La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fortaleció el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas al introducir nuevas evidencias al expediente, obtenidas en las investigaciones que están en curso y que incluye testimonios de personas que no fueron consideradas al principio como co-acusadas, pero que han aportado datos sobre las actividades de los acusados en negocios vinculados al narcotráfico en el año 2015.

Mientras los dos bufetes de abogados que defienden a Campo Flores y Flores de Freitas trabajan en la elaboración de recursos que buscan, a como de lugar, revertir el veredicto el culpabilidad del jurado, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa nuevos datos sobre el caso con la intención de eliminar las pocas posibilidades que existen de que el tribunal falle a favor de los sobrinos y pueda iniciarse un nuevo juicio.
 
En la información suministrada por el gobierno estadounidense al tribunal, se hace énfasis en el hecho de que los acusados ya tenían un negocio de drogas en marcha antes de la aparición de la DEA, con lo cual buscan restarle fuerza al argumento de entrampamiento expuesto por la defensa en su moción y dejar claro que los dos familiares del presidente Nicolás Maduro no eran unos “estúpidos novatos” sino unos narcotraficantes activos y conocedores de la industria de drogas.
 
La defensa de los primos Flores logró que la corte le diera dos semanas de prórroga para responder a los nuevos señalamientos del gobierno norteamericano que ponen en tela de juicio la estrategia usada por los abogados en el juicio y en las mociones posteriores al veredicto de culpabilidad.
 
En un extenso documento presentado por los fiscales federales para la consideración del juez Paul Crotty se amplía el tiempo considerado “importante” en la conspiración. La acusación inicial, aprobada por el gran jurado en noviembre de 2015, dice que Campo y Flores operaban el negocio por el cual fueron enjuiciados desde octubre 2015. Sin embargo, un cambio en la acusación hecho en septiembre de 2016 sostiene que los meses de la conspiración se ampliaban a agosto de 2015. 
 
En febrero de 2017, y gracias a revelaciones obtenidas por nuevos testimonios y la data extraída de los celulares de los dos hombres convictos de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, se determina que ya en mayo de 2015 los primos Flores participaban en negocios relacionados con el narcotráfico.
 
De hecho, la fiscalía introdujo datos que profundizan las relaciones que sostenían los sobrinos presidenciales con importante capos de la droga que son buscados en los Estados Unidos, tal como Hermágoras González Polanco y Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, ambos presos en cárceles venezolanas en los actuales momentos.
 
Las revelaciones hechas por la fiscalía neoyorquina describieron las negociaciones encabezadas por Campo y Flores, junto a cuatro asociados que antes no habían sido mencionados (“Mayweather Jr.”, “AM”, “Elio” y “El Samurai”) que estarían conectado con un sujeto apodado “Pepero” con quienes habrían planeado sacar a Hermágoras González de la cárcel a cambio del pago de uno o dos millones de dólares y de obtener -en exclusiva- el envío de aviones cargados de cocaína desde Venezuela, usando para ello el poder que tenía el hijastro y el sobrino del presidente Maduro en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y en la rampa presidencial (Rampa 4).
 
Los nuevos elementos usados por la fiscalía incluyen descripciones de la negociación que sostuvieron Campo y Flores con “Pepero” y los otros mencionados para lograr afianzar el negocio con el cártel que ellos identifican como Sombrero. El objetivo de la fiscalía al publicar estas nuevas revelaciones es dejar claro que los acusados sabían manejarse en el mundo del narcotráfico, y que tenían varios contactos con quienes tenían negocios en aquel momento.

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Una pieza clave destacada por la fiscalía es que los sobrinos prometían a la gente de la organización sus influencias para liberar al narcotraficante González Polanco, y en repetidas ocasiones le pedían que metiera la propuesta en la agenda para lograr empezar “hacer el trabajo”(traficar drogas).
 
En el documento de la fiscalía se afirma que los sobrinos presidenciales pretendían sacar por el aeropuerto de Maiquetía unos 3 mil kilos de cocaína provenientes de la Farc, que se les entregaría a los acusados a crédito y sobre cuyas ganancias Campo y Flores tendrían un amplio porcentaje.
 
La fiscalía también puso de relieve la posibilidades que tenían los dos hombres convictos de narcotráfico de conseguir pilotos y aviones para transportar la droga. Asimismo, hacen hincapié sobre una conversación que sostuvo Campo con Pepero, donde el primero le decía al segundo lo siguiente:
 
Campo: “Hemos hecho esto un par de veces ya y la última vez que nos dejaron colgando y tuvimos que pagar algo de dinero por las chuletas de cerdo me entienden [?] Este era su amigo Juan Carlos”.
Pepero: Uhum.
Campo: “Así que me molesta trabajar para tener problemas de mierda me entiendes [?]”.
Campo: “Por eso prefiero que vuelvas aquí [a Venezuela]”.
Pepero: “Con el chico portugués…”.
 
Los fiscales federales también explican en el documento que Campo Flores había establecido con la gente que representaba a González Polanco sus intenciones de despachar la 3 toneladas de cocaína, como compromiso de cobrar $200 por kilogramo por un total de $200,000 en ingresos en la primera carga.
Campo advirtió a sus socios que quería una participación financiera en el envío de cocaína, no sólo un reembolso por los costos de transporte, porque “somos hombres de negocios” en lugar de “mensajeros”.
 
Otros de los nombres que dejó conocer la fiscalía en las mociones in limine es el del supuesto proveedor de armas de Campo y Flores, Gilson Barroeta Flores. Además de las armas, Barroeta Flores es señalado como el hombre que hizo las diligencias pertinentes para que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) otorgara el permiso para que el avión [Dassault Falcon] saliera de Barquisimeto a Maiquetía, y en el que se destaca el nombre del presidente del INAC, Jorge Luis Montenegro como referente. El avión en cuestión tenía la matrícula YV-2708.

Entre otros elementos, la fiscalía pone de relieve un período que denomina “la transición” de las relaciones de los acusados con los proveedores de droga del cártel del sombrero hacia el cártel hondureño, que ocurre a finales del mes de septiembre de 2015. A inicios de octubre de ese mismo año, entran en el juego los nuevos personajes, cuando Campo y Flores viajan a Honduras a reunirse con César Orlando Daza Cardona (sujeto colombiano coacusado en e caso Flores) y Carlos Amilcar Leva Cabrera “El Sentado” (Testigo confidencial de la DEA y narcotraficante asesinado en Honduras en diciembre de 2015).
 
La defensa contraataca
 
Este lunes 6 de marzo se conocerá la respuesta de la defensa de Campo Flores y Flores de Freitas a las mociones in limine presentadas por el equipo del fiscal Preet Bharara.
Se estima que los abogados David Rody y Randall Jackson junto a sus asociados, insistan en la negación de los nuevos elementos presentados por el gobierno para fortalecer más aún el caso de los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro.
 
Los defensores insistirán en que la corte acepte la celebración de un nuevo juicio, argumentando que el proceso realizado en noviembre de 2016, y donde el jurado declaró culpables a los dos acusados, estuvo lleno de errores procesales que violaron los derechos de sus clientes.
 
Se supo esta semana que los abogados también trabajan en el recurso de apelación previsto a ser presentado dos semanas después de la sentencia.
 
La sentencia sin fecha
 
A pesar que la sentencia estaba prevista para ser leída el 7 de marzo de 2017, los nuevos elementos presentados por el gobierno y las prórrogas obtenidas por la defensa hicieron que el calendario de la corte para este caso cambiara. Será en los próximos 15 días cuando se conozca cuándo serán sentenciados los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, hallados culpables de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Caracas a los Estados Unidos, vía Honduras.
 
Venezuelaaldia/maibortPetit
 
 
06/03/2017