tarea de inteligencia financiera que llegue hasta las últimas consencuencias.

"Usaba una tarjeta de crédito que no estaba a su nombre, pero ella la gastaba y hay pruebas, hay evidencias de que ella iba a comprar las cosas. A ella se le tendría que buscar en un esquema más fino de la investigación", dice Corona.

En este caso, añade, la PGR tiene la oportunidad de abrir un expediente más robusto y pedir la extradición de Macías para deslindar o confirmar su responsabilidad en esta trama.

"La recomendación será que la PGR se ponga las pilas y giré la orden en contra de esta señora (...) Hay elementos para hacerlo, fue directora del DIF estatal y está involucrada con el desvío de recursos", señala Corona, y advierte que mientras las autoridades no actúen ella seguira "gozando de la dolce vita" en Europa.

En febrero, el gobierno de Veracruz dio a conocer el hallazgo de una bodega en el municipio de Córdoba, en la que se encontraban diarios de Macías y varias libretas, en las que anotaba —de puño y letra de manera detallada— cuentas bancarias, propiedades en México y en el extranjero, así como una relación extensa de familiares, funcionarios, socios y diversas personas con quienes hacía negocios.

Además, dentro de estas páginas también se hallaba una frase que desde entonces se ha vuelto emblemática del caso y de la intensidad con la que Duarte, Macías y sus cercanos presuntamente saquearon los recursos de Veracruz: "Sí merezco abundancia".

ALD con otras fuentes informativas 

 

 

 

 

18/07/2017