A estas alturas, cuando más de 24 personas se han visto involucradas en Colombia en el caso Odebrecht (entre investigados, llamados a interrogatorio y citados a entrevista), se hizo evidente que en lo relacionado con la concesión de la Ruta del Sol sector II la Fiscalía tiene los ojos puestos en el Caribe. No es un asunto de regionalismos, sino de cómo se pudieron haber tejido las conexiones.

De Cartagena, por ejemplo, es el protagonista de este capítulo de corrupción: Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte que fue detenido en enero de este año y que aceptó que, mientras era el director encargado del Inco —hoy ANI—, recibió un soborno de US$6,5 millones de Odebrecht para amañar la licitación de la Ruta del Sol en 2009.

Otros dos protagonistas de esta historia son los hermanos cartageneros Enrique y Eduardo Ghisays. El primero de ellos ya aceptó ante un juez que “lavó” los US$6,5 millones con que Odebrecht “compró” al exviceministro García Morales; y también confirmó que junto con su hermano crearon una sociedad en Panamá llamada Lurion Trading, a través de la cual legalizaron los sobornos que entregó la constructora brasileña en 2010.

Todo lo hicieron por una comisión de US$750.000 que les ayudó a superar una fuerte crisis económica. Eduardo Ghisays está a la espera de que en su contra se realice la audiencia de imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los mismos que su hermano ya aceptó.

Además de los Ghisays, el pasado lunes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, mencionó a otras cinco personas que fueron llamadas a entrevista por el escándalo de corrupción de Odebrecht, “en relación con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol II”, que están íntimamente ligados con la costa Caribe.

El objetivo de la Fiscalía es identificar la ruta del dinero, es decir, saber en detalle cuáles fueron las inversiones que se hicieron con esos US$6,5 millones y si hubo más gente que habría participado en esos negocios con el exviceministro Gabriel García y los hermanos Ghisays.

Los constructores

El primer mencionado por el fiscal general fue un peso pesado de la infraestructura en Colombia: Menzel Amín Avendaño, un integrante de la alta sociedad de esa región a cuya boda en 2014 en Cartagena asistieron hasta expresidentes de la República.

En el mundo de la construcción, Amín se mueve como pez en el agua con su empresa KMA, que ha logrado posicionarse como una de las firmas de ingenieros más prestigiosas del país. Junto a otro de los que fueron llamados a entrevista por la Fiscalía, el venezolano Marco Giampaoli Scatolini, propietario de Obras Especiales (Obresca), crearon un grupo de socios que se ha quedado con importantes proyectos en el país.

El primero fue el contrato por $753.000 millones para la construcción de la doble calzada entre Córdoba y Sucre que se ganaron con el Consorcio Autopistas La Sabana en 2007. Asimismo, en sus manos quedó otra obra neurálgica para la Costa Atlántica: la Ruta Caribe, la obra de $1,2 billones que une a 22 municipios entre la vía Cartagena-Barranquilla y que fue adjudicada hace 10 años al consorcio Autopistas del Sol, en la que Amín y Scatolini tenían acciones. Amín Avendaño es el representante legal de ambos consorcios.

En 2010 terminaron salpicados en una investigación en la Procuraduría cuando intentaron relacionarlos con el Grupo Nule y los acusaron de recibir multimillonarias adiciones en tiempo récord. Sin embargo, nunca se encontró irregularidad alguna y el proceso se acabó.

Los otros dos grandes proyectos en los que Menzel Amín y Marco Giampaoli Scatolini son socios, junto a otras empresas, son de las llamadas 4G: la Concesión del Sisga, que fue adjudicada en mayo de 2015 por $966.849 millones para recuperar la antigua vía al Llano desde el centro del país, y la concesión de Autopistas del Nordeste, un proyecto de $980.000 millones que cubrirá los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia del norte antioqueño. En pocas palabras, cacaos de la contratación que terminaron enredados en el caso Odebrecht por un negocio con los hermanos Ghisays.

Los nombres de Menzel Amín y Marco Giampaoli Scatolini resultaron salpicados en el expediente luego de que en 2012 se volvieran socios de la sociedad panameña Oil & Gas Logistics, donde fueron a parar dineros del exviceministro García Morales y que es propiedad de los hermanos Ghisays. Oil & Gas Logistics aparece en el radar luego de que los Ghisays hicieran una inversión de US$2 millones desde Lurion Trading para invertir en un negocio organizado por Pacific Infraestructure, una unidad de negocio de Pacific Rubiales. Esa transacción se hizo en 2010 y los títulos quedaron a nombre de Oil & Gas Logistics, que dos años más tarde tuvo que buscar más capital para evitar que sus títulos se desvalorizaran.

Ahí es donde entran Menzel Amín y Marco Giampaoli Scatolini, quienes en 2012 terminaron en el negocio que les propusieron los Ghisays. Fuentes cercanas a los empresarios explicaron que para ese año los hermanos cartageneros los convencieron de capitalizar con otros US$2 millones las acciones que habían comprado en Pacific Infraestructure en 2010.

La idea era que Amín y Scatolini se convirtieran en socios de Oil & Gas Logistics. Al parecer, los dos empresarios, luego de hacer una veeduría al negocio y desconociendo que la primera inversión se había hecho con plata de sobornos de Odebrecht, deciden entrar al negocio.

A principio de año, cuando Gabriel García Morales fue detenido por el escándalo de Odebrecht, el presidente de Pacific Infraestructure, el exviceministro de Transporte Juan Ricardo Noero, reportó a la Fiscalía y la UIAF que en 2010 los Ghisays habían entrado a un negocio con esa sociedad gracias a la intermediación de García Morales. Algo similar hicieron Menzel Amín y Marco Giampaoli Scatolini, que decidieron tocar la puerta de la Fiscalía para explicar su relación con la sociedad panameña.

Se designó al abogado Juan David Riveros –quien forma parte de la junta directiva de KMA– para hacer el acercamiento y poder demostrar que desconocían las irregularidades y que se metieron a un negocio muy atractivo. De esa forma, explican fuentes consultadas, fue que la Fiscalía decidió llamar a entrevista a Scatolini y Amín, quien tendrá la diligencia este viernes.

Scatolini aparece también en la base de datos de los Papeles de Panamá como socio de dos empresas registradas en Panamá y ya disueltas, Chicanan Minera Bolivariana y Grupo Minero Chicanan. A su vez, Amín y su empresa KMA resultaron salpicados en los sobrecostos de Reficar, pues un contrato que en principio se firmó por $464 millones para alquiler de equipos de construcción, terminó costando más de $5.000 millones. Un incremento de más del 1.000 %. Desde AKM sostuvieron que se trató de una licitación interna que hizo la firma CB&I –encargada de la construcción de Reficar– para alquilar la maquinaria pesada para la obra. Explican que el costo del contrato se fue incrementando a medida que avanzaba la obra, pues se necesitaba más maquinaria y en Cartagena no había empresas que pudieran proveer el volumen solicitado.

Otros llamados a entrevista

El tercer nombre mencionado por el fiscal Martínez en este grupo de personas relacionadas con el Caribe fue Alfonso Pereira del Río. Fue gerente general de la empresa de cable privado Costavisión y figura también como exrepresentante de Inversiones Perca, una empresa que manejaba fideicomisos. Fue creada en 2007 y en 2015 entró en proceso de liquidación, del que el mismo Pereira del Río es el encargado. Al parecer, la relación de este reconocido personaje de Cartagena con el escándalo de Odebrecht se debe a que es socio de García Morales en Canal Logistics SAS, una sociedad constituida en abril de 2013 para la manipulación y el transporte de carga por carretera y vía marítima.

Los últimos nombres de esta lista son la cartagenera María Fernanda Valencia y su exesposo Otto Rodríguez. Ella ha recorrido un camino largo en el mundo político: en la presidencia de Ernesto Samper fue viceministra de turismo; en 2010 se lanzó sin éxito a la Cámara de Representantes por el Partido de la U; entre 2010 y 2011 fue directora de Artesanías de Colombia y en 2015 se lanzó al Concejo de Bogotá con Cambio Radical, aunque de nuevo perdió. Ambos aparecen los Papales de Panamá como accionistas de Impressa Group Corp, inactiva desde 2014 y registrada en Panamá en 2010 por Mossack Fonseca (el bufete de abogados cuya base de datos de clientes fue filtrada y dio origen a esta gran controversia sobre el uso de paraísos fiscales).

Hay otra persona más que mencionó el fiscal Martínez, que también es de Cartagena como el exviceministro García y los hermanos Ghisays, a quienes éste conoce desde que eran estudiantes. Se trata de Juan Manuel Barraza, un reconocido empresario que fue superintendente de Puertos durante la administración de Andrés Pastrana y que ha sido cercano a García Morales desde hace años.

Su entrevista en la Fiscalía, el 17 de enero de este año, duró poco más de una hora y era para que explicara los dos negocios que tiene con García Morales: una inversión en el Parque Industrial TLC de las Américas, en Cartagena, y la conformación con otras personas de la sociedad Canal Logistic en 2013 para comprar un terreno en la capital de Bolívar.

 

Elespectador

 

 

09/03/2017